Los concursos necesarios son los solicitados por el acreedor que se encuentra con el impago de un crédito de su titularidad, frente a los voluntarios, que son la amplía mayoría, y son los solicitados por el deudor, que puede ser tanto persona física como persona jurídica.
Los registradores han señalado que la moratoria concursal y las ampliaciones posteriores de este Real Decreto aprobadas por el Gobierno han tenido su efecto sobre los concursos de acreedores de personas jurídicas en el año 2020.
De hecho, apuntan que pese a registrarse un 5% menos de sociedades concursadas, los pasivos afectados por procedimientos concursales aumentan un 6% respecto a 2019.
Los concursos típicos continúan perteneciendo al sector servicios (no inmobiliarios), se inicia el procedimiento con doce años de funcionamiento de la empresa y el negocio afectado tiene contratados más de 6 empleados.
Además, este año, el pasivo de las empresas concursadas tan solo supera ligeramente los 300.000 euros, muy por debajo de los 400.000 euros de 2019 o de los casi 600.000 euros de 2015.
Por otro lado, del anuario se desprende que la situación financiero patrimonial en la que se encuentran las sociedades que inician el procedimiento (voluntario en el 96,4% de los casos) sigue estando bastante deteriorada, ya que dos tercios reflejan pérdidas netas y más de la mitad de ellas ni tan siquiera se pueden plantear la devolución de la deuda por su falta de recursos generados.
El 38,1% de las empresas concursadas muestra fondos propios negativos, es decir, carece de patrimonio alguno, mientras que poco más del 16% tendría capacidad financiera suficiente como para cumplir un convenio aprobado dentro de los límites habituales de la Ley concursal.
Por sectores, la proporción de concursos de sociedades del ciclo de la construcción siguió disminuyendo y se situó en el 20,5%, frente al 23,1% de 2019 o "el ya muy lejano" 48,3% de 2008. De hecho, del total de empresas concursadas, pertenecen al sector de servicios no inmobiliarios el 65,3% de las sociedades.
En 2020, de las 1.805 fases sucesivas iniciadas (convenio o liquidación), un 85,5% fueron liquidaciones directas y un 8,3% liquidaciones procedentes de intentos fallidos de reestructuración.
Asimismo, en más de 1.700 casos se produjo la apertura y conclusión del concurso simultáneamente, por insuficiencia de recursos del deudor para sufragar el procedimiento concursal.
En lo que respecta a las expectativas de cobro de los acreedores ordinarios, en un 25% de los casos esta expectativa es superior al 6,7% de las deudas, mientras que en más del 96% solamente se devolvería en el 5% de los convenios aprobados.
Según el tipo de tramitación, en los concursos abreviados la fase sucesiva (liquidación o convenio) se inicia en menos de un año en más de dos tercios de los casos, mientras que en los ordinarios ese plazo solo lo cumplen el 46,6%.
"Sea cual sea la tramitación, el procedimiento es típicamente más rápido en aquellos concursos solicitados por el deudor, es decir, voluntarios", han destacado los registradores.
480 días en concluir
En 2020, según el anuario, se ha estimado que el concurso típico abreviado (liquidatorio) tarda 480 días en concluir, mientras que los ordinarios requieren de 2.512 días. Los registradores han destacado que la mayor parte de este tiempo se consume en la fase de liquidación, "siendo ajeno por tanto a cuestiones procesales".
Los registradores han destacado que en 2020 no se observa asociación positiva entre la dimensión de la concursada y la duración de la fase común, aunque en el grupo de concursos de mayor duración, donde se encuentran el 5% de empresas de mayor tamaño de toda la muestra, con pasivos superiores a los 16 millones de euros, cuando el pasivo típico de este grupo se sitúa en los 825.000.
Por último, se desprende que el ciclo de la construcción pierde incluso representatividad, con un total del 20,5% de la muestra, cifra en descenso desde 2013. "Del total de pasivos afectados en 2020 (más de 8.100 millones, frente a los 7.700 de 2019 o 6.800 de 2018), la participación de la construcción desciende intensamente, hasta poco más del 15% de ese importe, desde el 40% en 2019", señalan los registradores.
Por su parte, las sociedades inmobiliarias reflejan los peores niveles de viabilidad. "En caso de generar recursos positivos (40% de los casos) requerirían 25 años para atender la totalidad de sus pasivos", dicen los registradores, que, sin embargo, destacan que esta perspectiva mejora respecto a 2019 o 2018 (33 y 28 años respectivamente).
