En el escrito, de seis páginas, los firmantes solicitan a la Comisión Europea a adopción de medidas entre las que citan el inicio de procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea (TUE), que recoge la posibilidad de sancionar a un Estado miembro por violar valores básicos de la Unión Europea como son los derechos humanos o el imperio de la ley e implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.
Concretamente, solicitan a la Comisión Europea, que tome conocimiento de su escrito acerca de las reformas legislativas sobre "el apagón y desapoderamiento" del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) --por la reforma que impide nombramientos estando este órgano en funciones-- y su "colonización por los partidos políticos", que comprometen los nombramientos de altos cargos judiciales, así como toda la
actividad gubernativa sobre jueces (disciplinaria, promoción, formación), "y con ello su independencia e imparcialidad".
A juicio de los firmantes, esta actuación pone en riesgo el Estado de Derecho, "lo que constituye un riesgo claro de violación grave por parte de España de los valores contemplados en el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea y, por lo tanto, del propio Derecho de la Unión".
Reformas legislativas
Reclaman también que desde el ámbito de competencia de la Comisión se inste al Gobierno de España para que aborde las reformas legislativas que resulten compatibles con las garantías que demanda el artículo 49 del Tratado, en los términos en que los viene interpretando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
Añaden que, "en última instancia y de no subsanarse la situación denunciada", se inicie el procedimiento previsto en el artículo 7 del Tratado de la Unión Europea, puesto que "la Comisión Europea, junto con otras instituciones de la Unión y sus Estados miembros, es
responsable, con arreglo a los Tratados, de garantizar el respeto del Estado de Derecho como valor fundamental de nuestra Unión y de velar por que se observen la legislación, los valores y los principios de la UE".
En la misiva, los jueces explican a la Comisión que el sistema de elección actual de 12 de los 10 vocales del CGPJ, los de origen judicial, ha sido avalada por el Tribunal Constitucional, si bien la condición de constitucionalidad pasaba porque las formaciones políticas no se repartiesen los vocales atendiendo a su representación parlamentaria.
"Después de 35 años, los riesgos previstos por el Tribunal Constitucional se han convertido en lamentables realidades -añade el escrito-. Puede afirmarse que el actual sistema de facto es contrario a la Constitución, y a las exigencias de las instituciones europeas, según las cuales "las autoridades políticas no pueden intervenir en ningún momento del proceso en la elección de los vocales de procedencia judicial".
Así, insisten en que la práctica, desde 1985 hasta la actualidad, consiste en que los principales partidos políticos "se reparten los puestos a cubrir en negociaciones secretas fuera del Parlamento y, una vez alcanzado su acuerdo, los diputados y senadores votan según la consigna dada por sus partidos".
Próximos pasos
Adelantan que el siguiente paso, que ya ha sido anunciado, "consistirá, como ya se ha expuesto, en sustituir la mayoría reforzada de 3/5 de los miembros de las Cámaras que se exige para elegir a los vocales del CGPJ por una mayoría absoluta, que se conseguiría con los partidos que sostienen el Gobierno".
A juicio de estas asociaciones, "se trata de una ley de sometimiento del Poder Judicial a los partidos políticos que dominen en cada momento, lo que es el inicio del camino hacia el totalitarismo, el menoscabo de los derechos humanos y la corrupción".
