La necesaria regularización de las cotizaciones por el efecto retroactivo de la modificación del salario mínimo interprofesional, publicado en el BOE el 4 de diciembre de 2021 (Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan las normas legales de cotización de la seguridad social, desempleo, protección por cese de actividad, fondo de garantía salarial y formación profesional para el ejercicio 2021), "tres meses más tarde de su aprobación, está obligando a un sobresfuerzo para recalcular y rehacer las nóminas desde el pasado mes de septiembre, una tarea compleja por las implicaciones técnicas y la enorme casuística que ello supone. Hay que hacer especial hincapié en que los graduados y graduadas sociales son los profesionales que gestionan más del 80% de las nóminas en España. Este hecho supone un esfuerzo adicional en diciembre, un mes que de por si tiene una alta carga laboral en el colectivo", según ha expresado el colectivo de graduados sociales en un comunicado.
El decano del Colegio, Carlos Berruezo, ha expresado que el colectivo “suple las deficiencias técnicas y de personal de esta Administración a base de horas y esfuerzo y ello es absolutamente injusto”.
Petición de medidas urgentes
Por ello el Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Girona y Lleida, se ha dirigido a los máximos responsables políticos, para, además de expresar su malestar, exigir que se dote a este Organismo de los medios económicos, técnicos y humanos necesarios para pueda cumplir con su cometido, sin que sean los profesionales, principalmente graduados y graduadas sociales, los que cubran estas carencias que debe. Además, de una mejora inmediata de los mecanismos de respuesta a los profesionales.
Por otra parte, exigen una mayor coordinación ministerial e interdepartamental para una mejor previsión en las regulaciones y en su impacto jurídico y administrativo, tanto administrados, como empresas y los profesionales responsables de su gestión.
Por otra parte, se propone que se constituya inmediatamente una comisión bilateral Graduados Sociales – Tesorería General de la Seguridad Social, que facilite la aplicación de las actuaciones administrativas y sus reglamentos de manera efectiva, eficiente y precisa, con la participación de los profesionales expertos que conocen el día a día de los administrados, sujetos pasivos de estas normas.
Unas deficiencias no resueltas que se remontan al principio de la pandemia
Los graduados sociales denuncian que, desde la declaración del Estado de Emergencia, por la pandemia de COVID 19 el mes de marzo de 2020, ni la Tesorería General de la Seguridad Social ni el SEPE, se han dotado de los mecanismos necesarios, ni técnicos ni humanos, para mejorar la atención de los profesionales, los trabajadores y las empresas. El resultado ha sido sanciones a empresas o recortes y retrasos en las prestaciones a trabajadores en ERTE.
Los graduados y graduadas sociales, que desde un primer momento han trabajado muy duramente para suplir las ilógicas carencias del sistema ante la singular e imprevisible situación del pasado año, no entienden como, superada la emergencia, desde la administración no se ha trabajado para subsanar los problemas derivados de esta falta de recursos. Según. Neus Paulet, secretaria general del Colegio de Graduados Sociales de Barcelona, Girona y Lleida, “los graduados sociales hemos sido muy empáticos con la administración en la excepcionalidad, y hemos hecho grandes esfuerzos para facilitar el acceso a soluciones para empresas y ciudadanía al resolver la gestión de la avalancha de ERTES. Ha pasado tiempo suficiente para una mayor normalización del funcionamiento de la Seguridad Social, con los medios necesarios, sin cargar más las responsabilidades y los horarios de las y los profesionales y sus empleados y empleadas”.
Carlos Berruezo, decano del mismo Colegio, añade que “los grandes perjudicados son la ciudadanía y las empresas, que en ocasiones pasan de ser los sujetos de la protección de la norma a las víctimas por culpa del exceso regulador y la deficiencia administrativa”. Por ello insiste Berruezo en que “establecer una comisión bilateral conjunta Graduados Sociales-Tesorería impulsaría los cambios que nos acercarían a una gestión más eficiente, desde el conocimiento directo que tenemos, como profesionales, de la ciudadanía y las empresas”.
