Además, según un estudio elaborado por la Consejería de Digitalización, 118 de las 143 pequeñas localidades de la región trabajan con herramientas basadas en la Inteligencia Artificial (IA), Big Data o con servicios de computación en la nube, además de contar con soluciones que les permiten hacer frente a los ciberataques.
El Gobierno regional ha reforzado la transformación de los municipios para que puedan ofrecer una atención más personalizada y eficaz para el ciudadano. En concreto, ha dotado a los consistorios que cuentan con menos recursos con 800 dispositivos informáticos equipados para poder realizar las gestiones.
Del mismo modo, la Comunidad de Madrid está utilizando la IA para la digitalización de archivos municipales. Este proyecto de la Consejería de Digitalización busca que todos los documentos administrativos estén escaneados e incluidos en un registro con una estructura similar a la que ya se ha activado con éxito en el ámbito de la justicia. Se trata de archivar estos escritos utilizando frases o palabras clave para permitir su posterior localización de forma rápida y fácil con un buscador 360º.
Estas acciones permiten a los ayuntamientos contribuir al desarrollo sostenible y acercarse a otra de las metas del Ejecutivo regional: una Administración con uso de ‘papel cero’. El 82% de los municipios con menos de 20.000 habitantes ya se encuentran en este camino.
El Gobierno autonómico, a través de la Agencia de Ciberseguridad, también ha reforzado la protección de las entidades locales de menos de 20.000 habitantes frente a los ataques informáticos. Este organismo ha iniciado ya una ronda de contactos con las localidades madrileñas para intercambiar información sobre esta materia y abordar sus inquietudes y necesidades, según sus características.
Cuenta además con un Equipo de Respuesta ante Incidentes formado para actuar en caso de ataques informáticos en los sistemas de la Administración y se encuentra en el proceso de diseño y creación de un Comité de Seguridad de la Información que definirá y gestionará los riesgos tecnológicos autonómicos en beneficio de todos los consistorios.
