Con ocasión de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2025 -EDL 2025/5-, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia, el pasado 3 de abril, sucede que, determinados órganos judiciales –fundamentalmente los Juzgados de lo Penal- vienen convocando a las partes procesales de los juicios pendientes de señalar, a la audiencia preliminar introducida por dicha Ley, y en los términos en que ha quedado redactado el art. 785 LECrim. -EDL 1882/1-.
Se interpreta que la expresión que señala la aplicación de la reforma, respecto de los procedimientos incoados “con posterioridad a su entrada en vigor”, permite la convocatoria de dicho acto procesal preliminar, ante el ingente número de asuntos que penden de señalamiento para la celebración de juicio, invocando especialmente el espíritu de una reforma legal que ha sido acometida precisamente para agilizar los procedimientos y lograr la eficiencia que predica su propia nomenclatura.
La cuestión no es pacífica, pues en el seno de esos mismos órganos de lo penal, o de algunas Secciones de ciertas Audiencias Provinciales (Madrid o Barcelona) se interpreta como fecha de incoación del procedimiento, la del inicial Auto de incoación de Diligencias Previas dictado en los Juzgados de Instrucción. Criterio que efectivamente, demora la aplicación de la llamada Ley de eficiencia, y aun puede plantear la cuestión de hasta qué punto las resoluciones del órgano superior, incluso los Acuerdos que se adopten, pueden vincular a otros, cuya competencia, a la hora de incoar y señalar los procedimientos pendientes, es exclusiva y excluyente.
Sí se aprecia lógicamente tal vinculación en el criterio sostenido por los diferentes Fiscales de los distintos órganos judiciales que, en aras a unificar su criterio de actuación, siguen la línea marcada por la Nota interna emitida por la Fiscalía General del Estado en 28 de marzo de 2025; que enfocando a la entrada en vigor y al derecho transitorio de la mencionada LO 1/2025 -EDL 2025/5-, identifica la «incoación» con el inicio mismo del procedimiento, y concluye de forma rotunda que «la aplicación de las modificaciones introducidas en la LECrim. resulta vedada a los procedimientos penales que se hallen en tramitación en el momento de la entrada en vigor de la ley».
A continuación, se plantea la cuestión a dos Jueces de lo Penal, cuyos pronunciamientos son expresivos de la falta de un único criterio interpretativo y se incorpora una resolución de la Audiencia Provincial de Madrid que recientemente ha abordado su análisis.
Este foro ha sido publicado en la "Revista de Jurisprudencia", en septiembre de 2025.