Conforta que el Gobierno vaya a adelantar seis meses la bajada del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, prevista para ser aplicada el año 2016.
Conforta porque es un signo de recuperación económica del Estado si, como se ha dicho, no comprometiera el déficit del mismo. Sin embargo, entristece que, una vez más, el Ejecutivo (tanto el actual como los anteriores) cometa la torpeza de no valorar las consecuencias de las medidas que adopta, lo cual suele ocurrir principalmente en al ámbito laboral, pues ésta, aunque es de fiscalidad afecta principalmente a los trabajadores.
La que se va a poner en vigor, al parecer el próximo sábado, con carácter retroactivo, puede tener un importante gasto de gestión no sólo para la Administración (en tributos y pensiones) sino para las empresas, que habrán de modificar sus programas informáticos para la confección de sus nóminas. Tal aplicación, como ya han observados los técnicos de hacienda es compleja. Salvo que la norma establezca que la nueva tarifa no se aplique desde el día 1 de julio, sino desde el día 1 de enero del presente año, lo cual sería la mejor forma para que hubiese en circulación más dinero efectivo de los trabajadores, pues desde ahora hasta el 31 de diciembre sus retribuciones netas sí serían sensiblemente mayores.
Pero como no parece probable, ya que seguramente las cuentas que se habrán hecho estarán relacionadas con los posibles ingresos del segundo semestre, estamos ante una situación parecida de complejidad en la gestión a la que provocó la rebaja de 400 euros que hizo el Gobierno presidido por el señor Rodríguez Zapatero. O la debida a la inclusión, por el actual Ejecutivo, en la cotización a la Seguridad Social determinadas retribuciones en especie que no se podían cuantificar por día, haciéndolo con efectos de una semana antes de finalizar un mes natural.
De manera que, como el cálculo del porcentaje de retención se hace teniendo en cuenta las retribuciones a percibir durante todo el año natural, aplicar dos tarifas en un mismo ejercicio económico puede tener el riesgo para las empresas de una sanción si retuvieran menos de lo debido; y si optasen por retener lo que vienen haciendo hasta ahora o un poco menos, se perjudicaría al trabajador (aparte de que éste puede no estar de acuerdo) y no se cumpliría con la pretensión de la norma.
Lo que está claro es que para la declaración anual que se presentará en mayo o junio de 2016 habrá que establecer una tarifa intermedia o buscar una solución razonable. Pese a lo cual lo que parece más probable es que, si la retroactividad de la nueva tarifa no es para todo 2015, de aquí a final de este año los trabajadores y los pensionistas no notarán mucho la rebaja, aunque sí pueden tener mayores devoluciones cuando hagan su próxima declaración de la renta. Siendo lo seguro que la medida va a resultar cara, pues si se aplica sólo desde el día 1 de julio habrá el ya citado gasto de gestión; mientras que si se retrotrajese al inicio del año, lo que es más que improbable, al gasto se sumaría el inconveniente de una menor recaudación de la presupuestada.
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