Los inspectores han presentado este miércoles en rueda de prensa un nuevo informe con propuestas contra el fraude fiscal y de reforma de las administraciones tributarias, que incluye algunos planteamientos que no se han abordado en la ley de lucha contra el fraude y no se han plasmado en el 'Libro Blanco' para la reforma del sistema tributario español, elaborado por el comité de expertos designado por el Gobierno.
Además, los inspectores plantean la eliminación o la reforma "sustancial" del tradicional régimen de módulos, que favorece la existencia de nidos de fraude a través de la emisión de facturas falsas y que no tiene razón de ser con los medios informáticos de los que prácticamente todos los comercios disponen.
Según ha indicado presidente de la Asociación, Julio Ransés Pérez Boga, España sufre desde hace años una persistencia en el tiempo de un amplio volumen de fraude fiscal y economía sumergida, que sitúa al país en una horquilla del 20-25% del PIB, el doble de la media de la Unión Europea. "Nos preocupa mucho esa elevada cifra", ha reconocido el presidente de la Asociación.
Para hacer frente a este hecho, los inspectores han lanzado una batería de propuestas, aunque no han abordado el sistema tributario, por ser cuestiones de política fiscal, ajenas al ámbito técnico en el que se mueven los inspectores de Hacienda, que es el relativo a la aplicación del sistema tributación y a la represión del fraude fiscal.
Los inspectores consideran que una política de reducción de la economía sumergida requiere, como paso previo e "insoslayable", de un conocimiento detallado del fenómeno y sus implicaciones fiscales, además de una apuesta por la educación fiscal.
Sobre esta última cuestión, Julio Ransés Pérez ha puesto sobre la mesa el debate sobre el traslado de residencia de algunos 'youtubers' a países como Andorra, con el objetivo de tributar menos por su actividad. "En este debate algunos decían que era legítimo que se marcharan. Claro que es legal, pero ¿es ético?", ha criticado el presidente de la asociación.
Fraude fiscal: limitar el pago en efectivo entre empresas
Los inspectores también plantean para reducir el fraude fiscal potenciar las transacciones por medios electrónicos, a la vez que se restringen los pagos en efectivo, sobre todo en las transacciones entre empresas. "Debe haber una obligación que requiera trazabilidad bancaria", ha reclamado el presidente de la asociación.
Por su parte, los inspectores también han alertado del elevado fraude en el impuesto de hidrocarburos y han advertido de que una posible subida del mismo agravaría esta situación. Por ello, han propuesto mejorar la coordinación entre la Agencia Tributaria y los reguladores del sector de la energía, así como establecer carácter mensual del modelo 380 sobre IVA asimilado a la importación.
Como ya han hecho en otras ocasiones, la Asociación de Inspectores de Hacienda del Estado plantea introducir en la Ley General Tributaria (LGT) un procedimiento especial que se aplicaría en los fraudes más graves o de carácter organizado, que supondría una especie de "muerte civil" de estos contribuyentes --personas o entidades--.
Además, se propone que la cuantía para la publicación de los datos en el listado de morosos se sitúe en 300.000 euros, frente a los 600.000 actuales, y plantean que se imposibilite crear más empresas a quienes aparezcan en ella.
Armonización de Patrimonio y de Sucesiones y Donaciones
En el ámbito autonómico, los inspectores proponen mejorar la coordinación entre el Estado y las diputaciones forales en materia de lucha contra el fraude, mediante la creación de una base de datos compartida con los contribuyentes que tributen en cifra relativa. Asimismo, creen que se deben establecer mecanismos que garanticen que la normativa procedimental es homogénea en todas las administraciones tributarias.
En cuanto al impuesto sobre el patrimonio y de sucesiones y donaciones, los inspectores reclaman una armonización de tipos impositivos y una mayor simplicidad relativa a los puntos de conexión para fijar qué comunidad es la competente para gravar al contribuyente y en dónde debe declarar. Además, los inspectores consideran que es necesaria una revisión de los beneficios fiscales, especialmente en el caso de la empresa familiar.
De su lado, la asociación propone instrumentar una campaña contra los cambios ficticios de domicilio fiscal a realizar por la Agencia Tributaria y las comunidades autónomas de régimen común y forales, para luchar contra esta situación que "genera fraude fiscal y pérdidas recaudatorias".
