El texto responde a la demanda histórica de superación del modelo decimonónico a través de la creación de las figuras del fiscal investigador y el juez de garantías, en consonancia con la regulación de los países de nuestro entorno.
La propuesta parte del importante esfuerzo colectivo realizado por anteriores gobiernos como el anteproyecto de Ley de Enjuiciamiento Criminal de 2011 y la Propuesta de Código Procesal Penal de 2013, junto con las reformas operadas en la actual LECrim por la Ley Orgánica 13/2015 en materia tecnológica y la ley 41/2015 en relación con las garantías procesales.
Se cierra así un círculo de reformas llevadas a cabo durante décadas de trabajo por parte de Ejecutivos de distinto signo político con el fin de proporcionar a la sociedad española una Justicia penal actual, ágil y eficiente.
El texto se sitúa a la vanguardia en cuestiones como la utilización del ADN, la prueba científica, el tratamiento automatizado de datos y las búsquedas inteligentes, las investigaciones encubiertas en entornos digitales o la denuncia telemática.
Otra cuestión destacada de la nueva regulación es la creación de un régimen de protección especial para los menores y las personas con discapacidad durante el proceso penal.
Asimismo, respondiendo a las directrices marcadas por Juan Carlos Campo, en el lenguaje utilizado para la redacción del articulado se ha priorizado la claridad y sencillez con el fin de hacer la norma un ejemplo de norma jurídica comprensible.
El cambio de modelo responde también a la necesidad de dar cumplimiento a las obligaciones internacionales contraídas por España y armonizar el ordenamiento español con el Derecho europeo. Además, la implantación del nuevo paradigma procesal penal permite un mejor encaje de la figura, de reciente creación, de la Fiscalía Europea.
Tramitación de la propuesta en un mes y diálogo sectorial
El ministro ha mostrado su satisfacción con el trabajo realizado por la Comisión y se ha comprometido a tramitar la propuesta como anteproyecto en el menor tiempo posible, un mes aproximadamente. En este sentido, ha manifestado su voluntad de convertir el futuro anteproyecto “en un verdadero marco de debate donde el ministerio de Justicia se mostrará tan permeable como interesado en integrar la visión de todos los colectivos que tengan interés en participar del necesario proceso de transformación de nuestra justicia penal”.
“Nuestra intención es que sus propuestas se vean reflejadas en el texto que se presente finalmente a las cámaras”, apostilla, insistiendo en que “dada la envergadura e importancia del proyecto, es fundamental concitar un gran consenso, algo que solo será posible desde la participación de todos”.
De este modo, una vez aprobado el anteproyecto en primera vuelta en Consejo de ministros, desde el Ministerio se abrirá un estrecho diálogo con el conjunto de la comunidad jurídica y otros sectores implicados con objeto de convertir la tramitación de la norma en un proceso de construcción colectiva.
