Nuevo criterio del Tribunal Supremo en la Sentencia de 18 de enero de 2011 en las excepciones admisibles en el juicio cambiario

Es necesario primero aclarar que la respuesta a la presente cuestión...

Es necesario primero aclarar que la respuesta a la presente cuestión parte de un concreto escenario procesal, y es que los enfrentados en juicio cambiario son quienes fueron parte en el contrato del que trae causa el libramiento de la letra de cambio, cheque o pagaré. En tal caso, la contestación a la presente cuestión no puede ser otra que la de afirmar que el juicio cambiario regulado en la vigente LEC -EDL 2000/77463 poco o nada tiene que ver con el juicio ejecutivo de la LEC de 1881 -EDL 1881/1-. Mientras que en éste no era dable al demandado oponer el incumplimiento parcial o cumplimiento incompleto, incorrecto, tardío defectuoso o irregular, de la prestación que en el contrato subyacente se hubiera puesto de cargo del demandante, en el juicio cambio regulado en la LEC de 2000 el demandado puede oponer esas excepciones, aunque -obviamente no a cualquier demandante, sino sólo a quien fue parte con él en el contrato subyacente.

Y como el demandado-contratante puede oponer al demandante-contratante todas, absolutamente todas, las excepciones basadas en sus relaciones contractuales con éste, la sentencia que recaiga en juicio cambiario deberá resolverlas todas. Y pudiendo, en principio, el demandado en juicio cambiario oponer todas las excepciones basadas en las relaciones personales con el demandante; y dando dicha oposición paso a un juicio declarativo y de cognición plena, la sentencia firme que recaiga en juicio cambiario producirá efectos de cosa juzgada no sólo respecto de las excepciones concretamente opuestas por el demandado, sino respecto de todas las realmente existentes, pues todas ellas pudieron ser alegadas y discutidas en juicio.

Sin embargo, el juicio cambiario sigue produciendo, con respecto al declarativo, lo que se ha dado en llamar la u0022inversión del contradictoriou0022, por virtud de la cual el demandante-contratante-tenedor de la letra no tiene que probar, frente a lo que sucede con cualquier otro acreedor, la realidad de la relación contractual subyacente ni el nacimiento de una deuda a cargo del demandado, sino que la declaración cambiaria emitida por el demandado-contratante hace presumir la deuda; presunción que, por lo tanto, tiene que ser desvirtuada por el demandado, para lo cual deberá alegar concretas excepciones, y probarlas, sin que las dudas en torno a la real concurrencia de esas excepciones pueda beneficiar al demandado en juicio cambiario (art. 217 LEC -EDL 2000/77463-).

Así las cosas, las consecuencias más importantes que cabe extraer, no de la STS de 18 enero 2011 -EDJ 2011/6671-, sino de la contundencia y claridad con que está redactado el art. 824 LEC -EDL 2000/77463-, en relación con el art. 67 Ley Cambiaria y del Cheque -EDL 1985/8850-, son, de una parte, la falta de limitación de oportunidades de oposición por parte del demandado; y de otra, la imposición, a éste, de la carga de invocar en juicio cambiario todas las excepciones que pueda tener contra el demandante.

A mi juicio, felizmente, lo que el Tribunal Supremo entiende es que l...

A mi juicio, felizmente, lo que el Tribunal Supremo entiende es que la limitación de las causas de oposición que, procesalmente se entendía al amparo de la regulación del proceso ejecutivo de la ley de 1881 -EDL 1881/1-, podía alegar el deudor y que no tenía la marcada por el art. 67 Ley Cambiaria -EDL 1985/8850-, no existe tras la entrada en vigor de la nueva LEC de 2000 -EDL 2000/77463-. Para mí ello no significa una desnaturalización del proceso cambiario, sino al contrario su encuadre en los límites que prevé la propia regulación cambiaria, y más en concreto el propio art. 67 Ley Cambiaria, que sin límite permite alegar frente al acreedor los motivos de oposición fundados en sus relaciones personales. Frente al ejercicio de la acción cambiaria, según establece el artículo antedicho, se regula un régimen único de excepciones, oponibles tanto en el juicio ejecutivo como en el ordinario cuyo enunciado se hace genéricamente y no en la forma detallada y rígida en que lo recogía la LEC de 1881 (Esto, como recuerda la sentencia de enero de este año -EDJ 2011/6671-, ya había sido expuesto por el Alto Tribunal en su Sentencia de 17 abril 2006 -EDJ 2006/65256-).

Las razones dadas para justificar la limitación cognitiva del proceso cambiario no existen, como recuerda el Tribunal Supremo desde la entrada en vigor de la LEC, en que expresamente el art. 824 -EDL 2000/77463 permite al deudor sin límite alegar las excepciones previstas en el art. 67 LCambiaria -EDL 1985/8850-, pero donde además le dota de un medio hábil procesal para ello, el juicio verbal, en cuyo seno no existe ninguna limitación para articular su alegación por parte del deudor que la opone.

Como colofón, el Tribunal Supremo acaba con lo que denomina la exorbitancia del derecho cambiario, suprimiendo la acción inútil, consecuencia de que el condenado en la acción cambiario tenga que repetir lo pagado inútilmente en el curso de un proceso declarativo posterior entre las mismas partes.

Para mí la consecuencia más importante de esta doctrina radica en la propia previsión que se hace en el párrafo anterior y en el alcance también expuesto en la sentencia del párr. 3º del art. 827 -EDL 2000/77463 cuyo tenor dice u0022la sentencia firme dictada en juicio cambiario producirá efectos de cosa juzgada respecto de las cuestiones que pudieran ser en él alegadas y discutidas, pudiéndose plantear las cuestiones restantes en el juicio correspondienteu0022.

La oposición relativa al contrato cumplido de modo defectuoso entra dentro de las cuestiones objeto de examen al amparo del art. 67 LCambiaria -EDL 1985/8850-, por tanto entre el objeto del proceso verbal que sigue a la oposición en un proceso cambiario, y por tanto la sentencia que recaiga en el curso de ese proceso, sí produce la excepción de cosa juzgada, al no ser de las denominadas restantes que pueden examinarse al margen de este proceso.

La STS, Sala 1ª, núm. 266/2011, de 18 enero (ponente: Excmo. Sr. Gi...

La STS, Sala 1ª, núm. 266/2011, de 18 enero (ponente: Excmo. Sr. Gimeno-Bayón) -EDJ 2011/6671-, respecto a las excepciones admisibles en el Juicio Cambiario, es muy interesante porque declara que en éste u0022pueden oponerse al pago de las cantidades consignadas en los títulos cambiarios todas las excepciones personales susceptibles de ser opuestas al amparo del art. 67 Ley Cambiaria y del Cheque -EDL 1985/8850-, sin limitación alguna por razón del procedimiento, incluyendo las derivadas del defectuoso cumplimiento del contrato determinante de la declaración cambiaria incorporada al título cambiariou0022, viniendo a solucionar las dudas existentes al respecto en distintos foros jurídicos y en la jurisprudencia menor. Buen ejemplo de estas dudas lo constituye el Seminario celebrado por los jueces y magistrados del orden jurisdiccional civil de la Comunidad de Islas Baleares el 29 octubre 2010 sobre u0022unificación de criterios en materia civilu0022, en el que se trató esta cuestión, siendo la opinión mayoritaria de los participantes en dicha reunión contraria a la posibilidad de oponer en el juicio cambiario, con base en un pagaré, el incumplimiento parcial del contrato causal, recogiendo la doctrina sentada a este respecto por las SSTS de 17 abril -EDJ 2006/65256 y 1 diciembre 2006 -EDJ 2006/364878-.

Y es que desde la vigencia de la LEC de 2000 -EDL 2000/77463-, la cuestión relativa a la posibilidad de oponer frente a una demanda cambiaria la excepción de contrato no cumplido y/o cumplido defectuosamente (u0022exceptio non adimpleti contractusu0022 y la u0022exceptio non rite adimpleti contractusu0022), ha sido motivo de opiniones encontradas y resoluciones contradictorias de las distintas Audiencias Provinciales. Ha sido controvertida la cuestión sobre la posibilidad de alegar en el ámbito del juicio cambiario la falta parcial de provisión de fondos o, con mayor precisión, el parcial incumplimiento del contrato causal del que dimanan los títulos valores, pues la mayoría de la doctrina y de la jurisprudencia menor venían sosteniendo la tradicional postura de admitir la excepción basada en el incumplimiento total –exceptio non adimpleti contractus– y rechazar la que se funda en el incumplimiento parcial –exceptio non rite adimpleti contractus–, por considerar que la nueva regulación del juicio cambiario contenida en la LEC de 2000 no afecta a la doctrina establecida para el antiguo juicio ejecutivo, mientras que era criterio minoritario el que admitía parte de las sustanciales diferencias existentes entre el antiguo juicio ejecutivo y el actual cambiario, del que niegan su carácter sumario y de limitada oposición, máxime cuando el art. 827,3 LEC -EDL 2000/77463 dispone que u0022la sentencia firme dictada en juicio cambiario producirá efectos de cosa juzgada, respecto de las cuestiones que pudieron ser en él alegadas y discutidas, pudiéndose plantear las cuestiones restantes en el juicio correspondienteu0022.

Como quiera que el art. 67, I -EDL 1985/8850 al que remite el art. 96, ambos de la LCCh, declara que u0022el deudor cambiario podrá oponer al tenedor de la letra las excepciones basadas en sus relaciones personales con élu0022, no ha de haber obstáculo para que aquél oponga al aparente acreedor cambiario cuantas excepciones deriven de la relación jurídica causal o subyacente, ya determinen una ineficacia absoluta del negocio o ya una mera ineficacia parcial o temporal.

Por tanto, entendemos –junto a buena parte de la jurisprudencia menor y ahora con la Sala 1ª del Tribunal Supremo, naturalmente a la espera de nuevos pronunciamientos al respecto–, que hay un hecho incontestable, y es que, con arreglo al art. 67 LCCH -EDL 1985/8850-, al que se remite el 824,2 LEC -EDL 2000/77463-, el deudor cambiario puede oponer al tenedor de la letra, además de las excepciones netamente cambiarias, aquellas otras basadas en sus relaciones personales con él. De este modo, a través de estas excepciones, podrá traerse al proceso la relación jurídico material o causal subyacente, siempre que tales excepciones afecten al ámbito de las relaciones entre demandado y demandante; en consecuencia, el librado demandado podrá hacer emerger, por encima de la relación cartular, la subyacente y esgrimir las excepciones derivadas de todo el contenido propio de esa relación jurídico material. Siendo así, no cabe entender que, en la actual regulación, no pueda la defensa del obligado desplegar todos los efectos que dimanen del negocio causal y entre ellas la excepción que concierne a una insatisfactoria ejecución o cumplimiento defectuoso del contrato (sea en tiempo, cantidad o calidad); la literalidad del art. 67 LCCH no contiene restricción alguna al ámbito posible de discusión y debate en torno a la relación jurídico-material en conflicto (v.gr., el contrato de arrendamiento de obra del art. 1544 CC -EDL 1889/1-).

Retomamos las preguntas iniciales: ¿quiere esto decir que la consecuencia de todo ello es desnaturalizar totalmente el juicio cambiario y convertirlo en un declarativo? ¿Qué consecuencia más importante obtenemos de esta sentencia en materia del juicio cambiario? Cabe decir, como ya se ha expuesto, que la STS objeto de comentario -EDJ 2011/6671 confirma lo que buena parte de la doctrina y de la praxis judicial venían entendiendo, e incluso reclamando, en atención a lo dispuesto en el art. 827,3 LEC -EDL 2000/77463-: la sentencia firme dictada en juicio cambiario producirá efectos de cosa juzgada respecto de las cuestiones que pudieran ser en él alegadas y discutidas, pudiéndose plantear las cuestiones restantes en el juicio correspondiente, y como afirma la STS u0022si bien se cuestiona cuáles son las cuestiones restantes, no es dudoso que no lo son las excepciones previstas en el artículo 67 de la Ley Cambiaria y de Cheque -EDL 1985/8850-, ya que éstas, como se ha visto, pueden ser alegadas en el juicio especial cambiariou0022.