Pilar Llop ha dado cuenta del estado de los expedientes penales, los relacionados con la protección de datos personales y los expedientes civiles, así como aquellos avances relativos a la digitalización de la cooperación judicial transfronteriza.
La titular de Justicia en funciones se ha referido en primer lugar a la directiva sobre recuperación de activos y decomiso que “permitirá avanzar hacia una debida identificación de bienes procedentes del delito"; y a la propuesta de directiva sobre infracciones y sanciones penales por la vulneración de las medidas restrictivas de la Unión, “de importancia capital en la respuesta de la Unión Europea a la guerra de agresión de Rusia en Ucrania".
Llop también ha avanzado el estado de las negociaciones sobre dos prioridades de la presidencia, la directiva sobre la lucha contra la trata de seres humanos, y sobre la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica. En relación con esta última, ha pedido “reducir las diferencias entre nuestras dos instituciones en un tema que es prioritario para ambas".
La ministra en funciones también ha dado cuenta de la actividad de la Fiscalía europea, que “durante 2022 recibió 3.318 denuncias de supuestos fraudes y abrió 865 investigaciones, con un alcance de aproximadamente 9.900 millones de euros". Además, ha adelantado que la “Presidencia española pretende que el Consejo apruebe antes de fin de año las reglas para la sustitución y renovación de los Fiscales Europeos cuyo mandato caducará entonces".
Llop también ha hecho referencia a la directiva relativa a la protección de las personas que ejercen la participación pública contra procedimientos judiciales manifiestamente infundados o abusivos (SLAPP), que ha considerado “esencial para proteger a periodistas, defensores de derechos humanos y a otras personas que participan en la vida pública".
Acceso a datos personales
En cuanto a la protección de datos, la titular de Justicia en funciones ha avanzado la constitución de un grupo de expertos de alto nivel en materia de acceso a datos personales con fines de investigación policial y judicial; y la adecuación de un nuevo “marco de privacidad" en este ámbito entre EE. UU. y la UE, que “aportará seguridad jurídica a la transferencia de datos desde la Unión Europea a dicho país".
Por último, la ministra en funciones ha destacado la importancia de la transformación digital de la cooperación jurídica transfronteriza que se encuentra entre las prioridades de la Presidencia y para la que “impulsará los procedimientos aún pendientes en el seno del Consejo".
