La iniciativa ha sido consensuada con el Gobierno de Canarias, el Cabildo de Lanzarote, los diferentes servicios sociales de la Isla, el Servicio Canario de Salud, los operadores jurídicos y las asociaciones de apoyo a las personas con discapacidad.
El proyecto nace desde la concepción de la Justicia como un servicio público que debe garantizar una atención integral a las personas con discapacidad y sus familias/personas cercanas, que acuden a los juzgados.
La oferta tendría su sede en el edificio judicial de Arrecife. Se trata de que los interesados no solo encuentren respuesta jurídica a sus necesidades, sino también social, desplazando a los juzgados, como mínimo ciertos días al mes, una labor de información.
El proyecto también busca incorporar a la guía un turno de facilitadores para su ofrecimiento a las personas con discapacidad que sean parte en los procedimientos judiciales. Facilitadores que, como marca la nueva ley, realicen tareas de adaptación y ajuste necesarias para que las personas con discapacidad, en cada procedimiento, puedan entender y ser entendidas.
En los próximos días se iniciarán los trabajos y reuniones que permitan desarrollar, de forma coordinada, el texto de la mencionada guía, logrando que se pueda someterla a la aprobación de la Junta de Jueces de Lanzarote y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.
