En materia de telecomunicaciones se han producido varios movimientos de calado en los últimos meses y el principal es la entrada del grupo saudí STC en Telefónica, que a comienzos del pasado septiembre anunció la adquisición del 9,9% de la operadora española (un 4,9% en acciones directas y un 5% en derivados) por 2.100 millones de euros.
Sin embargo, la normativa española vigente estipula que las empresas extranjeras que quieran adquirir más de un 10% de una empresa estratégica nacional deben recibir el visto bueno del Gobierno, un umbral que se reduce al 5% en el caso de compañías con vínculos con defensa, como es el caso de la operadora.
En ese sentido, todavía no ha trascendido si el grupo saudí ha remitido al Gobierno cuáles son sus planes en la operadora, como por ejemplo, si quiere un asiento en el consejo de administración de la compañía.
En este contexto, otro frente abierto en el accionariado de Telefónica es que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) --dependiente del Ministerio de Hacienda-- confirmó que está estudiando la posibilidad de adquirir una participación de Telefónica.
De este modo, una de las posibilidades que se apunta desde el mercado es que el Ejecutivo limite al 5% la participación de STC y que la SEPI adquiera un porcentaje similar para reforzar la 'españolidad' del accionariado de la compañía en colaboración con otros inversores nacionales.
Otro asunto pendiente en materia de telecomunicaciones para el Gobierno es la compra del negocio de Vodafone en España por parte del fondo británico Zegona, una operación que se cerró en 5.000 millones de euros pero que también debe recibir 'luz verde' por parte del Ejecutivo.
Dentro de la reconfiguración del sector también está la fusión entre Orange y MásMóvil, una operación que está pendiente del visto bueno por parte de Bruselas.
REGULACIÓN DE LA IA
En cuanto a la secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, uno de los asuntos principales es el papel de liderazgo por el que ha apostado España en relación con la futura regulación de la inteligencia artificial (IA) en la Unión Europea.
En ese sentido, el pasado 7 de noviembre el Consejo de Ministros aprobó un real decreto para abrir la convocatoria a empresas para participar en el entorno controlado de pruebas, conocido como 'sandbox', del futuro Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial.
Este entorno de pruebas --el primero en Europa-- "va a posibilitar la cooperación entre los usuarios y los proveedores de inteligencia artificial" para comprobar cómo implementar los requisitos aplicables a esos "sistemas de digitalización artificial de alto riesgo en la propuesta de ese reglamento europeo".
De hecho, uno de los objetivos del Gobierno era que la nueva normativa europea de la IA se cerrase durante la presidencia española de la Unión Europea, la cual finalizará el 31 de diciembre.
EXPERIENCIA
Nacido en Albacete en 1960, Escrivá es licenciado en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid (UCM) con estudios de posgrado en Análisis Económico en la UCM y en Econometría en el Banco de España.
Escrivá fue director para las Américas del Banco Internacional de Pagos de Basilea desde 2012 hasta su incorporación a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) en marzo de 2014, donde ocupó la presidencia hasta su salida en enero de 2020 al Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el cual abandonará para asumir la cartera de Transformación Digital.
Anteriormente, desempeñó diferentes puestos en el Banco de España, fue asesor del Instituto Monetario Europeo y, desde el inicio de la Unión Monetaria, jefe de la División de Política Monetaria del Banco Central Europeo.
Entre 2004 y 2010 fue economista jefe y director del Servicio de Estudios del Grupo BBVA y, posteriormente, director general del área de Finanzas Públicas del mismo grupo.
Desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Escrivá llevó a cabo en la pasada legislatura varias reformas de calado para el sistema de pensiones, algunas con el concurso de los agentes sociales, y otras con el respaldo único de los sindicatos.
