¿Puede el abogado de oficio decidir libremente interponer o no recurso de apelación en un asunto de Derecho de Familia si considera clara su desestimación?

En respuesta a la pregunta: ¿Sería factible en nues...

En respuesta a la pregunta: ¿Sería factible en nuestro ordenamiento jurídico garantista otorgar libertad a los abogados del turno de oficio para decidir la prosecución del proceso en la alzada conforme a su leal saber y entender?, mi respuesta es positiva.

Entiendo que en efecto podría el letrado del turno de oficio decidir abstenerse de interponer recurso de apelación frente a una resolución que contenga decisiones correctas, con base incluso en el art. 23 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita -LAJG -EDL 1996/13683-, que permite al abogado designado desarrollar su actividad con libertad e independencia de criterio, con sujeción a las normas deontológicas y a las que disciplinan el funcionamiento de los servicios colegiales de justicia gratuita.

Redundaría no solo en pro de la fluidez del funcionamiento de las secciones de la Audiencia Provincial de Madrid, especialmente las de familia, que se ven sobrecargadas, sino también, y lo que es mas importante, en una considerable reducción del conflicto que de ordinario preside la relación entre partes, recordando que en numerosas apelaciones, sobre todo aquellas en las que se dilucida la custodia, persiste la tensión en tanto se encuentra vivo el proceso, lo cual es deseable sea evitado.

Quiero dejar también apuntada la posibilidad de que el letrado director haga valer la insostenibilidad de pretensiones al amparo del art. 32 LAJG en aquellos supuestos en que son a todas luces inviables y vienen abocadas al fracaso, como sea la instauración de medidas ex novo en procesos modificatorios, art. 775 LEC -EDL 2000/77463-, no contempladas en la sentencia que se trata de modificar, lo cual no es infrecuente.

El marco legal del tema gira sobre varios principios que deben destacar...

El marco legal del tema gira sobre varios principios que deben destacarse de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita -LAJG -EDL 1996/13683-.

Se pone de manifiesto en la norma en el art. 23, que lleva por &rdquo, la independencia de criterio que preside la actuación del letrado/a de oficio, que, ya de por sí, avalaría la posibilidad de decidir con libertad de criterio el carácter insostenible del recurso que se pudiera presentar:

Los profesionales que presten el servicio obligatorio de justicia gratuita, a los que se refiere esta ley, desarrollarán su actividad con libertad e independencia de criterio, con sujeción a las normas deontológicas y a las normas que disciplinan el funcionamiento de los servicios colegiales de justicia gratuita

El art. 33.2 del Estatuto general de la abogacía -EDL 2021/8024 señala que:

&ldquoEl abogado, en cumplimiento de su misión, actuará con libertad e independencia, sin otras limitaciones que las impuestas por la Ley y por las normas éticas y deontológicas&rdquo.

El art. 32, en el marco general de la señala que:

&ldquoCuando el Abogado designado para un proceso considere insostenible la pretensión que pretende hacerse valer, deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita, dentro de los 15 días siguientes a su designación, exponiendo los motivos jurídicos en los que fundamenta su decisión. Transcurrido dicho plazo sin que se produzca tal comunicación, o sin que el Abogado pida su interrupción por falta de la documentación necesaria para evaluar la pretensión, éste queda obligado a asumir la defensa&rdquo.

Y a efectos del recurso que aquí se plantea el art. 35, que lleva por señala que:

&ldquoEl mismo procedimiento previsto en los artículos anteriores se seguirá cuando se trate de interponer recursos contra resoluciones que hayan puesto fin al proceso en la instancia correspondiente, si el abogado del recurrente considerase inviable la pretensión.

El cómputo del plazo para la interposición de los recursos quedará suspendido hasta tanto se resuelve materialmente la viabilidad de la pretensión&rdquo.

Con ello, ya la propia normativa nos da la opción de que el letrado/a pueda acudir a su independencia decisoria y plantear la insostenibilidad de la pretensión.

Y, además, el art. 41 RD 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita -EDL 2021/5907-, que lleva por rúbrica señala que:

&ldquo1. Cuando la persona profesional de la Abogacía designada para un proceso considere insostenible la pretensión que pretende hacerse valer, deberá comunicarlo a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita dentro de los diez días hábiles siguientes a su designación, mediante la presentación de un informe debidamente motivado en el que exponga los argumentos jurídicos en los que fundamenta su decisión, y se tramitará a continuación conforme a lo previsto en los artículos 32 a 35 de la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica Gratuita.

Este mismo procedimiento se seguirá cuando se trate de interponer recursos contra resoluciones que hayan puesto fin al proceso en la instancia correspondiente, si el abogado o abogada del recurrente considerase inviable la pretensión.

2. Los Colegios de Abogados llevarán un registro especial en el que se dejará constancia de los expedientes tramitados con motivo de la insostenibilidad de la pretensión formulada por los colegiados.&rdquo

La STC de 15-1-1998 -EDJ 12 ha señalado que:

"el requisito de la sostenibilidad de la pretensión ha sido considerado por este Tribunal como dotado de una finalidad constitucional legítima, razonable y proporcionada, de manera que la denegación del beneficio de justicia gratuita por insostenibilidad de aquélla tiende, ante todo, a asegurar que el esfuerzo social colectivo y solidario que requiere el disfrute de tal beneficio por parte de los ciudadanos más desfavorecidos económicamente no vaya a parar a la defensa de pretensiones que, por absurdas o descabelladas, no resulten merecedoras de ser sufragadas con dinero público persiguiendo, además, la finalidad de evitar el ejercicio abusivo o temerario del derecho de acceso a la jurisdicción en defensa de pretensiones manifiestamente abocadas al fracaso -STC 12/1998, de 15 de enero, FJ 4 a-.

Asimismo, la regulación de la Ley de enjuiciamiento civil antes expuesta permite aseverar que no se otorga a los órganos judiciales ni intervención ni potestad alguna de decisión en el procedimiento encaminado a examinar la sostenibilidad de la pretensión que quiera ejercitar el beneficiario de la justicia gratuita. No obstante hemos señalado que el hecho de que no sea un órgano judicial el que, en último término, se pronuncie sobre la sostenibilidad o no de la pretensión a los efectos de la pérdida del beneficio de asistencia jurídica gratuita, no puede ser tenido por contrario al art. 24.1 CE, porque el simple examen acerca de si el ejercicio de una pretensión procesal es o no jurídicamente viable no puede, en modo alguno, equipararse al enjuiciamiento sobre el fondo de aquélla, que es la función que ha de quedar siempre reservada, ex art. 117.3 CE, a los Juzgados y Tribunales o, en su caso, a los órganos arbitrales, como equivalente jurisdiccional -&hellip-

También ha dicho este Tribunal que no resulta objetable, desde la perspectiva del art. 24.1 CE, el hecho de que los Letrados designados de oficio realicen un juicio sobre la procedencia o fundamento de la pretensión. La asistencia letrada, además de objeto de un derecho fundamental de la persona, debe cumplir -en el marco de la deontología profesional una función de filtro de aquellas pretensiones o recursos que pretendan entablarse con manifiesta falta de fundamento. Por ello, el hecho de que concretamente a los Letrados designados de oficio se les permita juzgar preliminarmente un asunto como improcedente puede ser entendido sin duda como una manera de no forzar a un Letrado a defender una postura que no cree correcta pero, además, cumple, del mismo modo que lo puede hacer cualquier Letrado, una función preventiva frente a abusos de la justicia&hellip&rdquo.

Con ello, ya el TC adelanta a exponer que no pueden ampararse recursos insostenibles bajo el amparo de que se trate de una asistencia jurídica gratuita que no requiere siempre y en cualquier caso que se tenga que recurrir al recurso si el abogado/a vislumbra el carácter insostenible. Indudablemente, si tiene dudas y detecta alguna arista o fuga a la sentencia digna de ser recurrida ya no estamos hablando de insostenibilidad de la pretensión, sino de resquicios a los que el letrado/a puede acogerse para recurrir. El filtro estará, pues, en la claridad del carácter insostenible del recurso en su caso, por lo que habrá que hacer el profesional una depuración de si es claramente insostenible o existen dudas, debido a que el planteamiento solo procede en el primer caso, y esto habrá que analizarlo de modo casuístico.

En la sentencia del TSJ Castilla-La Mancha 81/2018, de 19 de marzo -EDJ 87717 se trató, precisamente, del archivo de queja contra letrada designada del turno de oficio. Queja fundada en la no interposición de recurso de apelación contra auto que confirma en reforma el que aprueba el remate en la subasta de las joyas que había entregado el interesado como fianza por las responsabilidades civiles en que hubiera podido incurrir por un delito de estafa

En cualquier caso, con el texto en la mano está claro el que debe seguirse por el letrado/a para afrontar su tesis de la &ldquoinsostenibilidad de la pretensión&rdquo, ya que o se sigue el cauce del art. 32 en relación al art. 35 o debe interponer el recurso, con lo que la plasmación del principio de autonomía se ve interpuesto por norma legal que le obliga, en caso de querer ejercer este derecho profesional, a actuar del modo y manera que exige LAJG. Otra cosa bien distinta es que se modifique la ley y se establezca que no es preciso seguir el trámite de &ldquoinsostenibilidad de la pretensión&rdquo y se pueda actuar directamente, pero para ello exigiría una reforma legal.

Ante la pregunta realizada se observa que la Abogacía es muy ...

Ante la pregunta realizada se observa que la Abogacía es muy cauta y e piensa muy y mucho la interposición de un Recurso de Apelación si no considera oportuna la viabilidad.

Quiero pensar que cuando un Letrado del Turno de Oficio recurre en sede de apelación es por la viabilidad del Recurso, pero en la práctica profesional, cuando la defensa es ostentada por Letrados del Turno de Oficio, en ocasiones, en comunicar la insostenibilidad de la petición, recurre sin más.

Recuerdo de forma anecdótica un asunto en que llegamos a un acuerdo en la instancia, y el Letrado del Turno de Oficio recurrió la Sentencia sobre medidas que no habían sido solicitadas en la Instancia, y claro, se le desestimó y con costas, pero al ostentar su patrocinado del turno de oficio, no se pagaron.

Es compleja la pregunta, porque en definitiva entiendo que el Abogado del Turno se debe a su cliente, pero no puede ser una &ldquobarra libre&rdquo, si se nos permite la expresión, y creo que el Letrado deberá comunicar al Iltre. Colegio correspondiente la insostenibilidad del Recurso y en ese caso, todos ganaríamos en justicia.

Por ello, entiendo que la Ley no se podría modificar, dando facultades al Letrado del turno de oficio, por encima de las que el cliente le haya atribuido.

Conforme dispone la Ley 1/1996, de Asistencia jurídica Gratui...

Conforme dispone la Ley 1/1996, de Asistencia jurídica Gratuita -LAJG -EDL 1996/13683 si el abogado considerase inviable la interposición del recurso de apelación lo comunicará a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita quien recabará del Colegio de Abogados un dictamen sobre su viabilidad que deberá emitirse en el plazo de 15 días. Se solicitará, asimismo, informe fundado del Ministerio Fiscal cuando el dictamen del Colegio de Abogados coincidiera con el del abogado designado.

Si el Colegio de Abogados o el Ministerio Fiscal estimaran defendible la pretensión, se procederá al nombramiento de un segundo abogado. Los dictámenes emitidos por el Colegio de Abogados y por el Ministerio Fiscal serán aportados al nuevo abogado, para quien será obligatoria la defensa. En caso de que el Colegio de Abogados y el Ministerio Fiscal estimaran indefendible la pretensión, la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita desestimará la solicitud.

De acuerdo con lo establecido en el art. 35 LAJG

En principio, el proceso para que se declare que la pretensión de apelar es insostenible parece sencillo. El problema es que el abogado del turno de oficio que ha llevado el procedimiento en primera instancia, para someter al criterio de la Comisión que la pretensión es insostenible deberá remitir a la misma un escrito &ldquo&rdquo, es decir, deberá justificar porque el recurso no va a ser estimado. ¿No creen que es más fácil interponer un recurso de apelación porque no se está de acuerdo con una determinada medida que justificar ante la Comisión que el recurso es una pretensión insostenible? Aquí está la razón por la que son tan numerosos los recursos de apelación cuando la parte litiga bajo el beneficio de justicia gratuita. Por otro lado, también influye que no cuesta nada apelar, ni interponer un recurso de casación.

Los mecanismos legales para impedir el uso abusivo de los recursos cuando la pretensión es insostenible están ahí, y no hay ninguna reforma que hacer. Es más, limitar de alguna forma el derecho de la parte a recurrir una sentencia, nos llevaría a la afirmación demagógica de que

La Sec. 1ª de AP Barcelona está muy sensibilizada con este problema y ha dictado diversas resoluciones -por todas, el Auto de 10 de diciembre de 2019 EDJ 784097 en el que pone de manifiesto que:

&ldquo&rdquo. Incluso en el Auto de 18 de septiembre de 2020 se acuerda requerir &ldquo&rdquo.

Si tenemos que arbitrar alguna medida legislativa para evitar el constatado abuso en la interposición de recursos cuando la parte litiga con el beneficio de justicia gratuita, podría instaurarse, al igual que sucede con el recurso de casación, una fase de admisión del recurso, y cuando la AP considere que carece manifiestamente de fundamento, dictará Auto teniéndolo por no admitido.

La otra solución será incrementar de manera importante las Secciones Civiles de las Audiencias Provinciales. Pero parece que esta habrá que descartarla ¿no?

La designa de letrado por el turno de oficio comporta el derecho de def...

La designa de letrado por el turno de oficio comporta el derecho de defensa que a toda parte corresponde y en todas las instancias posibles.

El letrado designado de este modo debe cumplir su función con el máximo celo y diligencia conforme a la -obligación de medios-. La voluntad del cliente de que la sentencia dictada en primer grado sea revisada determina que el letrado presente recurso dado que no puede unilateralmente decidir lo contrario.

En este sentido, entiendo que el abogado de oficio no puede decidir libremente interponer o no recurso de apelación en un asunto de derecho de familia aunque considere clara su desestimación.

El letrado no puede eludir su deber de defensa pero en el marco precisamente de ese ejercicio puede y debe asesorar jurídicamente a su cliente y desaconsejarle la presentación del recurso a la vista de las posibilidades de éxito de la revisión, si aprecia inviabilidad fundada de su interposición y sopesar conjuntamente la decisión de interponerlo, porque es precisamente función del letrado la elección del mejor medio procesal en defensa de su cliente y este no es el recurso cuando la acción no está fundada.

Y es que es una de las obligaciones del letrado por ser quien conoce la ley y la jurisprudencia aplicables, la de informar al cliente de los &ldquopros y los contras&rdquo, del riesgo del asunto o de la conveniencia o no del acceso judicial, de la gravedad de la situación y la probabilidad de éxito o fracaso -STS 23-5-2001 EDJ 5999, art 12 B.2 Código Deontológico de la Abogacía EDL 2019/23872, art. 42 Estatuto General de la Abogacía EDL 2021/8024-.

De un tiempo a esta parte se han incrementado las sentencias condenatorias por responsabilidad civil basadas en la falta de consentimiento informado. Y es que la responsabilidad del letrado surge de la omisión de la diligencia debida en la presentación de sus servicios profesionales atendidas las reglas técnicas de su especialidad y en el marco del contrato de prestación de servicios, y ocurre, en ocasiones que no es buen consejo jurídico recurrir sino una manifestación de falta de diligencia.

Esta cuestión se conecta claramente también con la insostenibilidad de la pretensión específicamente prevista y tratada en la LAJG.

Y a ella deberá acudirse cuando sea necesario de modo que si el letrado considera que la acción que pretende interponer su cliente es, conforme a su criterio, jurídicamente inviable e insostenible jurídicamente ante los tribunales, el letrado deberá comunicárselo al cliente y, si éste no decide renunciar voluntariamente y de forma expresa, a tenor de los arts. 32 y ss LAJG EDL 1996/13683-, el abogado puede tramitar dicha insostenibilidad, comunicándolo a la Comisión Provincial de Asistencia Jurídica Gratuita dentro de los 15 días siguientes a su designación, exponiendo los motivos jurídicos en que fundamenta su decisión. Si el Colegio o el Ministerio Fiscal estimaran defendible la pretensión, se nombraría un segundo abogado para quien será obligatoria la defensa -art. 34 LAJG con el fin de evitar la vulneración al derecho fundamental a la tutela judicial efectiva -art. 24.1 CE EDL 1978/3879-. En caso contrario el cliente deberá litigar con sus propios medios pues se le habría denegado el beneficio a la asistencia jurídica gratuita.

En este sentido deben citarse las sentencias del TC 182/2002, de 14 de octubre -EDJ 41201 que declara que:

&ldquo 

La Sentencia del TC 12/1998, de 15 de enero -EDJ 12 sobre la misma cuestión declara que:

&ldquo

No veo pues factible en nuestro ordenamiento que pueda otorgarse, sin más, libertad a los abogados del turno de oficio para decidir la prosecución del proceso en la alzada conforme a su leal saber y entender, y estimo suficientes las previsiones ya existentes a las que debería acudirse y dar mayor o mejor uso para solventar estas situaciones efectivamente frecuentes en la práctica del foro.

Se comparte obviamente el análisis del punto de partida del p...

Se comparte obviamente el análisis del punto de partida del problema planteado -colapso de la Jurisdicción de Familia por falta de medios materiales y personales, agravación del mismo entre otros motivos en segunda instancia por la interposición de recursos de apelación por letrados designados por el turno de oficio y ausencia de objetiva y sustantiva justificación de muchos de ellos -.

Sin embargo, la solución propuesta de otorgar libertad a los abogados del turno para decidir la interposición de tales recursos &ldquor&rdquo impone diferentes atender diferentes perspectivas y ofrece muchas dificultades prácticas, debiendo ponderarse:

1º. La especial relación profesional entre el abogado designado por el turno de oficio y su cliente.

La relación ordinaria entre abogado y cliente se caracteriza como un contrato de arrendamiento de servicios -de medios, no de resultados y en ella al letrado tiene el deber de informar y aunque debe respetar las instrucciones de su cliente se le reconoce un irrenunciable margen de libertad e iniciativa para elegir los medios más convenientes ponderando entre otros factores las expectativas de éxito y de coste económico y temporal para su cliente.

Es sabido y así lo reitera la jurisprudencia que un deber primordial del letrado es informar adecuadamente al cliente de los 'pros y contras', del riesgo del asunto, de la conveniencia o no del acceso judicial, de su coste en tiempo y en dinero, de la probabilidad de éxito o fracaso y todo ello con lealtad y honestidad en el desempeño del encargo y respeto y observancia escrupulosa en Leyes Procesales.

Se basa, por tanto, en una relación de confianza que parte de la libre elección del letrado por el cliente -quien en cualquier momento puede decidir cambiar de profesional y en que cobran singular relevancia las instrucciones recibidas por el cliente que a su vez debe basarse en la referida información previa adecuada del profesional, de modo que el cliente sea consciente entre otros factores de que en caso de desestimación de su pretensión, las costas pueden serle impuestas la cuantía de las mismas y la probabilidad de que ello ocurra.

Una vez garantizada la citada información adecuada y recibidas las consiguientes instrucciones el letrado asume una obligación de medios y la responsabilidad consecutiva a la misma que alcanza entre otros aspectos a la derivada de falta de diligencia por realización extemporánea de acciones, pero también por la realización de actuaciones que procesalmente sean inviables de forma indiscutible con el siguiente coste económico para el cliente, etc. En este contexto y ante la eventual ausencia de precisas y actualizadas instrucciones del cliente y para evitar la exigencia de responsabilidad por inacción se opta por interponer ad cautelam algunos recursos porque siempre puede desistirse de él si las posteriores instrucciones del cliente son en ese sentido.

En el caso de letrado designado por el turno de oficio, la relación antes descrita ofrece perfiles diferenciados -art. 119 CE EDL 1978/3879, Ley 1/1996, de Asistencia Jurídica Gratuita, EDL 1996/13683, y RD 141/2021, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita, EDL 2021/5907 que inciden en la cuestión planteada y sobre todo en la viabilidad práctica de la solución propuesta.

En primer término, la obvia ausencia de elección de letrado por parte del cliente y las objetivas dificultades de cambio sobrevenido en el profesional designado. A diferencia de la libre contratación de letrado que se basa en la libertad del ambos de aceptar o rechazar y en la que el letrado una vez aceptado el encargo puede dejarlo inclusive cuando haya discrepancias con el cliente o se atente contra los principios de la profesión.

En segundo lugar, la previsible ausencia de previa relación de confianza entre cliente y abogado.

En tercer lugar, la realidad de las ordinarias dificultades de comunicación e inclusive en ocasiones localización del cliente por parte del letrado con los consecutivos contratiempos para realizar la labor previa de adecuada información y para redactar una &ldquohoja de encargo&rdquo o recabar las debidas y actualizadas instrucciones.

En cuarto lugar, la ausencia de riesgo efectivo de condena en costas salvo mejor fortuna del cliente

Sobre semejantes bases debe configurarse que el letrado designado por el turno de oficio debe desempeñar sus funciones de forma real y efectiva al menos hasta la finalización del procedimiento en la instancia judicial de que se trate.

En el ejercicio de tal libertad de defensa puede utilizar libremente la estrategia que considere oportuna para la mejor satisfacción de los intereses que tiene encomendados, sin otro límite que el respeto a los principios de buena fe y las normas de deontología profesional pero ante la ausencia de específicas y actualizadas instrucciones del cliente o ante unas instrucciones contradictorias con el criterio profesional sobrevenido del letrado una elemental prudencia suele obligarle a recurrir porque está obligado a la defensa hasta llevarla a su término y solo podría eximirse de una eventual exigencia de responsabilidad si acredita que su cliente le dio instrucciones &ldquoescritas&rdquo de no recurrir fuera de semejante posibilidad solo cabría plantear la insostenibilidad de la pretensión, expediente que conocida excepcional aplicación práctica.

Por tanto, dada la especial configuración de la relación abogado cliente en la designación por el turno de oficio, la solución planteada de atribuir semejantes nuevas facultades al letrado ofrece serias dudas de aplicación práctica: posibles dificultades de comunicación, ausencia en ocasiones de instrucciones actualizadas, muy limitado riesgo real de consecuencias económicas vía condena en costas para el cliente, prevención de exigencia de ulteriores responsabilidades al letrado, etc.

2º. La incidencia del alcance restrictivo a nivel doctrinal y jurisprudencial del concepto de insostenibilidad de la pretensión.

Es sabido que semejante resolución administrativa supone una valoración anticipada sobre el resultado de su eventual formulación ante los juzgados y tribunales y por ello mismo debe ser motivada y además es aplicada de manera restrictiva porque puede suponer una vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva -art. 24 CE-, en su vertiente de acceso a la jurisdicción -STC 136/2016 de 18 de julio EDJ 121811, STC 182/2002 de 14 de octubre, EDJ 41201-.

Pues bien, partiendo de su carácter instrumental respecto del derecho fundamental a la Tutela Judicial Efectiva en su vertiente de acceso a la jurisdicción y del principio constitucional de interpretación en el sentido más favorable para su ejercicio y disfrute, la insostenibilidad solo queda justificada si concurren los límites y motivos excluyentes establecidos por la doctrina del TEDH, TC y TJUE.

Las mismas exigencias, análogos criterios doctrinales y jurisprudenciales y similares motivos de fondo deberían informar la posibilidad planteada en este foro de otorgar libertad a los abogados del turno para decidir la prosecución del proceso en alzada conforme a su leal saber y entender y, por ello, la obligada observancia de tales parámetros, con el citado y justificado criterio restrictivo, pone asimismo en cuestión la efectiva y real aplicabilidad práctica de tal solución.

En caso contrario, de obviarse tales criterios, se abriría un indeseable riesgo objetivo de decisiones inadecuadas, lesivas del derecho a la tutela judicial efectiva y por ende materialmente injustas, sin el debido y suficiente control.

En definitiva, considero que la búsqueda de soluciones a problemas objetivos como el de ausencia o insuficiencia secular de recursos personales y materiales de la Administración de Justicia que sufrimos los profesionales no puede alcanzarse a través de &ldquoatajos&rdquo que impliquen un riesgo efectivo de lesión al derecho a la tutela judicial efectiva.

Frente a tales soluciones debería agotarse previamente otras opciones:

1º. La posibilidad de una mejor y más exhaustiva regulación sustantiva del expediente de insostenibilidad de la pretensión enumerando y objetivando con la mayor precisión posible los específicos motivos y supuestos justificativos de la misma, acogiendo en este sentido los criterios jurisprudenciales más recientes.

Así en la jurisprudencia se recuerda la posibilidad de apreciación de la misma en segunda instancia si la presentación de la alzada se convierte en repetición mimética de los argumentos previos obviando las contundentes razones de la resolución apelada -e inclusive en muchos otros supuestos soslayando una reiterada previa doctrina de la respectiva AP sobre la base de que no es admisible agotar el sistema de recursos en designación de oficio con cargo a fondos públicos si la pretensión notoriamente insostenible, entre otras el Auto de AP Barcelona, Sec. 18ª, 68/2020, de 12 de febrero -EDJ 514122-.

2º. Una mejor y más completa regulación de la posibilidad de revocación del derecho de justicia gratuita prevista en el art. 19.2 LAJG que facilitara su adecuada aplicación práctica: &ldquo&hellip