El ministro de Justicia ha mantenido una reunión con asociaciones de víctimas de accidentes de circulación ante quienes ha destacado que la reforma aprobada recientemente por el Gobierno para modificar el sistema de valoración de daños y perjuicios causados en este tipo de accidentes, incrementa la protección de las víctimas y garantiza una indemnización suficiente y adaptada a la realidad.
A la reunión han asistido en representación del CERMI el presidente, Luis Cayo, el gerente, Luis Alonso y el asesor jurídico, Óscar Moral; el secretario de la Federación Nacional de ASPAYM, Ángel de Propios y Carlos Gómez; el portavoz de las Asociaciones de Víctimas de Tráfico, Josep Pérez; de PREDIF, Ignacio Osorio; de FEDACE, Clara Dehesa; la responsable de formación de Stop Accidentes, Noa Sánchez-Cabezudo; la directora de AESLEME, Mar Cogollos y en representación de PAT-APAT, Amelia Ruiz. Han acompañado al ministro, el director general de Relaciones con la Administración de Justicia, Ricardo Conde y el secretario general técnico, Julio Fuentes.
Catalá, que considera que la reforma emprendida coloca a España a la altura de las medidas contempladas en el ámbito comunitario, ha indicado que el nuevo sistema de indemnizaciones que se contempla tendrá un carácter más activo, actualizado y adaptado a la realidad, incluyendo importantes conceptos como el daño emergente y el lucro cesante.
El ministro de Justicia ha destacado ante los representantes de las asociaciones de víctimas de accidentes de circulación que el Proyecto de Ley ha sido un logro de todos, considerando a las asociaciones como verdaderos coautores de la iniciativa, ya que ésta ha nacido como fruto del diálogo, la negociación y el consenso.
Para Catalá, la relevancia del proyecto se basa en que afecta prácticamente a la totalidad de la población española, puesto que todos somos susceptibles de sufrir un accidente de estas características. Sin embargo, existía una carencia a la hora de homologar el nivel de las indemnizaciones que ahora se ha subsanado.
Así, las reformas legislativas emprendidas asumirán el objetivo de reparar de forma íntegra los daños y perjuicios padecidos, teniendo en cuenta las circunstancias personales, familiares, sociales y económicas de la víctima, incluyendo la pérdida de ingresos y la pérdida o disminución de la capacidad de obtener ganancias.
Según el titular de Justicia, se introduce un principio de objetivación, mediante el cual las indemnizaciones se ajustarán a unas reglas y límites establecidos en el sistema. Se amplían, además, las situaciones susceptibles de generar esa indemnización, adecuándolas a la realidad social, de forma que se contemplarán estructuras familiares, como las parejas de hecho, que hasta ahora no habían sido reguladas.
En el caso de las indemnizaciones por secuelas del accidente, se refuerza la reparación del gran lesionado y se integran los conceptos de perjuicios y daños emergentes, como pudieran ser los gastos asistenciales futuros. Otra novedad es la posibilidad de indemnizar a las personas por el perjuicio económico sufrido cuando su ocupación sea la de ama de casa.
Igualmente, Rafael Catalá ha explicado que la introducción de un sistema de tablas de baremación, que facilitará la aplicación del sistema y una rápida resolución de conflictos, fomentará los acuerdos y transacciones extrajudiciales, descargando de trabajo a los juzgados y tribunales. Las disputas o interpretaciones contradictorias del nuevo sistema serán solucionadas por una Comisión del Sistema de Valoración, integrado por las asociaciones de víctimas y las entidades aseguradoras.
Las asociaciones de víctimas, por su parte, han agradecido al ministro esta reunión que se celebra a una semana de que se cierre el plazo de enmiendas al Proyecto de Ley en el Congreso y se han felicitado de que esta demanda social se convierta, por fin, en una realidad.
