Así lo expone los tres documentos que la Abogacía ha elaborado con la colaboración y las aportaciones de Consejos Autonómicos, colegios profesionales y asociaciones y que ha remitido al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en los que presenta sus propuestas para contribuir al plan de agilización de la Justicia una vez se levante las medidas adoptadas por el estado de alarma.
En relación al decreto ley que está preparando el Ministerio de Justicia con el objetivo de que el funcionamiento ordinario de los juzgados y tribunales vuelva a la normalidad lo antes posible y sacar adelante de la forma más rápida todo el trabajo acumulado durante la crisis sanitaria, la Abogacía plantea propuestas como el fomento de las comunicaciones electrónicas.
Unas medidas que cree necesarias implantar para hacer frente al período inmediatamente posterior al estado de alarma con el fin reducir la movilidad social y pensadas para agilizar los procedimiento. Así, propone que los letrados y procuradores tengan acceso al expediente judicial electrónico y que se autoricen las declaraciones de testigos y peritos puedan realizarse por vía electrónica siempre que exista conformidad entre las partes.
Calendario de recuperación de juicios y señalamientos
En la misma línea, considera oportuno que los juzgados y tribunales comiencen ya a trabajar en un calendario de recuperación de los juicios y señalamientos pendientes, ampliando el horario a las tardes y a los sábados por la mañana, empezando por las vistas que ya estaban programadas y fueron suspendidas como consecuencia del estado de alarma.
Con el objetivo de que los tribunales y juzgados puedan funcionar a pleno rendimiento, considera imprescindible un importante refuerzo de jueces y funcionarios, así como la concentración de las vacaciones estivales durante el mes de agosto.
Además, plantea la posibilidad de que se arbitren los mecanismos necesarios para potencia la capacidad y facultad de los jueces y magistrados para derivar a la mediación intrajudicial todos aquellos asuntos en los que exista criterio jurídico.
Por otro lado, la Abogacía también se muestra preocupada por el hecho de que la finalización del estado de alarme coincida con más de un procedimiento con su correspondiente plazo procesal al límite de vencer. Por ello, propone un lapso de 10 días libres de plazos para que todo se puedan poner al día.
Colectivos vulnerables
La Abogacía también ha remitido sus aportaciones al primer documento de trabajo del órgano de gobierno de los jueces sobre las medidas destinadas a colectivos especialmente vulnerables para el plan de choque en la Administración de Justicia tras el estado de alarma.
En este sentido, la Abogacía recalca que la pandemia del Covid-19 y las medidas que las instituciones públicas han ido tomando para poder gestionar la crisis sanitaria "han exacerbado algunas vulnerabilidades de personas desfavorecidas". Esto significa, según explica, que el número de personas en situación de vulnerabilidad en las circunstancias actuales "excede el conjunto de grupos considerados vulnerables en 'tiempos normales'".
Por ello, entiende que el plan de choque debe articular mecanismos adicionales para la "identificación, detección y atención judicial" a personas en situaciones de vulnerabilidad importante no incluidas en los bloques cerrados.
Por poner ejemplos, la Abogacía señala que durante la situación excepcional que se está viviendo los trabajadores sanitarios han podido ser "víctimas de discriminación o de delitos de odio" o que las eventuales medidas de privación de libertad que se han adoptado para prevenir la diseminación del coronavirus ha podido generar situaciones de abuso o desproporción.
Con todo ello, entre otras medidas, propone reanudar de forma graduada y ágil los procedimientos seguidos en los juzgados de familia y en los juzgados de instrucción y penales con víctimas vulnerables, suspendidos durante el estado de alarma; impulsar el funcionamiento de las Oficinas de Atención a las Víctimas; y regularizar los periodos no disfrutados por los progenitores del régimen de visitas durante el estado de alarma y casos de discrepancia en custodia compartida.
En cuanto a las propuestas relacionadas con la violencia de género, la Abogacía cree, entre otros aspectos, que se debe fomentar la realización de juicios rápidos, así como incluir en la denuncia o declaración la transcripción o volcado de mensajes remitidos por redes sociales o correo electrónico que sean aportados por la víctima.
