“El acceso a los órganos judiciales, por razones de salud pública, se ha limitado, de forma que solamente se podrán hacer gestiones en las sedes por citación judicial o cita previa”, detalla el decano del partido judicial de Las Palmas de Gran Canaria, Óscar González. “Hay que comprender que el derecho a la salud pública afecta al normal desarrollo de la actividad jurisdiccional”, enfatizó este jueves, 4 de junio, día establecido por el Consejo General del Poder Judicial para la vuelta a la actividad judicial con la reanudación de los plazos procesales.
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias, la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia y el Ministerio de Justicia han consensuado las medidas que deben presidir la prestación del servicio público en las islas mientras dure la pandemia.
El acuerdo perfila un nuevo escenario para el servicio público: el acceso a las sedes se sujeta a una serie de normas para usuarios y profesionales, y la estancia en estas está sujeta a diversos protocolos higiénicos y de aforo.
Los decanos de los dos principales partidos judiciales de las islas -Las Palmas de Gran Canaria (Óscar González) y Santa Cruz de Tenerife (Juan Luis Lorenzo Bragado)– explicaron que los ciudadanos que tengan asuntos que resolver en los órganos judiciales sólo podrán hacerlo estableciendo previamente una cita con el órgano judicial, de momento de manera telefónica o a través del correo electrónico.
Los decanos detallaron que en breve se publicará en los edificios oficiales carteles informativos en los que figurarán todos los teléfonos y los correos de los distintos órganos judiciales -que ya se pueden consultar en las páginas web del Consejo General del Poder Judicial y del Gobierno de Canarias, y en los próximos días se instalarán en las entradas de los edificios judiciales dispensadores de cita semejantes a los que ya se usan habitualmente en otros servicios públicos como Hacienda, los registros civiles o los ayuntamientos.
Este sistema rige también para los profesionales (abogados, procuradores y graduados sociales); tendrán el acceso libre a las sedes judiciales, ya que disponen de dependencias reservadas para ellos, pero cuando deseen llevar a cabo algún trámite ante el juzgado (practicar una diligencia, consultar un expediente, preparar una conciliación o solicitar la expedición de testimonios o mandamientos) tendrán que pedir cita previa.
El respeto a los aforos y a las distancias sociales marcará la agenda de los órganos judiciales mientras se viva la actual situación de riesgo por coronavirus: las salas de vistas, los pasillos y las salas de espera verán reducido su aforo de forma drástica y, cuando sea posible, las vistas orales de los juicios se celebrarán de forma telemática o parcialmente telemática (cuando sea necesario que peritos o testigos declaren en presencia física para garantizar la inmediación). Las vistas a través de Internet, que ya se están celebrando en varios órganos judiciales, se realicen a través del sistema de videoconferencia gratuito Cisco Webex.
La nueva realidad implicará una demora añadida inevitable en el desarrollo de los plenarios; ante una prueba testifical voluminosa no se podrá citar a todos los testigos ni el mismo día ni a la misma hora por razones de aforo, por lo que habrán de reservarse varios días, y los órganos judiciales no podrán señalar tantos juicios orales diarios como antes, ya que entre vista y vista la exigencia de limpieza de la sala determinará una demora de al menos 15 minutos. En consecuencia, si un juzgado señalaba 18 vistas orales antes de la pandemia, ahora se tendrá que conformar con señalar 10 y ampliar su agenda. Algunos órganos judiciales ya están pensando en habilitar los horarios de tarde, para lo cual necesitarán refuerzos de personal.
Sobrecarga
El panorama más complejo, expusieron los decanos, parece perfilarse en los juzgados de lo Social, la antigua magistratura de trabajo, ya que el resto de las jurisdicciones tenían las agendas saneadas y no prevén - a excepción de la jurisdicción mercantil - un incremento de la litigiosidad tan alarmante que amenace colapso o exija petición de refuerzos.
En los juzgados de lo Social de Las Palmas, por ejemplo, la reactivación del servicio público se afronta con una lista de espera de unos 4.000 litigios, en estimaciones del magistrado juez decano del partido judicial: “Hemos estado tres meses parados, cada juzgado celebraba entre 15 y 18 juicios al día dos días a la semana, cuatro semanas por mes en tres meses, son en torno a 400 por cada órgano, y hay diez”, detalló.
A este caudal de asuntos habría que añadir el previsible aluvión de litigios laborales que llegarán en julio o septiembre, “y sobre todo, en lo que se refiere a la jurisdicción mercantil, los procedimientos derivados de conflictos de transporte, vuelos, trayectos en barco o ferrocarril que han sido suspendidos”, expone Óscar González.
Bodas
El Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria reestablece las celebraciones de bodas, suspendidas por la declaración del estado de alarma en marzo. El órgano judicial prevé 15 ceremonias para hoy, todas ellos con rigurosos protocolos: un máximo de cuatro personas (los dos contrayentes y sus testigos) en primera fila y 10 invitados en la sala.
En Santa Cruz de Tenerife, el servicio matrimonial se reinició el 29 de mayo. Desde entonces, ha celebrado tres uniones. Siete parejas que tenían la cita aprobada prefirieron aplazarla. Para este viernes hay señaladas cinco ceremonias.
Medios
Los dos decanos de los partidos judiciales capitalinos destacaron el esfuerzo que ha llevado a cabo la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno de Canarias para dar soluciones a la difícil situación y aportar los medios suficientes para que el trabajo se lleve a cabo con garantías para empleados y usuarios. Apelaron además a la paciencia y a la comprensión de los ciudadanos y de los profesionales.
En lo que se refiere a medidas de protección personal, tanto los ciudadanos como los profesionales que accedan a los edificios públicos judiciales deben equiparse con las mascarillas (que la ley establece como obligatorias).
