El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha expuesto ante la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados el plan de desescalada en la Justicia que prepara el Gobierno para superar la crisis y que “se asienta en el consenso”. Campo ha pedido el apoyo de los grupos políticos a las actuaciones “de reactivación y reconstrucción” que se van a poner en marcha para “trasladar una imagen de unidad en un ámbito que necesita confianza”, ha subrayado.
El ministro ha explicado que el plan para la desescalada orbita en torno a tres ejes – organizativo, tecnológico y procesal – cuyas medidas se contendrán en tres instrumentos normativos distintos, el primero de los cuales, el Real Decreto Ley de Medidas Procesales y Organizativas para hacer frente a la Covid-19 en la Administración de Justicia, se aprobó el pasado martes en Consejo de Ministros.
Campo ha insistido en que todas las medidas contempladas en el real decreto-ley de medidas urgentes, aprobado la semana pasada por el Consejo de Ministros, ha sido consensuado por todas las comunidades autónomas, con independencia del “signo político”.
Habilitación de agosto
La habilitación de agosto para todas las actuaciones judiciales ha generado críticas, en opinión el ministro, “injustificadas”. Todas las medidas han contado con el apoyo de las CCAA, y ninguna ha mostrado motivo de discrepancia, ha asegurado el ministro. En informe del Ministerio se ha precisado que fueron los consejeros autonómicos de Cantabria, Navarra, Madrid o Canarias, incluso el órgano de gobierno de los jueces, los que propusieron la “habilitación extraordinaria de días procesales”.
“Se adopta para paliar el acusado descenso en la actividad judicial que ha provocado el estado de alarma. No sería responsable, después de varios meses de paralización de la Justicia y con el gran número de procedimientos que precisamente se pueden generar de las consecuencias sociales y económicas de la pandemia, volver ahora a parar un mes entero más con motivo de las vacaciones estivales”, ha apostillado Campo.
Por ello, ha pedido a jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, funcionarios, abogados, procuradores y graduados sociales que hagan un “esfuerzo extra”. En su opinión, la sociedad “no entendería que el resto de las administraciones no se pusieran a la altura del personal sanitario o las fuerzas de seguridad”.
El ministro de Justicia ha anunciado que impulsará, en colaboración con el CGPJ y la Fiscalía, un instrumento normativo complementario que permita “optimizar el rendimiento y la eficacia” de esta medida y coordinarla con el derecho de los profesionales a conciliar su vida personal y laboral.
Toda la oposición ha mantenido sus críticas al titular del Departamento de Justicia por habilitar el mes de agosto de juzgados y tribunales. Incluso el socio del Gobierno, a través de su diputado de Unidas Podemos Jaume Asens Llodrà, ha recordado que esta medida “genera una situación de desigualdad entre los abogados que no tienen derecho a vacaciones con respecto a otros actores jurídicos”. El diputado ha pedido al ministro “ser sensible a las peticiones de los Colegios de Abogados” y habrá que acompañarlo con otras medidas.
Examen de acceso
Durante su intervención, Campo ha señalado que la gestión de su departamento durante la crisis ha tenido muy en cuenta las necesidades de los profesionales. En relación con la abogacía, el ministro ha señalado que se han regularizado los pagos pendientes de la asistencia jurídica gratuita y se ha dado una solución a los cerca de 7.000 estudiantes afectados por la suspensión del examen de acceso a la abogacía del 28 de marzo. Finalmente, la prueba se realizará online a través de la UNED en una fecha que se concretará próximamente.
Justicia también trabaja en un proyecto de ley para acometer reformas estructurales que mejoren la eficiencia de los procesos mediante el uso eficiente de la tecnología y la implantación de mecanismos alternativos a la resolución de conflictos, como la mediación. El ministerio está recabando las aportaciones al texto del conjunto del sector para poder presentarlo ante el Consejo de Ministros en el mes de junio.
El tercer instrumento normativo es el previsto en la Disposición Adicional 19ª del Real Decreto Ley 11/2020, que emplaza a Justicia a activar planes de choque en los órdenes contencioso-administrativo, mercantil y laboral, los más castigados por el parón de la actividad económica, en los quince días posteriores al levantamiento de las medidas acordadas por el estado de alarma.
