Durante su intervención, Dolz ha afirmado que la apuesta decidida por el multilateralismo que defiende la Unión debe convertirse en un “pilar central para la promoción y protección de valores comunes democráticos y del Estado de Derecho”, y ha expresado la plena disposición del Gobierno de España para trabajar conjuntamente en la consecución de los objetivos de la Agenda Estratégica de UE en materia de Justicia para los próximos años.
Entre otras líneas de actuación, el secretario de Estado ha apuntado la promoción de los instrumentos de Justicia digital para la modernización del servicio público.
En este ámbito, España aboga por el intercambio de buenas prácticas y soluciones tecnológicas desde un marco común que facilite la interoperabilidad de los sistemas de información de la Unión Europea. Ello deberá ir acompañado de un contexto normativo adaptado y de procesos de gestión del cambio que faciliten al personal de la Justicia la incorporación de la tecnología a su trabajo diario.
El Consejo ha abordado también el papel de la Red Judicial Europea para la mejora de la cooperación civil y mercantil. El secretario de Estado ha reconocido su enorme potencial y las oportunidades que ofrece a jueces del orden civil y mercantil así como a letrados de la Administración de Justicia. También ha señalado áreas de mejora de la Red, que pasan por potenciar las plataformas seguras de que dispone y afianzar las comunicaciones judiciales directas.
El secretario de Estado de Justicia ha recordado que en España existen varias redes internas para facilitar la cooperación jurídica internacional, como son la Red Judicial Española de Cooperación Judicial Internacional (REJUE) y la Red de Especialistas en Derecho de la Unión Europea (REDUE), coordinadas ambas por el Consejo General del Poder Judicial; la Red de Fiscales de Cooperación Internacional, coordinada por la Fiscalía General del Estado; y la Red Española de Cooperación Jurídica Internacional de Letrados de la Administración de Justicia (RECILAJ), coordinada por el Ministerio de Justicia.
En materia de formación de los operadores jurídicos, en el debate se ha apostado por fomentar una cultura judicial europea común, que favorezca la cooperación, confianza y reconocimiento mutuos. En este objetivo es prioritario avanzar en la formación continua de los profesionales de la Justicia, presencial y en línea, y profundizar en ámbitos como la capacitación en gestión y liderazgo, ética, perspectiva de género, materias digitales y financieras, además de comunicación e idiomas, incidiendo en el lenguaje jurídico.
