El Congreso de los Diputados ha aprobado por unanimidad la Ley de Economía Social. Un compromiso adoptado por el Gobierno de España al inicio de la presente legislatura, reafirmado por el presidente del Gobierno el 18 de febrero de 2010, y que el Ministerio de Trabajo e Inmigración ha elaborado de acuerdo con los representantes de la economía social.
La secretaria de Estado de Empleo, Mari Luz Rodríguez, que ha acompañado a los representantes de las organizaciones del sector durante la sesión, ha mostrado su satisfacción por la aprobación de una Ley "que reconoce, valora y fomenta la Economía Social"
Rodríguez ha destacado que las empresas de Economía Social "cuentan con valores personales y sociales por encima de cualquier valor pero también tienen una eficiencia económica muy importante", como lo demuestra que el pasado año facturaron más de 116.000 millones de euros.
Es una Ley pionera en el ámbito europeo, que reconoce y facilita la actividad de un sector de empresas cuyo denominador común es la primacía de los trabajadores, de los consumidores y del fin social, el compromiso con el desarrollo local, la cohesión y la sostenibilidad.
El objetivo básico de la Ley es configurar un marco jurídico que reconozca y visualice la economía social, destacando sus valores sociales, lo que supone reconocer como tarea de interés general la promoción, estímulo y desarrollo de las entidades de la economía social y de sus organizaciones representativas.
Forman parte de la economía social, las cooperativas en sus distintas modalidades, las mutualidades, las fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y las entidades que se rijan por los principios previstos en la Ley.
Otorga un papel especial a la interlocución de las asociaciones que representen a la economía social con los poderes públicos, para trasladar sus demandas y colaborar en el fomento de este sector, subrayando el papel a desempeñar por las confederaciones intersectoriales de ámbito estatal representativas del sector.
En este ámbito, adquiere un papel relevante el Consejo de Fomento de la Economía Social, como órgano asesor y consultivo del Gobierno en materia de fomento de la economía social, y en el que participan representantes de la economía social y miembros de la Administración General del Estado, de las Comunidades Autónomas y de las Corporaciones Locales.
Esta Ley afecta a un conjunto de empresas que generan 2.350.000 empleos directos e indirectos y aportan un 3% al PIB.
Finalmente Mari Luz Rodríguez ha resaltado que con la nueva Ley se va a dar "poder de participación " a los representantes de la Economía Social en la elaboración de políticas públicas relacionadas con esta materia, ya que la nueva norma "genera un nuevo marco de interlocución que antes no existía".
