De estos fallecimientos, 244 se produjeron durante la jornada de trabajo, uno menos que hasta junio de 2017, lo que supone un descenso porcentual del 0,4%. Los 63 accidentes mortales restantes registrados entre enero y junio fueron siniestros 'in itínere' (los que se producen en el trayecto de casa al trabajo y viceversa), uno más que en igual periodo del año pasado.
Hasta junio se contabilizaron 299.008 accidentes laborales con baja, lo que supone un aumento del 2,7% respecto al número de siniestros del mismo periodo de 2017.
Del conjunto de siniestros, 257.812 accidentes se registraron en el lugar de trabajo y 41.196 fueron siniestros 'in itínere'. Los primeros aumentaron un 2,3%, mientras que los segundos se incrementaron un 4,8% respecto al mismo periodo del año pasado.
Los accidentes leves con baja en el puesto de trabajo sumaron 255.599 hasta junio, un 2,3% más, y los graves alcanzaron los 1.969, un 3,9% más. En el caso de los siniestros 'in itínere', se registraron 40.634 accidentes de carácter leve (+4,8%) y 499 de gravedad (-4%).
Por su parte, hasta junio se notificaron 359.937 accidentes laborales sin baja, un 1,6% menos que en igual periodo de 2017.
El secretario confederal de Salud Laboral de CC.OO., Pedro José Linares, ha señalado que, aunque el descenso de los índices de incidencia de accidentes en el primer semestre del año podría romper la tendencia de aumento de la siniestralidad iniciada en 2013, considera que hay que esperar a los próximos meses para certificar que se confirma.
"La siniestralidad laboral continúa siendo un problema de primer orden para la salud pública de España", ha advertido Linares, quien ha subrayado que es necesario que como sociedad se reflexione sobre un sistema de prevención de riesgos laborales que "en estos últimos años de crisis económica, de políticas de austeridad y de reformas laborales ha demostrado ser un gigante con pies de barro".
También ve imprescindible que el Gobierno impulse políticas públicas activas para relanzar la prevención de riesgos laborales en las empresas y que, a través de la Inspección de Trabajo, intensifique las medidas de control de la explotación laboral, algunas de ellas contenidas en el Plan Director por un Trabajo Digno recientemente aprobado.
