La Abogacía Española ha urgido al Gobierno a que acelere la respuesta constitucional al problema de los mutualistas alternativos que recibirán pensiones incompatibles con una jubilación digna, de forma que pueda formar parte del acuerdo alcanzado ayer con patronal y sindicatos para mejorar el acceso a las pensiones a determinados colectivos.
En una reunión celebrada el día 1 de agosto en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el presidente del Consejo General, Salvador González, ha pedido al secretario de Estado de Seguridad Social y Pensiones, Borja Suárez, que incluya a la totalidad de los mutualistas que estén o hayan estado en el régimen alternativo.
Acceso a la jubilación
En opinión del presidente del Consejo, el Gobierno no puede dejar pasar la oportunidad de incorporar la solución de este problema al acuerdo alcanzado ayer con patronales y sindicatos para facilitar el acceso a la jubilación. Tal y como informó el Gobierno en el día de ayer, “el acuerdo incluye mejoras en las condiciones de acceso a la jubilación para los trabajadores fijos discontinuos que recuperan el coeficiente multiplicador del 1,5 que se aplicaba a la hora de calcular el periodo de carencia para acceder a la pensión de jubilación”.
Para el presidente de la Abogacía, el espíritu de esa parte del acuerdo, así como de otras reformas recientes en el funcionamiento de la Seguridad Social está en plena sintonía con la reclamación de los mutualistas, a quienes no se está teniendo en consideración en la misma medida que otros colectivos.
Derecho a una pensión
Tras constatar con el secretario de Estado que el Gobierno trabaja para poner en marcha una propuesta en los próximos meses, el presidente de la Abogacía Española ha puesto sobre la mesa la importancia de abordar la cuestión en términos de derechos constitucionales, pues el derecho a una pensión digna está recogido y protegido por los artículos 41 y 50 de la Constitución Española.
González también ha expuesto al secretario de Estado que el enfoque constitucional de esta cuestión no parte solo de la demanda de los afectados, sino que es la conclusión coincidente de los diferentes informes técnicos elaborados por distintos catedráticos, magistrados eméritos y consultores realizados a instancias de diferentes instituciones y colectivos.
El presidente del Consejo ha acudido a la reunión junto con la secretaria general, Encarna Orduna; ambos acompañados por representantes de la Plataforma Pasarela al Reta, de la Asociación Nacional de Afectados por la Mutualidad de la Abogacía y del Movimiento #J2.
Hace tan solo unos días, los grupos parlamentarios que forman el Gobierno de coalición, PSOE y Sumar -a los que se ha sumado Podemos-, han registrado otras tantas enmiendas al Proyecto de Ley Orgánica de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia y de acciones colectivas para la protección y defensa de los derechos e intereses de los consumidores y usuarios con el objetivo establecer un plazo cerrado para responder legislativamente a esta cuestión, dejando así constancia de la urgencia de dar una respuesta a la situación de los mutualistas afectados.
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