El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) ha elaborado un informe alternativo ante el examen periódico universal (EPU) al que se someterá España este año para evaluar la situación de los derechos humanos en el Estado.
El EPU es un mecanismo del Consejo de Derechos Humanos (CDH) de las Naciones Unidas en funcionamiento desde 2005, que fue establecido por la Asamblea General, con el fin de examinar periódicamente la situación de los derechos humanos en los 193 estados miembros de la ONU.
El CERMI, que fue nombrado en 2011 mecanismo independiente de seguimiento de la aplicación de la Convención en España, ha elaborado este informe para exponer la situación de las principales carencias existentes en materia de discapacidad. Para ello, el documento tiene en cuenta las observaciones que el Consejo de Derechos Humanos realizó a España en su anterior examen (2015), así como de las recomendaciones realizadas por el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas (2019), el Comité del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales y del Comité de los Derechos del Niño (2018).
El informe del CERMI llama la atención sobre observaciones de la ONU que siguen sin cumplirse, como ampliar la protección contra la discriminación por motivos de discapacidad por causas como la falta de ajustes razonables; revisar las disposiciones legislativas que autoricen la privación de libertad por motivos de discapacidad, y emprender políticas para combatir la violencia contra las mujeres y niñas con discapacidad y asegurar su acceso a un sistema de respuesta integrado.
Mejorar las tasas de actividad laboral de las personas con discapacidad; erradicar las esterilizaciones forzosas; cumplir la legislación en materia de accesibilidad universal, y reemplazar los regímenes de sustitución en la toma de decisiones por un sistema basado en apoyos son otras de las observaciones de 2015 que siguen sin cumplirse.
Como aspecto positivo, el informe subraya que el Estado español sí ha cumplido la observación de garantizar el derecho de sufragio activo y pasivo a todas las personas con discapacidad, gracias a la reforma de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) que se materializó el pasado año.
PREOCUPACIÓN DEL CERMI
Ante los incumplimientos, el CERMI, como mecanismo independiente, expresa su preocupación en el documento remitido a Naciones Unidas por el hecho de que la atención a las personas con discapacidad se siga haciendo en muchas ocasiones desde un punto de vista de modelo médico y no desde la visión de derechos que recoge la Convención Internacional de la Discapacidad, tratado de obligado cumplimiento por parte de los países que lo han ratificado.
Así, el CERMI reclama medidas de forma inmediata para poner fin a la institucionalización de menores con discapacidad mediante el desarrollo y la aplicación de una estrategia para promover entornos familiares seguros, con apoyos en la comunidad y con asignación presupuestaria adecuada; garantizar su acceso a servicios de atención temprana, y asegurar que puedan expresar sus opiniones de forma libre sobre todas las cuestiones que les afectan.
En este sentido, urge a derogar todas las disposiciones jurídicas, incluido el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, a fin de prohibir la institucionalización forzosa y los tratamientos forzosos por motivo de discapacidad; garantizar que las intervenciones por motivo de salud mental se basen en los derechos humanos, y asegurar a las personas con discapacidad investigadas o imputadas la accesibilidad y ajustes de procedimiento en todas las fases de los procedimientos judiciales.
De igual modo, el CERMI exige reforzar la lucha contra la discriminación múltiple que sufren las mujeres y niñas con discapacidad y contra la mayor exposición a la violencia. Además, pide que se garantice la accesibilidad universal en todos los ámbitos, como los medios de transporte, los servicios de información y comunicación, los principales entornos y edificios de interés, los organismos de atención a víctimas de violencia, entre otros.
Entre las demandas del CERMI se encuentra también acabar con la existencia de barreras de acceso a la justicia; erradicar las esterilizaciones y abortos forzosos por razón de discapacidad; atender adecuadamente a las personas refugiadas y solicitantes de asilo con discapacidad; garantizar el derecho a la educación inclusiva a todo el alumnado con discapacidad; garantizar el acceso en igualdad de condiciones a la atención sanitaria, con especial atención a las necesidades de las mujeres y niñas con discapacidad; apostar por políticas más vigorosas de inclusión laboral de las personas con discapacidad, y luchar contra la mayor tasa de pobreza y exclusión de las personas con discapacidad, para lo que es importante acabar con los copagos en servicios como la atención a la dependencia o aumentar las viviendas sociales para grupos sociales en situación de desventaja.
