La base del funcionamiento del bitcoin se encuentra en el pacto de unas reglas consensuadas por una comunidad de operadores, al margen de la regulación establecida por instituciones supranacionales supervisoras. La ausencia de regulación en este ámbito, así como la opacidad y el anonimato, han planteado serios interrogantes relacionados con el impacto tributario de las operaciones llevadas a cabo con bitcoin, así como las formas de lucha contra el fraude perpetrado a través de esta criptomoneda.
Algunos expertos aportan respuestas a los grandes interrogantes que giran en torno a la figura del bitcoin. Sobre el modo de tributación de éste, en tanto que la compraventa de bitcoin implica cambios en el patrimonio del contribuyente, las dudas se plantean sobre si las ganancias se computan dentro de la base del ahorro o si por el contrario se incluyen en la base general. Álvaro de la Cueva y Carlos Gómez, socios de Garrigues y expertos en fiscalidad y nuevas tecnologías, no tienen dudas al respecto, y sostienen que estas rentas deberán computar como rentas del ahorro, en tanto “se ponen de manifiesto como consecuencia de la transmisión de activos”.
También se plantean dudas en torno a la tributación en supuestos de robo por ciberataques. En estos casos, el robo se considerará como una pérdida patrimonial integrante de la base general, tal y como sostiene la Dirección General de Tributos; y la pérdida se compensará solamente contra una porcentaje máximo del resto de rentas. Ahora bien, la pérdida solo será imputable a nivel tributario cuando ésta devengue judicialmente incobrable, cuando tenga lugar una quita en un concurso de acreedores o cuando haya transcurrido un año desde la reclamación judicial. No obstante, en estos casos lo realmente difícil es poder aportar la prueba del robo, dada la opacidad del propio sistema de criptomonedas.
Finalmente, hay que señalar la dificultad que supone la persecución de los defraudadores en un ámbito en el que prevalece el anonimato. Helena Pujalte, directora del gabinete de estudios de la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), estima que una posible solución podría pasar por “identificar a los titulares para perseguir el fraude”, algo que se ha comenzado a realizar en Canadá y EEUU. Otras voces como Alejandro Gómez de la Cruz, abogado especializado en blockchain y cofundador de Icofunding, considera que "más que una regulación, hace falta una mayor aclaración por parte de la Administración en relación con la naturaleza jurídica de las transacciones".
