Las cifras sólo recogen los procedimientos de ámbito nacional y no se incluyen los expedientes presentados a autoridades provinciales o autonómicas, por lo que no se refleja el número de trabajadores del total nacional.
De los 958.122 trabajadores afectados por regulaciones de empleo hasta julio, el 99,45% (952.847 trabajadores) estaban en procedimientos de suspensión de contrato o reducción de jornada y sólo el 0,55% fueron objeto de un despido colectivo (5.275 trabajadores). Los primeros se han multiplicado por casi 33 respecto al mismo periodo de 2019, mientras que los segundos se han reducido un 64%.
En el mes de julio, 368 trabajadores de 24.506 se vieron afectados por un despido colectivo; el resto estaban en procedimientos de suspensión o reducción de jornada (24.138 trabajadores).
Casi tres de cada cuatro fueron por procedimientos por fuerza mayor
De los 958.122 trabajadores afectados por ERE en los siete primeros meses del año, casi tres de cada cuatro (666.533 trabajadores) estaban en procedimientos en los que la causa alegada fue la fuerza mayor, cifra que multiplica por 2.200 la del mismo periodo del año pasado, con apenas 308 afectados.
Los ERE por causas objetivas (económicas, técnicas, organizativas y de producción) afectaron a 291.589 trabajadores hasta julio, más de seis veces más que hasta julio de 2019.
Sin embargo, analizando sólo los datos de julio, son más los trabajadores afectados por causas objetivas (23.760) que los que se vieron incluidos en procedimientos de fuerza mayor (746).
Más afectados en comercio y hostelería
Por sectores, el comercio al por mayor y por menor y reparación de vehículos concentró el mayor número de afectados por ERE hasta julio (272.590), junto a hostelería (149.913) y actividades administrativas (126.218), mientras que el menor número se registró en el sector de educación (196) e industrias extractivas (656).
Por comunidades autónomas, la que registró hasta julio un mayor número de trabajadores afectados por regulaciones de empleo de ámbito nacional fue la Comunidad de Madrid (250.910), seguida de Cataluña (175.870) y Andalucía (120.439).
Tras estas regiones destacan Comunidad Valenciana, con 82.729 trabajadores afectados, y Castilla y León, con 46.220. Las menores cifras de afectados se dan en La Rioja (5.773) y Extremadura (7.769).
Trabajo explica que como consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, se decretó en España el estado de alarma el día 14 de marzo y desde entonces el número de procedimientos de regulación resueltos y comunicados a las autoridades laborales se ha visto incrementado considerablemente, en concreto en cuanto al número de Expedientes de Regulación de Empleo Temporales (ERTES) generados.
Por este motivo, explica que "no ha sido posible en la mayoría de los casos la remisión de información a la Subdirección General de Estadística y Análisis Sociolaboral".
En todo caso, desde esta subdirección se ha ampliado el plazo para que las autoridades laborales remitan la información necesaria para elaborar la Estadística de Regulación de Empleo acorde a los cauces habituales, priorizando así el registro de los ERTEs indispensable para tener acceso a las prestaciones correspondientes, frente a la remisión de información estadística.
