Este artículo aborda desde la interpretación de sus alcances hasta la identificación de los actores involucrados en esta cuestión, y explora las implicaciones que supone para el tejido empresarial
La Constitución Española establece en su artículo 40.2, como uno de los principios rectores de la política social y económica, que los poderes públicos velarán por la seguridad e higiene en el trabajo