Según ha informado la Consejería en una nota, esta actuación emana del acuerdo adoptado por la Junta de Andalucía y el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para la eliminación y conservación selectivas de aquella documentación de los órganos judiciales de la comunidad.
Se trata de una "acción pionera" que en Sevilla afectará en una primera fase a 80.314 expedientes de juicios de faltas y diligencias previas, de 1976 a 1990, almacenados en 1.104 cajas, y que se llevará a cabo "respetando la confidencialidad de los documentos y siguiendo criterios medioambientales".
La Junta ha dado un plazo de dos meses a los interesados en las actuaciones judiciales para que pudiesen optar a recuperar, antes de su destrucción, aquellos documentos aportados en su día a los procesos, y cuyas referencias se han publicado con anterioridad en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
La eliminación de estos primeros expedientes judiciales en Sevilla está gestionada por la Junta de Expurgo, un órgano creado por el Gobierno andaluz y el TSJA para ordenar y analizar la documentación susceptible de ser destruida o conservada.
Uno de los criterios principales en esta selección estriba en determinar el "interés judicial e histórico" de los documentos, para lo cual se cuenta con la colaboración de la Consejería de Cultura y Deporte, al que el departamento de Emilio de Llera asigna un "papel relevante" en la elaboración de una tabla de valoración esencial para determinar las muestras de cada tipo de expedientes que tienen acceso a los correspondientes archivos históricos provinciales.
Documentos a conservar
De esta forma, se garantiza la conservación de aquellos expedientes de interés y con valores históricos que, en el caso de Sevilla, ha supuesto el envío 7.164 expedientes en 122 cajas al Archivo Histórico Provincial de Sevilla para guardarlos como documentación permanente de acuerdo con esos criterios.
Entre los documentos que la Junta de Expurgo conservará están "aquellos de interés histórico y social y que tengan un valor por ser un caso especial y destacado", o bien por ser "representativo de la realidad social, económica, cultural o política de ese instante".
La Junta de Expurgo es un órgano colegiado de naturaleza administrativa presidida por una magistrada y que cuenta con el apoyo de un miembro de la carrera fiscal, un secretario judicial, el jefe de servicio de Documentación y Publicaciones de la Consejería de Justicia e Interior, un funcionario archivero y otro funcionario que hace las veces de secretario. Es el órgano que determina la exclusión o eliminación de expedientes procesales o, en caso contrario, la transferencia de los mismos a la Administración competente en materia de patrimonio histórico.
En el conjunto de Andalucía, serán más de 350.000 documentos de seis provincias los que van a ser eliminados en esta primera fase, correspondientes todos a diligencias previas y juicios de faltas de las décadas de los 70, 80 y 90. A esta primera destrucción documental seguirá una segunda fase que desechará otros 300.000 expedientes, por lo que se elevará a 650.000 el número de expedientes judiciales destruidos en toda Andalucía en el marco de este proyecto, destinado a rebajar la saturación de los archivos de los tribunales.
Mas de 300 kilómetros de documentación a eliminar
Según ha resaltado la Junta, el volumen de la documentación judicial en Andalucía, tanto de archivos de gestión como susceptibles de ser destruidos, es "de tal magnitud" que alcanzaría una distancia de 300 kilómetros si se alinearan todas las cajas que contienen los citados documentos.
Esta eliminación de documentos se realizará, además de en Sevilla, en los archivos judiciales de las ciudades de Málaga y Cádiz, así como en los municipios de Arcos de la Frontera (Cádiz), Motril (Granada) Coín (Málaga) y Huércal Olvera (Almería).
El objetivo de esta iniciativa es liberar espacio en los archivos y tribunales y "profundizar" al mismo tiempo en el proyecto de modernización que viene impulsando la Junta para potenciar la progresiva eliminación de documentación que "no tiene ningún sentido conservar" y avanzar en el camino hacia una Justicia digital y sin papeles.
Con esta finalidad se trabaja en la actualidad en el análisis de 2,2 millones de casos judiciales de toda la comunidad para seguir seleccionando documentación "sin interés" y proceder a su eliminación.
Estas actuaciones en archivos judiciales van encaminadas también a la definición de un modelo único de tratamiento y gestión documental a través del sistema 'Jara', una aplicación que la Junta está implantando progresivamente en los juzgados sevillanos y que hace posible el control y acceso a la documentación judicial hasta su eliminación o conservación por interés judicial o histórico.
La Junta inserta este proyecto en su "apuesta por la modernización y desarrollo de las nuevas tecnologías" para "seguir dando pasos hacia una Justicia más ágil y eficaz basada en los avances tecnológicos y la progresiva eliminación del papel", lo que supondrá "un ahorro medioambiental, de costes y de tiempo".
Mientras que el TSJA ha valorado positivamente la destrucción de documentos judiciales en su última memoria, en la que, según la Junta, "ha puesto de relieve la necesidad de seguir potenciando esta iniciativa del Gobierno andaluz", éste ha subrayado la labor realizada por los secretarios judiciales y los funcionarios de auxilio judicial que colaboran "de forma decidida" con los técnicos de archivo de la Consejería de Justicia e Interior.
