En concreto, las pensiones contributivas aumentan un 0,9%, mientras que las no contributivas subirán un 1,8% y el Indicador Público de Rentas con Efectos Múltiples (Iprem), referencia para la concesión de becas, ayudas, subsidio por desempleo y subvenciones, se revalorizará un 5%, hasta los 564,90 euros mensuales (6.778,80 euros al año en doce pagas) o a 18,83 euros diarios.
En aquellos supuestos en los que la referencia al salario mínimo interprofesional (SMI) haya sido sustituida por el Iprem, la cuantía anual del mismo se eleva a 7.908,6 euros por catorce pagas o a 6.778,80 euros por doce pagas.
Con la subida del 0,9% contemplada en los Presupuestos Generales del Estado para 2021, las pensiones mínimas contributivas suben aproximadamente entre 2 y 11 euros al mes.
En concreto, el importe de la pensión mínima para los jubilados de 65 años con cónyuge a cargo queda en 851 euros al mes en 14 pagas (frente a los 843,4 euros al mes actuales); la de sin cónyuge (unidad económica unipersonal) en 689,7 euros (683,5 euros actualmente), y la de con cónyuge no a cargo en 654,6 euros mensuales (frente a los 648,7 euros actuales).
Para los jubilados con menos de 65 años, la pensión mínima con cónyuge a cargo se fija en 2021 en 797,9 euros al mes (790,7 euros actualmente); sin cónyuge en 645,3 euros mensuales (639,5 euros ahora), y con cónyuge no a cargo en 609,9 euros mensuales (604,4 euros actualmente).
Por su parte, la pensión máxima de jubilación se sitúa en 2.707,49 euros mensuales por catorce pagas, frente a los 2.683,34 euros al mes de este año.
Las pensiones mínimas de viudedad suben entre 4,7 y 7,2 euros mensuales, dependiendo de las circunstancias. En concreto, la pensión mínima de viudedad para los titulares con cargas familiares se sitúa en 797,9 euros mensuales, en contraste con los actuales 790,7 euros al mes.
En el caso de ser mayor de 65 años o de tener una discapacidad mayor o igual al 65% la pensión mínima de viudedad pasa a ser de 689,7 euros mensuales, lo que supone 6,2 euros más que el año pasado.
Si el titular de la pensión de viudedad tiene entre 60 y 64 años, la cuantía con el nuevo año será de 645,3 euros mensuales (639,5 euros actualmente), mientras que en el caso de los beneficiarios menores de 60 años la prestación será de 522,5 euros mensuales (517,8 euros este año).
Por su parte, la pensión mínima contributiva de gran invalidez sube hasta los 1.276,5 euros mensuales (1.265,1 euros actualmente) si se tiene cónyuge a cargo, y asciende hasta los 1.034,6 euros si no se tiene cargo al cónyuge (unidad económica unipersonal), en contraste con los 1.025,3 euros al mes actuales.
La pensión mínima por incapacidad absoluta o total de los titulares con 65 años con cónyuge a cargo es de 851 euros al mes, en contraste con los 843,4 euros actuales, mientras que la de quienes no tienen cónyuge a cargo (unidad económica unipersonal) pasa a ser de 689,7 euros mensuales (683,5 euros actualmente).
En el caso de las pensiones de orfandad, el importe mínimo asciende desde mañana a 210,8 euros mensuales por beneficiario (ahora son 208,9 euros), mientras que si el beneficiario tiene menos de 18 años y cuenta con una discapacidad superior o igual al 65% la cuantía es de 414,7 euros mensuales, casi cuatro euros más que en 2020.
La pensión mínima en favor de familiares se sitúa con el nuevo año en 210,8 euros mensuales, frente a los 208,9 euros actuales, mientras que la pensión del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI) es de 441,7 euros mensuales en el caso de vejez, invalidez y viudedad (437,7 euros ahora) y si concurren con alguna pensión pública de viudedad asciende a 428,7 euros al mes (424,8 euros en la actualidad).
Garantizar el poder adquisitivo de empleados públicos
De su lado, el sueldo de los empleados públicos sube para garantizar su poder adquisitivo, tal y como se recoge en la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para este año.
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha pedido que se aplique la subida del 0,55% en la nómina de todos los empleados públicos, después de que el pasado 30 de septiembre el Gobierno acordara suspender la aplicación de las reglas fiscales en 2020 y 2021. Esta subida que pide el sindicato estaba condicionada a la estabilidad presupuestaria, por lo que considera que "una vez suspendidas las reglas fiscales, no existe ningún motivo que impida aplicar este punto".
De cara al nuevo año, las reivindicaciones de las principales organizaciones sindicales del sector (CSIF, CCOO y UGT) se centran en pedir el cumplimiento íntegro del II Acuerdo para la mejora del empleo público y el inicio de la negociación de otro nuevo acuerdo.
También pretenden mejoras en materia de empleo público, poner fin a la temporalidad, abordar el rejuvenecimiento de las plantilla, mejoras en el poder adquisitivo, la implantación de la jornada laboral de 35 horas o que se avance en la jubilación parcial y se trabaje en el mantenimiento del mutualismo administrativo.
Acuerdo del SMI supeditado al diálogo social
Respecto al SMI, en el último Consejo de Ministros del año, el Ejecutivo aprobó la prórroga del Real Decreto por el que se estableció en febrero de 2020 con efectos retroactivos a 1 de enero la subida del 5,5% del SMI hasta los 950 euros con el objetivo de dar más margen a la negociación de los agentes sociales.
El Gobierno, empresarios y sindicatos volverán a reunirse el 8 de enero para abordar el salario mínimo y también lo que pasa con los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE).
