Según refieren estas organizaciones, durante los últimos meses se han dado numerosos casos en los que se ha criminalizado a estos niños, niñas y adolescentes a nivel social y político, a través de discursos que les tratan, de manera colectiva, como una amenaza social y un problema de orden público, relacionándolos directamente con la comisión de delitos y de actos violentos.
Las organizaciones de infancia han constatado que la proliferación de estos mensajes de criminalización y de odio está calando en la sociedad. Manifestaciones o actos de naturaleza política, como las que se han llevado a cabo en El Masnou en Catalunya, en el barrio de la Macarena en Sevilla y delante de los Centros de Menores de Hortaleza en Madrid, vulneran los derechos fundamentales de estos niños y niñas, y provocan que algunos sectores de la sociedad les perciban como una amenaza a la seguridad ciudadana.
Asimismo, estas entidades especializadas en infancia, insisten en que en ningún caso se debe dar a entender a través de declaraciones o acciones que “niño migrante no acompañado” es sinónimo de delincuente o de problema de orden público. Recuerdan que una afirmación general sobre su criminalidad vulnera el principio de no discriminación y la presunción de inocencia, contenidos en el artículo 40 de la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño, ratificada por España. Las organizaciones de infancia añaden que las manifestaciones y la realización de "actos de contenido político" en las inmediaciones de un centro de protección de menores supone “una injerencia en la vida privada y en el domicilio de estos niños y niñas", contraria al art. 16 de la Convención.
Según este artículo, "ningún niño será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada (…), su domicilio (…), ni de ataques ilegales a su honra y a su reputación. El niño tiene derecho a la protección de la ley contra esas injerencias o ataques".
Igualmente, las organizaciones de infancia y el Consejo de la Abogacía, recuerdan que el artículo 4 de la Ley Orgánica de Protección del Menor proclama la protección del derecho al honor y la inviolabilidad del domicilio de los menores, y prevé expresamente la intervención inmediata del Ministerio Fiscal para impedir y exigir la reparación de cualquier intromisión ilegítima en la intimidad, honra o reputación de los menores que se produzca a través de los medios de comunicación.
Las organizaciones alertan de que este tipo de actos, declaraciones y discursos ponen en grave peligro la integridad física, psíquica y moral de los niños y niñas, en la medida en que pueden contribuir a que se desencadenen actos xenófobos o de odio contra estos niños y niñas, como los que, según los testimonios que han llegado a Fundación Raíces, han ocurrido en las últimas semanas y que han sido puestos en conocimiento de la Fiscalía para su investigación.
Las organizaciones piden a la Fiscalía que investigue la posible existencia de hechos que podrían ser constitutivos de los delitos tipificados en el Código Penal, en los artículos 170.1 y 173.1, referidos a las amenazas y a los tratos degradantes y menoscabo de la integridad moral, en relación con las agravantes previstas en los apartados 2 y 4 del artículo 22, así como en los artículos 510 y 510 bis, referidos a los delitos de incitación al odio.
Las organizaciones de infancia y el Consejo General de la Abogacía urgen a las instituciones competentes a tomar las medidas oportunas para prevenir la proliferación de este tipo de discursos de odio, de carácter claramente xenófobo, exigiendo seriedad y rigor en el tratamiento de este tema, y en especial, solicitándoles que adopten medidas urgentes para proteger la integridad y la vida de estos niños y niñas, que, ahora más que nunca, se encuentran en grave peligro.
