En el propio informe se destaca que: atendiendo a una encuesta del Instituto Nacional de Estadística, existe una correlación entre el tamaño de las empresas y su uso de las nuevas tecnologías. Las empresas más grandes tienden a tener página web, redes sociales propias y a vender a través de e-commerce. En un país en el que el 95% de las empresas tienen menos de 10 trabajadores, podemos generalizar que la mayoría de las empresas españolas están en el tramo inferior del espectro de la transformación digital.
En el marco de su Estrategia para el Mercado Digital, en julio del 2019, la UE implementó el “Reglamento (UE) 2019/1150 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre el fomento de la equidad y la transparencia para los usuarios profesionales de servicios de intermediación en línea, con el fin de promover la transparencia y la equidad entre las plataformas y las empresas. A grandes rasgos, esta nueva normativa fomenta la transparencia, al obligar a las plataformas a detallar sus condiciones y ofrecer así a las pymes una idea más clara de las “reglas del juego”.
En este sentido y según la opinión general, la regulación P2B define un código de buenas prácticas y no supone una carga para las propias plataformas, además de ofrecer a las pymes un canal para abordar cualquier agravio que puedan detectar.
Aún así, cómo el objetivo de la regulación es dar forma al comportamiento de las plataformas a largo plazo, corre el riesgo de no ser efectiva si las pymes y las asociaciones que les dan apoyo no ejercen sus derechos.
En este contexto, el informe explora cuatro líneas de acción para ilustrar como las plataformas y las pymes pueden maximizar los beneficios de las propuestas de la regulación en España y el resto del mundo.
