El secretario de Estado de Justicia, Manuel Jesús Dolz, que ha representado a España en el Consejo, se ha referido en su intervención al impacto negativo de la corrupción sobre la economía, la productividad y la innovación tecnológica. Dolz ha mencionado expresamente la lesión que producen las prácticas corruptas sobre el principio de igualdad, al propiciar una desigual distribución de poder y oportunidades en perjuicio de los más desfavorecidos.
En cuanto a la estrategia anticorrupción a aplicar, España apuesta por garantizar la coordinación y aplicación de los instrumentos legales y los marcos institucionales actualmente vigentes en el seno de la Unión Europea y por articular, en el ámbito competencial de cada Estado, las medidas de prevención y persecución que sean necesarias. Asimismo, respalda la propuesta para que la UE se incorpore al Grupo de Estados del Consejo de Europa contra la Corrupción (GRECO) como miembro de pleno derecho, lo que supondría superar el estatus actual de observador y someterse a evaluación por parte del órgano anticorrupción.
Hoy también se ha aprobado formalmente la Directiva relativa a la protección de las personas que informen sobre infracciones del Derecho de la Unión Europea, tanto en el sector público como en el privado. Supone una protección frente a las represalias directas e indirectas que puedan sufrir como consecuencia de la denuncia. Se establecen canales internos para la denuncia, dentro de la empresa o administración implicada, canales externos y la posible difusión pública de los hechos denunciados. España considera prioritaria esta directiva por constituir un instrumento especialmente útil frente a la corrupción, que permitirá incrementar el número de las denuncias de infracciones y contribuir al respeto de los derechos fundamentales afectados.
En materia de lucha contra los delitos transfronterizos, el Consejo ha adoptado las conclusiones sobre la actividad en este ámbito desarrollada por Eurojust en los últimos meses. En diciembre entrará en vigor el nuevo reglamento de la Agencia de la Unión Europea de Cooperación Judicial en Materia Penal, que se configura como la sucesora de Eurojust, dotada de una nueva estructura de gobierno y de mayor eficiencia, al liberarse de tareas administrativas.
También en relación a Eurojust, España ha apoyado la creación del nuevo Registro Antiterrorista, una iniciativa impulsada, entre otros países, por España en el seno del Grupo Vendôme. Con él se pretende homogeneizar la naturaleza y calidad de la información aportada por los Estados miembros sobre casos de terrorismo, lo que facilitará el cruce de datos para su aprovechamiento común en defensa del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia.
Durante la reunión, España ha dado también su respaldo a la presidencia finlandesa del Consejo para el impulso del proceso de negociación que haga posible la adhesión de la UE al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Además, se han presentado las conclusiones sobre los diez años de la aplicación de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión que reflejan el compromiso de todos los países en la defensa de los derechos fundamentales, el Estado de Derecho y la democracia. El secretario de Estado de Justicia ha llamado a seguir avanzando hacia una sociedad más justa e igualitaria y a permanecer atentos al grado de aplicación real de la carta. En el encuentro, el director de la Agencia de Derechos Fundamentales (FRA), Michael O’Flaherty, ha expuesto los retos de la agencia para 2020.
España es partidaria de buscar nuevos mecanismos de protección de los derechos y libertades de los ciudadanos y de estar vigilantes ante los riesgos y oportunidades que en materia de derechos se derivan del entorno digital para anticipar, de esta forma, la acción de los poderes públicos.
Además, entre otros asuntos, durante el Consejo se ha dado cuenta de la actividad preparatoria para el establecimiento de la Fiscalía Europea, en particular, de los procedimientos para el nombramiento del fiscal jefe y de los fiscales europeos. Asimismo, se ha informado del estado de las negociaciones con Estados Unidos en vistas a un acuerdo sobre el acceso transfronterizo a la prueba electrónica en el ámbito penal, y de los trabajos para un segundo protocolo al Convenio de Budapest sobre cibercrimen.
