Los trabajos para reformar el Senado se encuentran en suspenso desde el verano a la espera de que el PSOE termine de definir en noviembre cuál es el modelo territorial que quiere y cómo encaja en él la Cámara Alta. Los grupos se propusieron terminar en junio, pero han superado ya este plazo y no parecen tener prisa en fijarse uno nuevo.
La ponencia de reforma nació casi con la legislatura y mantuvo un intenso ritmo de trabajo hasta antes de verano, cuando casi quedó cerrado un acuerdo. Entonces, los socialistas pidieron algo de tiempo porque en julio, su Consejo Territorial iba a aprobar un documento que incluiría una referencia al Senado y ahora, pasado el verano, prefieren esperar a que transcurra la Conferencia Política de noviembre, han informado a Europa Press distintas fuentes parlamentarias.
Pero el resto de partidos no parecen inquietos por el retraso. De hecho, la ponencia de reforma no se ha vuelto a reunir desde el 7 de junio ni tiene una convocatoria en el horizonte, a pesar de que falta trabajo por hacer. El PP se mantiene a la espera y sin prisa, aunque sus senadores han impulsado desde el principio esta reforma, a la cabeza de ellos, el presidente del Cámara, Pío García-Escudero.
Los grupos del Senado son conscientes de la necesidad de reformar las funciones de la cámara de una vez, tras varios intentos fracasados y ante la creciente incomprensión en la calle hacia su labor legislativa. Pero el empuje con el que comenzaron los trabajos el año pasado ha decaído y las diferencias empiezan a crecer frente a los consensos.
Mientras tanto, en Irlanda se ha llegado a someter a votación la misma existencia de esta segunda cámara, que el Gobierno quiere suprimir por no ser imprescindible en el proceso legislativo y para ahorrar los 20 millones de euros anuales que cuesta. El Senado español cuesta más del doble, 51 millones, según el presupuesto previsto para 2014.
Una reforma de dos patas
El propósito inicial era lanzar una reforma de las funciones, lograr que el Senado se adelante al Congreso en la tramitación de las leyes y asuntos territoriales, que algunas de sus decisiones no las pueda revocar la otra cámara, o que sea sede de foros autonómicos, entre otras novedades.
La otra pata de la reforma, la de cómo se elige a sus señorías y en qué número, se dejó fuera de esta reforma en aras del consenso, pero tanto PSOE como Entesa pel Progrés de Catalunya (PSC e ICV) están volviendo a insistir en que una reforma no tendrá sentido sin la otra.
Los socialistas, de hecho, se inclinan por una cámara compuesta por representantes de los gobiernos autonómicos, pequeña y con funciones radicalmente distintas de las legislativas actuales, la propuesta que será con casi toda seguridad aprobada en la Conferencia de noviembre.
El PP está dispuesto a mejorar la capacidad legislativa del Senado y, al menos el Grupo Parlamentario, no se ha negado a que ello implique una reforma de la Constitución, como ha admitido en varias ocasiones el propio García-Escudero.
Pero no quiere por el momento dar otros pasos y la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, insiste desde hace semanas en que no existe el clima de consenso previo necesario para abordar un cambio constitucional.
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