¿Es posible instar en la misma demanda la ejecución por impago de alimentos y la ejecución por incumplimiento de visitas?

En respuesta a la pregunta formulada en orden a la necesidad de instar ...

En respuesta a la pregunta formulada en orden a la necesidad de instar simultáneamente en una o en varias demandas la ejecución por incumplimiento de diversas medidas contenidas en un mismo título ejecutivo, sentencia de separación, nulidad, divorcio o determinación de medidas paternofiliales, de naturaleza diversa, por una de las partes en el proceso, entiendo que razones de economía procesal puedan justificar se deduzcan las diversas pretensiones en una sola demanda.

No obstante, ello no puede impedir que se tramiten, por razones de ordenación del proceso, a fin de dotar de la debida fluidez a la ejecución y a la realización y desarrollo de los concretos actos ejecutivos, piezas separadas diversas para cada medida incumplida cuya ejecución se inste.

Ha de advertirse que la unificación y concentración de la ejecución simultánea de medidas de muy diversa índole contenidas en un mismo título, va a dar lugar a una innecesaria complejidad de la ejecución, que se produciría, a título de ejemplo, de interesarse ejecución de pensiones de alimentos impagadas, o pensión compensatoria u otras medidas económicas que hayan podido acordarse, con la alternancia en el uso del domicilio familiar, patria potestad y régimen de visitas respecto de menores de edad, por la variedad de los actos ejecutivos a desplegar para cada una de ellas.

De tramitarse todas ellas en un mismo cauce ejecutivo, devendría en farragoso el procedimiento y difícil dirigir y ordenar materialmente los concretos actos ejecutivos, atendiendo las peculiaridades formales y actividad jurídica a desarrollar para cada una, en función de si se trata de ejecución dineraria, cauces procesales de los arts. 571 y ss LEC -EDL 2000/77463-, o no dineraria, de obligaciones de hacer o no hacer, arts. 699 y ss y 705 y ss, de la misma Ley formal.

En definitiva, mi respuesta a la pregunta: ¿Se puede instar en una misma demanda una ejecución de naturaleza dineraria y otra de naturaleza personal?, es positiva.

La LEC regula en un solo precepto, que es el art. 776 -EDL 2000/77463- ...

La LEC regula en un solo precepto, que es el art. 776 -EDL 2000/77463 el régimen relativo a la “Ejecución forzosa de los pronunciamientos sobre medidas”, señalando que:

“Los pronunciamientos sobre medidas se ejecutarán con arreglo a lo dispuesto en el Libro III de esta ley, con las especialidades siguientes:

1.ª Al cónyuge o progenitor que incumpla de manera reiterada las obligaciones de pago de cantidad que le correspondan podrán imponérsele por el Letrado de la Administración de Justicia multas coercitivas, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 711 y sin perjuicio de hacer efectivas sobre su patrimonio las cantidades debidas y no satisfechas.

-… 3.ª El incumplimiento reiterado de las obligaciones derivadas del régimen de visitas, tanto por parte del progenitor guardador como del no guardador, podrá dar lugar a la modificación por el Tribunal del régimen de guarda y visitas.”

Hay que precisar, de salida, que este tipo de pronunciamientos debe ser objeto de ejecución separada dadas las características especiales de cada uno de ellos y su carácter distintivo que tiene sus propias causas de oposición, en su caso, adaptadas a las circunstancias de cada caso y que deben ventilarse en motivos autónomos y adaptados ad hoc al caso concreto, aunque ello no reste que se pidan en un mismo escrito rector de demanda ejecutiva única, instando por otrosí el desglose en sendas y respectivas piezas separadas.

Sin embargo, por ello, no debería existir inconveniente para admitir la presentación de una sola demanda de ejecución del título judicial que es la sentencia en las dos modalidades indicadas de impago de pensiones y de incumplimiento de régimen de visitas, habida cuenta que se trata de una mera cuestión formal para reclamar tan solo de la parte ejecutante una sola demanda ejecutiva, y siendo el órgano judicial el que adecuará la tramitación de la ejecución de la demanda en las dos modalidades indicadas.

Al final, se trata de una mera cuestión de agilización procesal, a fin de no exigir a la parte ejecutante que formule dos demandas ejecutivas cuando se trata de un solo título judicial que es la sentencia dictada a tal efecto, pero que tiene reflejado en la práctica dos peticiones que dimanan del mismo título, pero con una orientación y enfoque distinto, lo que no debe exigir un desdoblamiento de las demandas ejecutivas y sí el desglose por el órgano judicial a la hora de ejecutar cada una de ellas por el carácter distintivo que tiene una y otra a la hora de ser ejecutadas.

Cuestión distinta es que, una vez que se hayan incoado dos piezas separadas de ejecución por el órgano judicial la parte demandada efectúa sus contestaciones y motivos de oposición a la solicitud de ejecución de forma desglosada y diferenciada, pero frente a una sola petición de demanda ejecutiva única en la que se recojan en dos apartados distintivos ambas peticiones, pero que no van a ser ejecutadas en una sola contestación en el planteamiento de la oposición, sino por separado e incorporándose a la pieza correspondiente de ejecución, y por la vía correspondiente de separación en el tratamiento individualizado de cada una de las cuestiones que se han planteado.

Será, en consecuencia, una la demanda ejecutiva con el desglose en ambas peticiones y el correlativo desdoblamiento por el órgano judicial para darle trámite por separado.

Nótese que nos encontramos con medidas ejecutiva, una de naturaleza patrimonial y otra no patrimonial.

Además, como señala la doctrina mientras que las medidas de contenido económico pueden ejecutarse siguiendo las normas generales de ejecución, las segundas, que además son las más trascendentes en el sistema de relaciones familiares, son de difícil constricción al cumplimiento y requieren de una interpelación serie con advertencia, incluso, de desobediencia a la orden.

La doctrina viene a significar, así, que la realización de las obligaciones de contenido patrimonial, como el pago de la pensión o la de entrega de la vivienda familiar, entrega de bienes, determinación del régimen de administración de determinados bienes, o medidas aseguratorias, no ofrece especialmente dificultad, pues se trata de medidas que pueden ser cumplidas prescindiendo de la voluntad del obligado, más aquellas otras de carácter personalísimo como las de guarda de los menores y el régimen de visitas establecidos entre éstos y el padre no guardador, que dependen para su ejercicio de la voluntad de los padres de tal forma que la voluntad obstaculizadora de uno de ellos puede hacer imposible la ejecución en sus términos de la medida. En cualquier caso, como decimos, podrán plantearse en una sola demanda ejecutiva y tramitarse por pieza separada.

La cuestión que se plantea, entiendo que debe ser clara al respecto, p...

La cuestión que se plantea, entiendo que debe ser clara al respecto, puesto que son medidas de distinta naturaleza y, aunque se hayan incumplido por una de las partes en litigio, no se pueden tratar conjuntamente.

Obsérvese que los arts. 571 y ss LEC -EDL 2000/77463-, regulan las ejecuciones dinerarias, y, por tanto, la ejecución forzosa procede cuando hay que entregar una cantidad de dinero líquida, despachándose ejecución si realmente existe el título ejecutivo donde se consigne la cantidad objeto de ejecución.

Por otro lado, los arts. 699 y ss LEC regulan las ejecuciones no dinerarias, y por tanto entiendo que no serían acumulables una ejecución dineraria a una ejecución no dineraria, dado que aquí el título contendrá una condena o una obligación de hacer o no hacer, o de entregar cosa distinta a una cantidad de dinero y, por tanto, considero que el marco procesal es distinto y no se debería de poder acumular una pretensión a la otra.

Considero que, aun en el supuesto de que se hubiese planteado esa petición acumulativa en la misma demanda, tanto la ejecución dineraria como la de naturaleza personal, el Sr. Letrado o Letrada de la Administración de Justicia, para no proceder a la inadmisión de dicha petición, podría aperturar una pieza de ejecución dineraria y una pieza de ejecución no dineraria, pero entiendo que esto sería una facultad del órgano judicial, porque considero que procesalmente no es posible, y en el caso de inadmisión de la demanda de ejecución, no cabría la posibilidad de recurrir dicha Resolución puesto que no se ha infringido disposición alguna que a tal efecto pueda establecer la LEC.

Por tanto, entiendo que se podrán acumular y, en consecuencia, ampliar, ejecuciones dinerarias con ejecuciones dinerarias y ejecuciones no dinerarias con ejecuciones no dinerarias, pero en ningún caso podrán instarse demandas ejecutivas dinerarias con demandas ejecutivas no dinerarias, quedando a salvo lo manifestado con respecto a que pueda el Sr. Letrado o Letrada de la Administración de Justicia abrir dos piezas de ejecución, para tramitar de forma separada la demanda ejecutiva dineraria de la no dineraria.

El art. 5 LEC -EDL 2000/77463- refiere las diversas clases de tutela ju...

El art. 5 LEC -EDL 2000/77463 refiere las diversas clases de tutela judicial que se pueden reclamar ante los tribunales civiles: la declarativa, la constitutiva, la de condena, la modificativa, la extintiva y cualquiera otra clase de tutela que esté expresamente prevista en la ley.

En un proceso de infancia, familia o capacidad es frecuente que se acumulen diversas acciones y pretensiones y que se concedan: podemos pedir que se declare el divorcio al tiempo de pedir que se modifique alguno o varios de los efectos de una separación anterior, o reclamar que se extinga, por ejemplo, el derecho de uso de la vivienda familiar. Podemos ejercer la acción declarativa de filiación y reclamar a la vez la condena al pago de una pensión de alimentos y la fijación de un régimen relacional con el hijo. Podemos pedir que se modifique una medida de apoyo a la capacidad y al mismo tiempo que se constituya una curatela representativa, etc.

La acumulación de acciones permite discutirlas todas en un mismo procedimiento y resolverlas en una sola sentencia, en tanto sean compatibles entre sí -art. 71 LEC y, especialmente, cuando la Ley lo permite, como sucede con el art. 91 CC -EDL 1889/1 o el art. 233-4 CCCat -EDL-. Por ello es posible reclamar del tribunal diversos tipos de tutela judicial efectiva respecto a uno o varios objetos procesales.

La acumulación de acciones suele dar lugar a pronunciamientos judiciales distintos sobre distintos objetos procesales, en un solo título ejecutivo, y ello es especialmente frecuente, en derecho de infancia, familia y capacidad. El reconocimiento de esa tutela compleja en una sentencia da derecho a otra: la tutela ejecutiva, la que lleva a los tribunales a hacer ejecutar lo juzgado.

Una vez se ha dictado sentencia, y concretamente en el ámbito de infancia, familia y capacidad, podemos encontrarnos con diversos pronunciamientos concurrentes cuyo trámite ejecutivo sea diferente. Entre ellos, algunos son de “tracto único”, de ejecución inmediata, como el pronunciamiento principal de divorcio, que se ejecuta de una sola vez, mediante mandamiento al Registro civil para la inscripción, o el lanzamiento de la vivienda familiar tras la atribución de uso de la vivienda familiar. Otros son de “tracto sucesivo”, como el cumplimiento del régimen relacional con los hijos -las “visitas” o el pago de pensiones de alimentos o de pensión compensatoria, que suponen una obligación periódica, repetitiva, temporalmente ejecutable y que permite ampliaciones por incumplimientos sucesivos. Son los que la pregunta llama pronunciamientos de naturaleza personal y de naturaleza dineraria.

Las medidas de cuya ejecución conjunta o separada se ocupa la pregunta son ambas de condena y de tracto sucesivo: la condena al pago de los alimentos para los hijos y la condena para el cumplimiento del régimen de visitas.

La pregunta presume que en el momento de formular la demanda ejecutiva ambos pronunciamientos se han incumplido simultánea y voluntariamente, por la misma parte ejecutada. Pero no es frecuente que esta acumulación se produzca: generalmente la madre es la parte ejecutante cuando el padre deja de pagar las pensiones y el padre es el ejecutante cuando la madre no permite o dificulta el régimen relacional, de manera que habrá dos ejecuciones distintas, una por impago de alimentos y otra por incumplimiento de visitas, que dan lugar a dos procesos de ejecución distintos entre los cuales no se plantea una problemática de acumulación. En supuestos de “reciprocidad”, en que el padre no paga y la madre no permite las visitas, los ejecutantes y ejecutados y las demandas ejecutivas serán distintas y darán lugar a diferentes procesos de ejecución.

Por otra parte, es fácil imaginar supuestos de acumulación de pronunciamientos solo personales -cumplir con las estancias -y facilitar la comunicación -y cumplir con las obligaciones de información sobre los hijos o solo dinerarios -reclamar el pago de alimentos -y de pensión compensatoria -y de gastos extraordinarios-. En todos estos casos la ejecución sigue un mismo y único camino: la ejecución de obligaciones personales el de los arts. 699 y ss. LEC y la ejecución de obligaciones dinerarias, con el despacho de ejecución, la posible oposición, la vía de apremio, el de los arts. 571 y ss. LEC. No se plantea aquí la posibilidad de instar dos demandas ejecutivas.

La única excepción es la del art. 776.4 LEC, para la determinación de gastos extraordinarios no expresamente previstos en las medidas definitivas o provisionales. En estos casos, previamente al despacho de ejecución se debe solicitar la declaración de que la cantidad reclamada tiene la consideración de gasto extraordinario, que da lugar, si se pide junto con otros pedimentos ejecutivos, a la apertura de una pieza separada para su determinación.

Aunque el caso de que el progenitor o progenitora incumpla sendos tipos de obligaciones -personales y dinerarias es estadísticamente muy poco frecuente, es posible que sea uno de los progenitores el que demande a la vez la ejecución de ambos tipos de pronunciamiento, pues tanto las visitas como los alimentos son derechos de los hijos. La madre puede reclamar que el padre pague alimentos y que mantenga el contacto con los menores. Y es en este caso en el que genuinamente nos encontramos con la necesidad de resolver la cuestión planteada.

Partiendo de ello, en principio hay que entender que a cada sentencia corresponde una ejecución, aunque contenga pronunciamientos diferentes. El art. 7 del Acuerdo de 25 de febrero de 2010, del Pleno del Consejo General del Poder Judicial, por el que se aprueba el Reglamento 2/2010, sobre criterios generales de homogeneización de las actuaciones de los servicios comunes procesales -EDL-, establece en su apartado c que en la ejecución, “salvo que una norma legal establezca lo contrario, los Protocolos de Actuación que dicten los Secretarios Judiciales velarán para que únicamente se registre una ejecutoria por cada título judicial, con independencia del número de condenados, de los pronunciamientos a ejecutar y de los incidentes que surjan durante la ejecución” O, dicho de otro modo, no se puede obligar al ejecutante a que presente dos ejecuciones separadas.

Otra cosa es que, por una cuestión de orden, el Juzgado abra diferentes piezas separadas. En este sentido el mismo precepto indica que “cuando se abran piezas o ramos por cada uno de los pronunciamientos a ejecutar o incidentes que surjan en la ejecución, se les asignará el mismo número que la ejecución de la que dimanen e identificará con un subíndice” y añade que “en ningún caso se procederá al registro autónomo con número propio de las piezas o ramos de ejecución”.

Las piezas separadas vienen referidas a cuestiones que son susceptibles de tratamiento procesal autónomo y que resulta conveniente tramitar por separado de la cuestión principal, aunque siempre en relación con ésta.

Por tanto, entiendo que no solo se puede instar en una misma demanda una ejecución de naturaleza dineraria y otra de naturaleza personal, sino que no es exigible al ejecutante que presente dos demandas ejecutivas y debe ser el tribunal quien provea a la apertura de distintas piezas cuando el trámite de ejecución es distinto.

Bajo la vigencia de la anterior LEC de 1881 -EDL 1881/1- era normal ver...

Bajo la vigencia de la anterior LEC de 1881 -EDL 1881/1 era normal ver una demanda de ejecu­ción en la que la parte ejecutante reclamaba las pensiones no abonadas y solicitaba que se practicase algún requerimiento al ejecutado para entrega de determinados bienes. Igualmente era relativamente normal que el ejecutado, al darle traslado de la demanda, alegase en su escrito de oposición que no puede ver a los hijos y que se requiriese a la otra parte para que diese cumplimiento al régimen de visitas.

Con la nueva LEC 2000 -EDL 2000/77463 se pretendía “ordenar la ejecución” creando trámites específicos para cada uno de los pronunciamientos, pero la realidad es que ese deseo no se ha hecho realidad en la norma procesal pues no ha venido a solucionar definitivamente la problemática que se presenta a diario en los juzgados en la fase de ejecución de las resoluciones dictadas en procesos de familia.

Debemos de tener en cuenta que la normativa que regula la demanda de ejecución se encuentra dentro del libro III -De la ejecución forzosa Título III -disposiciones generales de la LEC. En el art. 549 se indica que:

“Sólo se despachará ejecución a petición de parte, en forma de demanda, en la que se expresarán: 1.º El título en que se funda el ejecutante. 2.º La tutela ejecutiva que se pretende, en relación con el título ejecutivo que se aduce...”. 

Como vemos, el legislador no impide que dentro de una misma demanda pueda solicitarse la ejecución tanto de un pronunciamiento dinerario como pueda ser el impago de pensiones, como de un pronunciamiento no dinerario como es el incumplimiento del régimen de visitas o la entrega de la posesión de la vivienda familiar.

Una vez presentada la demanda de ejecución, conforme a lo indicado en el art. 551 LEC, el Tribunal dictará Auto conteniendo la orden general de ejecución y despachando la misma. En esta fase, tampoco el legislador ha tenido la previsión de que el Juzgado pueda dictar dos Autos despachando ejecución, uno para la ejecución dineraria y otro para la no dineraria, abriéndose un proceso de ejecución para cada uno de estos pronunciamientos.

Pero, es más, cuando en el art. 555 LEC se regula la acumulación de ejecuciones, tampoco se discrimina a las ejecuciones dinerarias de las no dinerarias, por lo que, en principio, podrían acumularse ambas dado que se cumple el requisito de que se siguen varios procesos de ejecución contra un mismo ejecutado.

En conclusión, que no existe ninguna norma legal que obligue al ejecutante a tener que presentar diversas demandas de ejecución cuando quiere ejecutar una sentencia de divorcio por el incumplimiento de la medida relativa al pago de la pensión alimenticia o compensatoria y de alguna medida de carácter personal, como por ejemplo el incumplimiento del régimen de visitas o incluso, el pronunciamiento relativo la atribución del uso de la vivienda familiar. Por tanto, un Juzgado no podrá inadmitir una demanda de ejecución en la que, con base en el mismo título judicial, se solicita la ejecución de distintos pronunciamientos.

Sin embargo, como el Tribunal sí está obligado a dar la tramitación correspondiente a la ejecución de cada uno de los pronunciamientos, lo que sucede en la práctica es que se abre un proceso de ejecución para cada una de las medidas cuya ejecución se solicita en función de que se trate de una ejecución dineraria y no dineraria y dentro de estás ultimas si se trata de una obligación de hacer o de entregar cosas. El problema que surge y que no está resuelto procesalmente es qué pasa con la condena en costas de la ejecución cuando respecto a un pronunciamiento se desestima la oposición a la ejecución y respecto a otro se estima. En puridad estaríamos ante una estimación parcial de la oposición a la demanda de ejecución inicial y no debería imponerse las costas al ejecutado. Pero si se abren distintas ejecuciones, cada una de ellas tendría su propio régimen en materia de costas.

Desde luego, lo más recomendable para una buena ordenación de la ejecución es que el ejecutante presente tantas demandas de ejecución como pronunciamientos quiera ejecutar en función de si son de carácter dinerario o no dinerario. Pero, insisto, solo se trata de una recomendación y no de una obligación.

El punto de partida ha de ser obviamente la ausencia de cualquier obstá...

El punto de partida ha de ser obviamente la ausencia de cualquier obstáculo o prohibición legal para la acumulación inicial objetiva planteada de ejecución de título judicial dineraria y ejecución de título judicial no dineraria cuando ambas prestaciones dimanan de un mismo título.

Son reiteradas las resoluciones que contemplan y resuelven en sede de una misma ejecución de título judicial ambas pretensiones de manera cumulativa. Así y entre muchas otras, el Auto de AP Valencia secc. 10ª de 28 de febrero de 2022 -EDJ-, el Auto de AP Barcelona secc. 12ª de 19 de noviembre de 2021 -EDJ o el Auto de AP Madrid secc. 22ª de 24 de mayo de 2021 -EDJ-.

Es más inclusive no falta alguna resolución -al margen de procesos de Derecho de Familia que expresamente se muestra favorable a la acumulación de pretensiones dimanantes de diferentes títulos frente a un mismo obligado como el Auto de AP Cuenca secc. 1ª de 6 de junio de 2017 -EDJ-:

“Aunque la doctrina científica aparezca dividida al respecto -a favor Ortells Ramos, al que cita Juan Sánchez en contra Sabater Martín, con base en el tenor literal del art.555 LEC -, considera la Sala con el primero que el art.555 LEC solo regula de forma parcial el fenómeno de la acumulación de ejecuciones al referirse exclusivamente a la acumulación sobrevenida de ejecuciones iniciadas por separado, y que cabe admitir la acumulación inicial objetiva en la que un mismo ejecutante dirige contra un ejecutado varias pretensiones basadas bien en un mismo título ejecutivo del que se derivan varios deberes de prestación, como en títulos ejecutivos distintos en los que de cada uno de ellos se deriva una prestación distinta, con independencia de la naturaleza de esas prestaciones en ambos casos dineraria y no dineraria, por ejemplo-, pues la ley no impide la acumulación de acciones en la demanda de proceso de ejecución, lo que afirma tal posibilidad y que no existe ninguna razón para limitar este tipo de acumulación de acciones a los títulos ejecutivos de carácter extrajudicial o no arbitrales, por lo que cabe admitirla cualquiera que sea la naturaleza del título ejecutivo y siempre que concurran los requisitos para ello, aplicándose las exigencias de conexión de los arts.71.2 y 72 LEC , así como particularmente, el requisito de la competencia a que se refiere el art.73.1.1º LEC.“

Como bien se infiere de la cuestión planteada, el problema no es encaje legal de la acumulación inicial objetiva suscitada sino de eficacia práctica e incluso economía procesal y son razones de semejante naturaleza las que al menos en mi opinión y de las diferentes LA.J que pasaron por el Juzgado de Primera Instancia núm. 6 de Santiago de Compostela desaconsejan tramitar en uno mismo proceso de Ejecución de Título Judicial ambas pretensiones requiriendo en tales casos a la parte ejecutante que opte en ese proceso por una de tales pretensiones y deduzca nueva demanda o inste deducción de testimonio para la apertura de otra ejecución de título judicial por la otra prestación en razón de:

-la deficiente regulación procesal existente de la ejecución de título judicial en Derecho de Familia, en particular en relación a la no dineraria y

la absoluta diversidad de motivos de oposición, medidas de apremio, pertinencia de medios de prueba, posibilidades de ampliación e inclusive incidencias procesales -celebración o no de vista, etc. que ofrecen la ejecución de título judicial dineraria respecto a la ejecución dineraria.

Son conocidas las particularidades de la ejecución de título judicial en sede de Derecho de Familia como el carácter directamente ejecutivo de algunos pronunciamientos -art. 774.5 LEC la existencia de pronunciamientos susceptibles de ejecución de oficio, la concurrencia de titulo susceptible de modulación en sede de ejecución al margen de la modificación por variación sustancial de circunstancias -arts. 91 y 100 CC y 775 LEC-, la propia vigencia temporal de diferentes títulos -auto de medidas provisionales, sentencia de primera y segunda instancia, ulterior modificación de medidas definitivas, etc.-.

Es asimismo incontrovertida en el foro la ausencia de regulación específica y completa de la Ejecución de Título Judicial en Derecho de Familia tanto dineraria -la limitación legal de los motivos de oposición, ex art. 556 y ss LEC como en especial de la no dineraria -la insuficiencia de la previsión de los arts. 709 y 776 LEC que impone una en ambos casos una interpretación integradora finalista y flexibilizadora del régimen legal común.

Las discrepancias doctrinales y jurisprudenciales sobre la admisión de ciertas causas de oposición no previstas en la LEC en la ejecución dineraria de título judicial -compensación, abuso de Derecho, enriquecimiento injusto, variación sustancial de circunstancias, cese de convivencia de hijo mayor, etc. y la manifiesta insuficiencia de la regulación de la ejecución no dineraria de título judicial incumplimiento imposibilidad de cumplimiento, flexibilización etc. de sistema de guarda y custodia o del régimen de estancias y comunicación , aspectos accesorios temporales personales o locativos, etc. no previstos en el título, etc., variación sobrevenida de la voluntad madura del menor unida a la ineficacia práctica real de la posibilidades legales previstas ante un incumplimiento tanto la multa al progenitor incumplidor del art. 776.2 LEC como la delicada posibilidad de variación de régimen de guarda y custodia o del régimen de estancias y comunicación del art. 776.3º LEC al margen del proceso de modificación de medidas definitivas y sumado todo ello al carácter absolutamente diferente del objeto de una y otra ejecución que afecta a las causas de oposición, a los notable diferencia de hechos a acreditar, a la absoluta diversidad de consiguientes medios de prueba a practicar -oficios, requerimientos, etc., en la Ejecución dineraria, frente a la eventual exploración de menor, informe del equipo psicosocial, etc. . en la no dineraria e inclusive al diferente alcance de ciertas actuaciones procesales como el objeto de las medidas de apremio a adoptar, el alcance de la ampliación de la ejecución de título judicial en la dineraria del art. 578 LEC, frente a la eventual concatenación sobrevenida de nuevos incumplimientos en la no dineraria, o inclusive la misma pertinencia o no de la celebración de la vista prevista en los arts. 560 y 561 LEC, etc. parece justificar por razones de economía procesal la tramitación simultanea pero en procesos diferentes de una y otras prestaciones , requiriendo ab initio en tales casos a la parte ejecutante que insta de manera acumulada la Ejecución de ambas prestaciones que opte en ese proceso por una de tales pretensiones y deduzca nueva demanda o inste deducción de testimonio para la apertura de otra ejecución de título judicial por la otra prestación.