El reglamento entrará en vigor el próximo día 11 de junio y otorga un plazo de tres años para que los Estados adapten sus sistemas de comunicación.
La puesta en marcha de esta base de datos complementa el Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales (ECRIS) de forma que los órganos judiciales y demás operadores con acceso a la información penal de los ciudadanos de la UE puedan también conocer la identidad de los condenados en los diferentes Estados que sean naturales de terceros países, apátridas o cuya nacionalidad resulte desconocida.
