Según ha explicado en declaraciones a Europa Press al término de la reunión de las asociaciones y sindicatos de letrados con la directora general de Servicio Público de la Justicia, Concepción López-Yuste, y con el subdirector de Modernización, Francisco Cabo, dado que el Letrado de la Administración de Justicia es fedatario público y levanta acta de los juicios, también es responsable de los datos personales de las personas que participen en el mismo. Por eso, y puesto que su responsabilidad es asegurar la intimidad del ciudadano, han pedido que se auditen las aplicaciones dado que "son sistemas abiertos y comerciales", lo que puede provocar que datos sensibles queden expuestos.
En concreto, se ha referido a la aplicación de reuniones online Webex de Cisco, y ha señalado que han pedido también que intervenga en este control tanto el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como el Comité Técnico Estatal de la Administración Electrónica (CETAJE) para que realice un seguimiento y audite la seguridad informática del sistema telemático.
"Nos han dicho que elaboraran un protocolo, pero no que se vaya a realizar esa auditoria de seguridad. Si no se hace, actuaremos en consecuencia", ha añadido, para luego apuntar que por ejemplo aplicaciones comerciales permiten grabar las sesiones a cualquier participante, algo "inadmisible".
Por otro lado, en la "tremendamente decepcionante" reunión, Lara ha expuesto, después de que les explicaran los tramos y fechas posibles de la desescalada en Justicia, que era necesario realizar test serológicos a todo el personal de Justicia antes de la reanudación total del servicio.
Sin embargo, desde Justicia les han denegado esta petición alegando que no era necesaria, y tampoco han aceptado la propuesta de que se incluyera ese test dentro de la prueba anual que realiza la mutualidad que presta atención sanitaria.
Al respecto, en una nota informativa, los Letrados de la Administración de Justicia han lamentado esta decisión y entienden que no se puede hablar de unidad judicial "cuando se valora más la vida de unos que de otros, o se valora más la muerte de unos que de otros", haciendo así referencia a la decisión del CGPJ de sí realizar test a los jueces.
No hay protección para los registros
Además, desde el colegio han pedido también al ministerio que puedan disponer de equipos de protección para las entradas y registros, pero la respuesta también ha sido negativa y les han señalado que con mantener la distancia de seguridad es suficiente. "Increíble, es imposible en espacios cerrados donde llegan a coincidir hasta ocho o nueve personas", ha apuntado.
Por todo esto, Lara ya adelanta que esta misma semana convocará por videoconferencia una junta extraordinaria del colegio para fijar posición y tomar decisiones. "Tendremos que acudir a los servicios de prevención de la salud para que tomen cartas en el asunto", ha añadido.
"Se está poniendo en peligro la vida de 4.200 Letrados de la Administración de Justicia, que acudirán a sus sedes judiciales en su ejercicio profesional. (...) Se nos abandona de manera irresponsable a nuestra suerte. Por ello no descartamos seguir con las acciones ya iniciadas ante la Inspección de Trabajo en cumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales", añaden en ese comunicado.
Refuerzo del teletrabajo
Por su parte, desde el Sindicato de Letrados de la Administración de Justicia (Sisej), su portavoz Marta Urbano han hecho hincapié en que se debe reforzar el teletrabajo en la Administración de Justicia ya que se implanta en algunas comunidades autónomas con eficiencia pero en otras, como en Cataluña, no.
En relación a las medidas de seguridad instauradas en los centros de trabajo, lamentan que no se haya producido un desarrollo adecuado por ejemplo en lo referente a la instalación de mamparas, y han exigido a Justicia que se realicen protocolos protocolos "uniformes y precisos" en actuaciones que conlleven mayor riesgo de exposición, "como por ejemplo en las entradas y registros, o en los desahucios.
A diferencia del colegio, desde Sisej no consideran necesaria la realización de test serológicos porque entienden que deben destinarse a los sanitarios. No obstante, denuncian que se da un agravio comparativo si se hace la prueba sólo a los jueces, máxime cuando "otros funcionarios de la Administración de Justicia están más expuestos" a posibles contagios por coronavirus.
