La fiscal general del Estado, Dolores Delgado, ha comenzado su discurso recordando a las víctimas de la crisis sanitaria, destacando los valores humanos de quienes se pusieron al servicio de la sociedad, así como la actuación de los fiscales que, desde el primer momento, garantizaron los derechos de la ciudadanía y, en especial, de las personas más vulnerables.
En 2021 se cumple el 40 aniversario del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, aprobado el 30 de diciembre de 1981, efeméride con la que la fiscal general ha concluido su discurso, para “celebrar una norma que ha regido la institución y nuestra vida profesional durante las últimas cuatro décadas” pero también para “adquirir públicamente el compromiso de emprender el camino de transformación que está por llegar, el impulso de un nuevo marco estatutario”, con el fin de dotar a la institución de mayores cotas de autonomía y “definiendo un Ministerio Fiscal fortalecido y adecuadamente dotado para afrontar los retos que la sociedad democrática a la que sirve le demanda”.
Crisis sanitaria
Este año la Memoria contiene como Anexo el libro La Fiscalía ante el reto de la pandemia COVID-19 (marzo-junio 2020), una publicación que recopila con la actividad de la Fiscalía durante esos meses con el fin de dar una respuesta urgente a las problemáticas que tan grave e inédita situación iba planteando, para asegurar la continuidad en la prestación del servicio público a la ciudadanía.
Residencias de mayores
Durante 2020 se iniciaron en las distintas fiscalías 785 diligencias preprocesales civiles de protección, de las cuales 491 seguían en trámite al finalizar el año, así como 441 diligencias de investigación, continuando abiertas a principios de este año 212 de ellas. La Fiscalía interpuso 27 denuncias.
Durante el primer semestre de 2021 se incoaron 135 diligencias preprocesales civiles de protección y 60 diligencias de investigación. Se presentaron 24 denuncias.
A fecha actual, continúan tramitándose 543 diligencias preprocesales civiles y 237 diligencias de investigación penal, habiéndose presentado un total de 51 denuncias por la Fiscalía.
Violencia de género
Durante el año 2020 fueron asesinadas 47 mujeres, de las que tan solo 7 habían presentado previamente denuncia. La violencia de género dejó 28 huérfanos. Tres menores fueron asesinados por sus padres y cinco resultaron heridos graves. La Memoria recuerda la gravedad de la violencia vicaria y la necesidad de ofrecer protección adecuada y eficaz a los menores víctimas de la violencia de género.
El 71% de las órdenes de protección solicitadas fueron concedidas y el 74,6% de las sentencias fueron condenatorias.
La fiscal general ha recordado a las 1.111 mujeres asesinadas desde 2003, cifra “inasumible para una ciudadanía democrática”.
Trata de seres humanos
La situación de pandemia ha reducido el número detectado de víctimas de explotación sexual, pasando de las 830 de 2019 a 470 en 2020, de las que el 95,53% son mujeres.
De los 136 procedimientos judiciales incoados en 2020 por delito de trata de seres humanos, el 75% lo eran para fines de explotación sexual.
Delitos de odio y discriminación
Delgado ha recordado que los delitos de odio y discriminación “atacan los valores estructurales de nuestro sistema constitucional y de nuestra convivencia democrática”.
Los motivos más numerosos se refieren a la orientación sexual y al racismo y la xenofobia. Se aprecia un sensible aumento del motivo ideológico, especialmente a través de las redes sociales.
Criminalidad informática
La Unidad de Criminalidad Informática realiza una exposición sobre el impacto y las consecuencias de la masiva utilización de las TIC por la ciudadanía.
Se consolida la tendencia alcista, con un 28,69% más de procedimientos que el año anterior.
La Unidad alerta de la progresión de las conductas que atentan contra la libertad sexual, especialmente de los menores de edad, si bien en estos delitos existe una elevada cifra oculta de criminalidad.
Las estafas y defraudaciones continúan siendo los tipos delictivos más recurrentes cuantitativamente.
Terrorismo
En 2020 las diligencias previas incoadas por estos delitos supusieron el 34,17% de las tramitadas en la Audiencia Nacional.
El 73,41% de estas diligencias se refirieron al terrorismo yihadista, el 16,18% al terrorismo de ETA y el 10,40% a otros grupos terroristas.
Corrupción y criminalidad organizada
La lucha contra la corrupción política sigue siendo uno de los objetivos prioritarios del Ministerio Fiscal.
En 2020 se ha conmemorado el 25 aniversario de la creación de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que supuso una experiencia pionera en Europa, con el propósito de abordar la investigación y persecución de la corrupción y la gran delincuencia económica desde la especialización. Delgado ha reconocido el trabajo, esfuerzo y compromiso de todos sus componentes.
En 2020 la Fiscalía Anticorrupción intervino en 761 procedimientos judiciales, emitió 47 escritos de acusación y concluyó 32 diligencias de investigación, en las que presentó 13 denuncias o querellas.
Datos estadísticos
Se hace referencia a la repercusión que la suspensión de los plazos procesales ha tenido en todas las actuaciones, lo que se deja sentir en los datos estadísticos de la Memoria, partiendo de una disminución porcentual generalizada.
Frente a la tendencia a la estabilidad que se venía observando, se incoaron un total de 1.372.314 diligencias previas, un 12,7% menos que en 2019, 167.020 diligencias urgentes -un 17,9% menos-, y 2.443 sumarios, con un descenso del 7,9%. El 48% de las acusaciones formuladas en sumario se referían a delitos contra la libertad sexual.
Se observa un repunte del 2,7% en la incoación de procedimientos ante el Tribunal del Jurado, consolidándose la tendencia alcista.
En cuanto a las diligencias de investigación del Ministerio Fiscal, se incoaron 12.308 frente a las 15.334 del año anterior.
Se formularon por el Ministerio Fiscal 242.846 escritos de acusación, con un descenso del 12% que ha de ponerse en relación con la situación de pandemia.
En este mismo contexto, se observa un descenso acusado de la celebración de juicios y un incremento de las suspensiones, que alcanzó el 46% y el 41% en los juzgados de lo penal y las audiencias provinciales, respectivamente.
Los datos señalan también un descenso en el dictado de sentencias. La conformidad con la posición del Ministerio Fiscal alcanza el 73% en los juzgados de lo penal y de más del 72% en las audiencias provinciales.
