¿Puede acordarse de oficio la suspensión de actuaciones por prejudicialidad civil en materia referida a menores si no lo pide alguna de las partes?

Más allá de la rigurosa y estricta literalidad de l...

Más allá de la rigurosa y estricta literalidad de la norma reguladora de la prejudicialidad civil, art. 43 LEC -EDL 2000/77463-, entiendo que ha de darse a la misma una interpretación integradora en el resto del ordenamiento jurídico, contemplado como un conjunto, que no aislada dentro de la legislación, haciendo una interpretación lógico-sistemática.

Y ello máxime cuando vienen afectados los intereses de menores de edad, al tratarse de materia de orden público, ius cogens o derecho necesario, en la que no viene el Juez ni el Tribunal vinculado por el rigor propio de los principios dispositivo y de rogación -art. 216 LEC-, de congruencia -art. 218 de la misma-, de contradicción e igualdad de armas en el proceso que inspiran nuestro ordenamiento formal, de observancia estricta cuando de las restantes de derecho privado se trata, por lo que es factible al Juzgado y al Tribunal, superar los estrechos cauces procesales por los que han de cursar las causas, permitiendo de oficio acordar la suspensión del curso del procedimiento en el estado en que se encuentre, aunque no lo hayan solicitado ninguno de los litigantes, con ulterior reanudación una vez sentenciados los autos que tienen por objeto la cuestión prejudicial.

En este sentido se ha resuelto por la Sala de que formo parte, Secc. 22ª de AP Madrid, en dos recientes autos en los que ha sido ponente el Ilmo Sr. D. José María Prieto y Fernández-Layos, fechados respectivamente a 7 de junio de 2021 y de 22 de noviembre de 2021, recaídos, aquel en el rollo de apelación número 669/2021 y este en el número 1459/2.020 en ambos se razona la procedencia de la suspensión del curso de la causa en el estado en que se encuentre hasta la finalización del procedimiento que tiene por objeto la cuestión prejudicial, cuya continuación tendrá lugar en tal estado, entendiendo dable procesalmente meritada suspensión de oficio, aun a pesar de no haberse peticionado por ninguna de las partes -art. 43 LEC-, al encontrarnos ante una cuestión de derecho público normativo, por un lado, y en la que está comprometido el interés de una menor de edad, por otro, que permite la actuación de oficio.

Las actuaciones de oficio del juez deben tener una limitación...

Las actuaciones de oficio del juez deben tener una limitación al objeto de que no se adopten actuaciones que puedan causar un perjuicio a las partes del proceso si ninguna la ha instado, o suponer un &ldquodecisionismo judicial&rdquo en exceso respecto de lo que postulan las partes y el objeto de sus pretensiones.

Recordemos, por ejemplo, que cuando la Ley permite la actuación de oficio del juez la norma así lo expresa claramente, y cuando da la opción de que lo sea a instancia de parte o de oficio, así lo refleja con claridad. Por ejemplo, el art. 40.1 LEC -EDL 2000/77463 en materia de prejudicialidad penal señala que:

&ldquoCuando en un proceso civil se ponga de manifiesto un hecho que ofrezca apariencia de delito o falta perseguible de oficio, el tribunal civil, mediante providencia, lo pondrá en conocimiento del Ministerio Fiscal, por si hubiere lugar al ejercicio de la acción penal.

Es decir, en estos casos la norma no exige que sean las partes las que lo insten. En el art. 42 LEC respecto de cuestiones prejudiciales no penales señala que:

&ldquo1. A los solos efectos prejudiciales, los tribunales civiles podrán conocer de asuntos que estén atribuidos a los tribunales de los órdenes contencioso-administrativo y social.

2. La decisión de los tribunales civiles sobre las cuestiones a las que se refiere el apartado anterior no surtirá efecto fuera del proceso en que se produzca.

3. No obstante lo dispuesto en los apartados precedentes, cuando lo establezca la ley o lo pidan las partes de común acuerdo o una de ellas con el consentimiento de la otra, el Letrado de la Administración de Justicia suspenderá el curso de las actuaciones, antes de que hubiera sido dictada sentencia, hasta que la cuestión prejudicial sea resuelta, en sus respectivos casos, por la Administración pública competente, por el Tribunal de Cuentas o por los Tribunales del orden jurisdiccional que corresponda. En este caso, el Tribunal civil quedará vinculado a la decisión de los órganos indicados acerca de la cuestión prejudicial.&rdquo

Sin embargo, cuando se trata en el art. 43 LEC objeto de debate de la prejudicialidad civil señala que Cuando para resolver sobre el objeto del litigio sea necesario decidir acerca de alguna cuestión que, a su vez, constituya el objeto principal de otro proceso pendiente ante el mismo o distinto tribunal civil, si no fuere posible la acumulación de autos, el tribunal, a petición de ambas partes o de una de ellas, oída la contraria, podrá mediante auto decretar la suspensión del curso de las actuaciones, en el estado en que se hallen, hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial.

Ello hace que cuando al juez civil, las partes, -o una de ellas con audiencia de la otra le comuniquen que suspenda el pleito hasta que se resuelva otra cuestión relevante para la resolución que en ese procedimiento se vaya a dictar, el juez podrá decretar la suspensión de las actuaciones hasta que finalice el proceso donde se tramita una cuestión que es preciso valorar, o tener en cuenta para el dictado de la resolución del pleito donde se suscita por las partes, o una de ellas, la suspensión.

La cuestión es ¿Puede el juez llevarlo a cabo sin que las partes lo insten o citándoles a una comparecencia?

El matiz que ofrecemos en la forma de llevar a cabo esta cuestión es importante a la hora de diferenciarlo si la cuestión se plantea desde el punto de vista acerca de si puede el juez acordar de oficio la suspensión del curso de las actuaciones por prejudicialidad civil en materia referida a menores si no lo pide alguna de las partes.

La diferencia es importante, porque si el juez considera, como se plantea en una de las opciones de la pregunta, que en base a una interpretación lógico-sistemática de la norma enlazada con el principio del interés del menor, podría llegar a entenderse que sería positivo, en base a este interés la suspensión del procedimiento podría convocarse a las partes a una comparecencia al objeto de suscitar este debate sobre la viabilidad de la suspensión del procedimiento civil. Pero para acordarlo, y aquí está el matiz diferencial, en esa comparecencia debe haberlo instado, al menos, una de las partes. De ahí que si no lo insta ninguna de las partes en esa comparecencia aunque les cite el juez a la misma este no podrá acordarlo de oficio, ya que lo estaría llevando a cabo en contra del criterio de ambas partes, y sin que ninguna de ellas lo haya instado.

Es por ello, que la actuación de oficio por el juez de acordar la suspensión del procedimiento civil podría no estar amparada en causa legal, ya que cuando la Ley procesal ha querido dar las dos opciones de que se pueda adoptar la decisión por el juez de oficio, o a instancia de ambas partes, o una de ellas lo ha reflejado en la norma. Por ejemplo, en el art. 752.1 en materia de prueba en los procesos sobre provisión de medidas judiciales de apoyo a las personas con discapacidad, filiación, matrimonio y menores se contempla que:

&ldquoLos procesos a que se refiere este Título se decidirán con arreglo a los hechos que hayan sido objeto de debate y resulten probados, con independencia del momento en que hubieren sido alegados o introducidos de otra manera en el procedimiento. Sin perjuicio de las pruebas que se practiquen a instancia del Ministerio Fiscal y de las demás partes, el tribunal podrá decretar de oficio cuantas estime pertinentes.&rdquo

De ello, se deduce en una interpretación clara del espíritu del legislador que cuando en el precepto concreto solo se da carta a la posibilidad de que ambas partes lo pidan, o una de ellas, debe deducirse que no cabe el acuerdo por el juez de oficio, salvo que, como decimos, esta opción se limite a la convocatoria de la comparecencia de las partes. Pero sin posibilidad de acordarlo si no consta, al menos, que una de las partes interese la suspensión del procedimiento judicial.

Entiendo con relación a la pregunta planteada, que las facult...

Entiendo con relación a la pregunta planteada, que las facultades de ius cogens de los Tribunales, aunque ciertamente son claras al respecto sobre todo en materia de menores, no se utilizan con tanta frecuencia como nos gustaría a los operadores jurídicos, dado que los tribunales siempre se atienen a las peticiones de las partes y al impulso procesal que se haya imprimido para la resolución de la litis.

Trasladándonos al ámbito del Derecho de Familia, entiendo que son bastante flexibles los tribunales en estas materias, y normalmente cuando penden ante el mismo tribunal o distintos tribunales cuestiones que guarden conexión, habitualmente los Juzgados proceden a la acumulación de los autos en muchísimas ocasiones por los principios más elementales de economía procesal, véase en ocasiones por ejemplo en ejecuciones, o en materia de gastos extraordinarios.

Cuando me he encontrado en la práctica profesional alguna suspensión de actuaciones por prejudicialidad civil, ha sido porque realmente todavía no quedaba clara si la competencia era territorial o funcional o de un Juzgado o de otro y, por tanto, hasta que no se resolviese esa cuestión, sí que se podía paralizar el curso de las actuaciones del otro pleito que pudiese tener una incidencia sobre el que se está tramitando y decidiendo acerca de esta cuestión.

En ocasiones se ha planteado esta cuestión cuando nos encontramos ante asuntos de Derecho Internacional en los cuales se tiene que dirimir si el foro es de un país o de otro, y por tanto, si además el objeto del pleito fuese idéntico, al no permitir la acumulación, lógicamente por estar los pleitos en diferentes países, habrá que analizar al menos en la UE todas las cuestiones competenciales que a tal efecto establecen los Reglamentos para decidir si realmente la competencia la tiene un tribunal u otro, quedando a salvo siempre que para los países extracomunitarios posiblemente, al estar regidos por el Convenio de la Haya -EDL-, se acuda a cuál es el país que ha presentado con antelación el proceso.

Recientemente se nos planteó una paralización del curso de actuaciones porque estaban simultáneamente tramitando un proceso de divorcio ante los juzgados de Denia -Alicante y un proceso de divorcio ante los juzgados de Polonia, dado que, al ser polacos, la Ley aplicable es la de aquel país y, por tanto, cualquiera de los dos países podría resolver acerca de la cuestión del divorcio, si bien, habiendo contraído matrimonio en aquel país y teniendo los dos la misma nacionalidad, debería ser en aquel país donde se dilucidase el proceso de divorcio, paralizando el proceso en los Juzgados de Denia hasta que se dicte nueva Resolución ante los tribunales polacos.

Entiendo que cuando existen menores y hay alguna situación de urgencia, para ello sería de aplicación las medidas cautelares del art. 158 CC -EDL 1889/1-, o bien en su caso, las medidas previas, si realmente hubiese que dictaminar acerca de alguna situación de desprotección de los menores.

Es necesario recordar que la conexidad de los procesos no significa una identidad absoluta, sino simplemente que para resolver el proceso en el que se ponga de manifiesto la cuestión prejudicial, sea necesario resolverla previamente. Así, si la acumulación es imposible, será una o ambas partes las que lo pondrán de manifiesto ante el tribunal, podrá mediante Auto acordar la suspensión del proceso hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial, de forma que lo que allí se resuelva, tendrá el efecto prejudicial de cosa juzgada, y contra el auto que acuerde la suspensión del proceso, cabe recurso de apelación y contra el que la deniegue, sólo cabrá reposición.

Si la suspensión ha sido solicitada por ambas partes, el tribunal no queda condicionado, sino que debe examinar la concurrencia de los requisitos del art. 43 LEC -EDL 2000/77463-, sin perjuicio de que las partes hayan solicitado de mutuo acuerdo la suspensión del proceso, al amparo de lo establecido en el art. 19.4 LEC de esta Jurisdicción, dado que el derecho de disposición siempre asiste a las partes litigantes en el proceso.

Cabría también la posibilidad de que el propio tribunal convoque a las partes a una comparecencia, con el fin de decidir sobre la posible suspensión del proceso, cuando aprecia riesgo de pronunciamientos contradictorios.

Así pues, como conclusión, entiendo que, en principio, no podría acordarse de oficio la suspensión del curso de las actuaciones por prejudicialidad civil, a no ser que alguna de las partes lo haya solicitado.

La excepción de prejudicialidad civil prevista en el art. 43 ...

La excepción de prejudicialidad civil prevista en el art. 43 LEC -EDL 2000/77463 no puede apreciarse de oficio por el Tribunal.

Dentro de las facultades que el ordenamiento jurídico dota al Juez cuando se trata de resolver medidas en relación a los hijos menores no se encuentra la de suspender el proceso de divorcio o de adopción de medidas paterno filiales porque al mismo tiempo se esté tramitando otro procedimiento independiente cuyo objeto pueda incidir en el proceso en curso.

Pueden acordarse de oficio la práctica de las pruebas que el Tribunal considere oportunas -art. 752, 770, 771, 774, 778 quinquies LEC puede acordarse de oficio la exclusión de la publicidad en los procesos y que las vistas se celebren a puerta cerrada -art. 754 LEC pueden acordarse de oficio medidas de apoyo para menores con discapacidad -art. 762 LEC puede examinarse de oficio la competencia -art. 769 y 778 quáter LEC acordar el cese de la estancia de menores en centros de protección -art. 778 bis de la Lec también se podrán adoptar de oficio medidas de protección para el menor -art. 158 del CC y 778 quáter LEC conforme dispone el art. 778 quinquies LEC, el Juez podrá en cualquier momento, de oficio o a petición de cualquiera de las partes, proponer una solución de mediación si, atendiendo a las circunstancias concurrentes, estima posible que lleguen a un acuerdo, sin que ello deba suponer un retraso injustificado del proceso podrá solicitarse de oficio la acumulación de expedientes de declaración de desamparo -art. 780 LEC-.

En consecuencia, la respuesta a la cuestión planteada debe ser negativa.

No obstante, también conviene aclarar que las peticiones de suspensión del curso de los procesos de familia en los que existe hijos menores en base a la prejudicialidad civil son sistemáticamente desestimadas por los Juzgados y Tribunales. La mayoría de los casos en los que se alega esta excepción se encuentra en la fase de ejecución de sentencia con la finalidad de conseguir la suspensión del proceso de ejecución por estar pendiente de resolverse un procedimiento de modificación de medidas en el que se solicita que la modificación tenga efectos retroactivos. Pues bien, hay que precisar que la prejudicialidad civil del art. 43 LEC sólo es aplicable en juicios declarativos, y no en procesos de ejecución, dando el art. 569 LEC únicamente prevé la suspensión por prejudicialidad penal.

Otro escenario en el que también es frecuente la alegación de la excepción de prejudicialidad civil es aquel en el que estando tramitándose un procedimiento de divorcio o de medidas paterno filiales, se ha interpuesto un proceso de impugnación de la paternidad. El criterio judicial en estos casos es continuar el procedimiento sin perjuicio de las medidas que proceda adoptar una vez que sea firme la Sentencia dictada en el procedimiento de filiación -AP Madrid, Sec. 22ª, Sentencia de 12 de mayo de 2017, EDJ 126059 y AP Córdoba, Sec. 1ª, Auto de 14 de enero de 2019-.

Otro supuesto en el que se solicitó la apreciación de la prejudicialidad civil fue el resuelto por AP Barcelona, Sec. 12ª en su Sentencia de 8 de enero de 2015 -EDJ 2015/18104-, concluyendo la Audiencia Provincial que no existe prejudicialidad civil porque el hijo, de 17 años, haya solicitado la emancipación en un procedimiento independiente.

Solo nos quedaría la duda de si podría apreciarse esta excepción, en el caso de que iniciado un procedimiento de familia, estuviese en trámite un procedimiento para la adopción de medidas de apoyo respecto del progenitor demandado. Posiblemente la respuesta deba ser afirmativa, dado que para contestar a la demanda puede que el progenitor necesite la adopción de una medida de apoyo.

Conforme al actual sistema previsto en la LEC -EDL 2000/77463-, la susp...

Conforme al actual sistema previsto en la LEC -EDL 2000/77463-, la suspensión del proceso civil por prejudicialidad civil constituye y viene a significar una crisis del proceso por lo que debe ser aplicada con criterio restrictivo.

En este sentido, podemos calificarla de excepcional y parece también que sólo puede acordarse en fase declarativa y a petición de parte, bajo el principio de justicia rogada.

El tenor literal del art. 43 LEC en este sentido parece claro

La norma adjetiva hace también una diferenciación al regular la cuestión prejudicial y la litispendencia. Esta última según STS de 13 de marzo de 2012 -EDJ 2012/85904, con cita de las sentencias del TS de 24 de enero de 2006 -EDJ 2006/3948-, de 22 de marzo de 2006 -EDJ 2006/37262 y de 7 de noviembre de 2007 -EDJ 2007/213140-, coincide en sus razones y fines con la de la cosa juzgada ya que su objetivo es impedir la simultánea tramitación de dos procesos para evitar que puedan llegar a existir dos resoluciones contradictorias de tal forma que si la excepción de litispendencia no es alegada por las partes, debe ser apreciada de oficio a lo largo de todo el procedimiento y el juzgado, de darse los requisitos para ello, deberá dictar auto de sobreseimiento con imposición de costas a la parte actora -art. 421 LEC-.

La prejudicialidad en cambio no exige esa identidad, solo una afectación en la medida en que supone una interconexión o interdependencia entre procesos en curso que determina no el archivo sino la suspensión del proceso, para poder resolver con todos los elementos de juicio necesarios. Y esto pasa por conocer la solución previa a la cuestión prejudicial -que claramente condiciona el debate para no terminar decidiendo de forma contradictoria.

Vemos además que el art. 43 LEC no regula los casos en los que la cuestión que surja como prejudicial no haya sido planteada en otro proceso independiente como asunto principal por lo que la solución del precepto ante las hipótesis posibles es incompleta.

Dicho esto, parece claro que una aplicación literal de la norma puede llevarnos en alguna ocasión a situaciones &ldquono deseadas&rdquo lo que puede resultar especialmente gravoso en procedimientos de familia en los que están implicados menores de edad.

Para evitar resoluciones contradictorias, incompatibles entre sí y de difícil o imposible ejecución, si en el procedimiento queda cumplidamente acreditada la pendencia del proceso civil en el que se está examinando a título principal la cuestión conexa, y no se ha producido una petición expresa de parte, entiendo que cabría salvar la dicción literal del art. 43 LEC partiendo de su vinculación con el 421 LEC. Veo posible y conveniente que el tribunal, bien mediante providencia o aprovechando el acto de la vista, pueda poner en conocimiento de las partes y del Ministerio Fiscal esta circunstancia para que puedan valorarla e informar sobre una posible prejudicialidad civil. Ello posibilitaría a las partes realizar el necesario juicio de relevancia sobre la cuestión y formular finalmente la petición.

Y una vez efectuada la petición y en el marco de un procedimiento declarativo la norma general es intentar -evitando así la suspensión que un mismo órgano resuelva la cuestión principal y la conexa a ella de la que pueda depender la solución de aquella. Por ello según el art. 43 LEC aún dándose todos los presupuestos objetivos habrá que atenderse a la conveniencia o no de la suspensión de modo que el tribunal puede no acordarla porque no toda cuestión es prejudicial solo lo será la que &ldquodetiene el juicio en un proceso concreto&rdquo porque actúa como antecedente lógico del que puede depender que el fallo pueda tener un contenido u otro distinto y que exige resolverse de forma anticipada para poder después abordar el objeto.

No podemos perder de vista que la suspensión de las actuaciones no es un derecho procesal de la parte sino una facultad del tribunal, que &ldquopodrá&rdquo acordarla o no.

El tribunal en estos casos deberá calibrar la oportunidad de la suspensión, valorar si existe relevancia prejudicial y hallar el justo equilibrio entre el derecho a la tutela judicial efectiva y a un proceso sin dilaciones indebidas y el principio de seguridad jurídica.

Por último y en el marco de los procedimientos de ejecución, la ley procesal es también clara cuando dispone que sólo se suspenderá la ejecución en los casos en que la Ley lo ordene de modo expreso o así lo acuerden todas las partes personadas en la ejecución. Y así como recoge expresamente la suspensión por prejudicialidad penal en el art. 569 LEC no ocurre lo mismo con los supuestos de prejudicialidad civil y entiendo que no es dable una aplicación analógica del art. 43 LEC previsto para la fase declarativa del procedimiento.

Si bien este magistrado es partidario y además hace un uso ha...

Si bien este magistrado es partidario y además hace un uso habitual y muy exhaustivo de las amplias facultades que la LEC -EDL 2000/77463 le otorga en procesos de Derecho de Familia con intervención de menores de edad, en base al art. 752 LEC que le reconoce una facultad investigadora de oficio fundada en la necesidad de alcanzar en estos procesos la verdad real frente a la verdad formal propia de los procesos civiles regidos por un principio dispositivo puro, facilitándose a las partes la posibilidad de alegar e introducir pruebas a lo largo del proceso y amparando que el Tribunal pueda decretar de oficio cuantas pruebas estime pertinentes entre muchas otras las Sentencias del TS de 5 de octubre de 2011, de 13 de junio de 2011, de 25 de abril de 2011 y de 2 de noviembre de 2011, EDJ 249304 la posibilidad planteada de apreciar de oficio una posible prejudicialidad civil carece de la debida cobertura legal en la Ley en base al art. 43 Ley de enjuiciamiento civil y a su interpretación y configuración doctrinal y jurisprudencial, debiendo por tanto ser alguna de las partes -incluido obviamente en su caso el representante del Ministerio Fiscal quien plante y articule tal excepción procesal, siendo dable tan solo al tribunal,como mucho y de ser necesario, advertir o suscitar entre las partes la posibilidad de concurrencia de una eventual prejudicialidad civil, para que alguna de ellas plantee la misma pero absteniéndose de apreciarla de oficio si no es finalmente invocada.

En contra expresamente de la posibilidad de apreciación de oficio de la prejudicialidad civil se pronuncian, entre otrOs, el Auto de AP Madrid secc. 13ª, nº 200/2021, de 13 de mayo -EDJ 2021/653050-.

&ldquo &hellip.Dice el Auto de la Sección 8ª de esta Audiencia Provincial, de fecha 5 de diciembre de 2018:" Esta Audiencia ya se ha pronunciado en la reciente sentencia de la sección 12ª de 29 de septiembre de 2017 en los siguientes términos: "No puede compartir esta Sala la decisión adoptada por el Juzgador de instancia de apreciar de oficio la prejudicialidad civil a la que anteriormente se ha hecho referencia, pues su estimación sólo puede realizarse a instancia de parte, como sostienen entre otras muchas, la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 28ª, de fecha 11 de julio de 2017 que indica: "En el diseño del Art. 43 de la L.E.C la prejudicialidad civil no es apreciable de oficio". En el mismo sentido se pronuncia la sección 20 en la sentencia de 3 de marzo de 2015.

Igualmente, cabe citar la sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, Sección 1ª, de fecha 10 de julio de 2017, que declara: "Como ya se ha señalado el primer aspecto que debe ser objeto de examen es la alegada apreciación de oficio de la prejudicialidad civil llevada a cabo por el juzgador de instancia en su sentencia".

No cabe duda alguna que la prejudicialidad civil es una excepción que debe ser alegada por las partes y no puede ser apreciada de oficio, pues como señala la SAP Las Palmas, Secc. 4ª, de 7 de julio de 2015 -EDJ 2015/189505 "entiende la Jurisprudencia que no puede acogerse de oficio, porque "regulada hoy la prejudicialidad en el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil y la litispendencia en el artículo 421 de la propia Ley procesal, está claro: 1 Que no puede mantenerse la estimación de oficio de la prejudicialidad -...-". Además, debe tenerse en cuenta que para acordarla debe ser imposible la acumulación de autos y en el presente caso está pendiente de resolución".

Y, como de forma acertada resuelve el Juzgador a quo, "...debe tenerse en cuenta que la parte demandada ni siquiera ha llegado a plantear una cuestión prejudicial civil, lo que provocaría la suspensión del presente proceso hasta que se dictara sentencia firme en el proceso de divorcio entablado por las partes, en la que se regulara de forma definitiva el uso de la vivienda familiar, y debe recordarse que no puede acordarse de oficio tal suspensión, en cuanto que el art. 43 LEC exige la previa petición de parte".

Asimismo, sobre la imposibilidad de apreciación de oficio y además sobre el alcance material limitado de la citada prejudicialidad civil se pronuncia asimismo el Auto de AP Ourense, Secc. 1ª, nº 218/2021, de 6 de mayo -EDJ 2021/606082-, recuerda:

&ldquo&hellipSe alega como único motivo del recurso que la sentencia recurrida ha rechazado la acción de petición de legítima en base a la existencia de prejudicialidad civil por estar pendientes varios procedimientos de filiación de los que podían resultar nuevos hijos del causante con derecho a la legítima, por lo que hasta que no adquieran firmeza las sentencias dictadas en esos procedimientos los demandados no están obligados a abonar la legítima al actor. En apoyo de tal alegación se afirma que el artículo 43 de la Ley de Enjuiciamiento Civil que regula la prejudicialidad civil y contempla la posibilidad de suspender el procedimiento únicamente a instancia de las partes, que en este caso no se ha solicitado. Realmente no se ha procedido en la sentencia a suspender el procedimiento que sería la consecuencia de la aplicación del artículo 43 citado, sino que se ha desestimado la petición de pago de la legítima formulada en la demanda en base a la indeterminación de los legitimarios. La solución adoptada en la sentencia no se comparte por esta Sala debiendo resolverse la cuestión planteada conforme a la situación existente en el momento de planteamiento de la demanda. En este sentido, aun cuando existen resoluciones que con cierto pragmatismo alcanzan por vía de interpretación artículo 4.1 del Código Civil la solución de suspender la resolución del conflicto en tanto no se decida mediante sentencia firme el pleito que constituye un necesario antecedente, existe doctrina jurisprudencial expresa, como son las sentencias del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 2000, 2 de julio de 2000 y 9 de marzo de 2000, en la que se dice: "Tal norma impone que el órgano jurisdiccional en el proceso de menor cuantía, resuelva en la sentencia todas las excepciones y si estima prudente una dilatoria, como la litispendencia, se abstenga de hacerlo en cuanto al fondo la sentencia de la Audiencia Provincial no ha cumplido tal norma, sino que se ha abstenido de juzgar, cayendo en el concepto romano non liquet y ha suspendido el dictar sentencia, lo que no está previsto en la normativa procesal -...-. Y definitivamente se ha producido tal infracción, puesto que no resuelve la excepción de litispendencia que, al admitirse, debe desestimar la demanda y absolver en la instancia a los demandados, solución quizá equitativa pero que carece de apoyo legal." Aplicado analógicamente a este supuesto tal doctrina, no puede dejar de resolverse el fondo del asunto en base a una cuestión prejudicial por la que no se suspendió el procedimiento, pero cuya decisión realmente determina la necesidad de esperar a la resolución de dicha cuestión. Si ninguna de las partes solicitó la suspensión del procedimiento, es preciso resolver la cuestión conforme a la situación existente en el momento de presentación de la demanda.&rdquo

Ratifica semejante criterio el Auto de AP Madrid Secc. 20ª, nº 90/2015, de 3 de marzo -EDJ 2015/40058-, si bien referida a impugnación de acuerdo en ámbito de la LPH &ldquo&hellippor otro lado, el artículo 43 de la LEC impone a las partes la obligación de solicitar la suspensión del procedimiento, cuando entiendan que exista una situación de prejudicialidad, iniciativa o actuación de parte que no puede ser suplida por el órgano judicial.&rdquo

En cualquier caso, merece recordar la menor eficacia practica y el ámbito muy limitado de aplicación de tales supuestos de prejudicialidad civil en procesos de Derecho de Familia dada su configuración excepcional en la jurisprudencia y así basta citar entre muchas otras al Auto de AP Alicante, Secc. 4ª, nº 126/2018, de 4 de julio -EDJ 2018/736072-, que rechaza apreciar tal prejudicialidad entre procesos de divorcio contencioso y de impugnación de filiación, el Auto de AP Ourense, Secc. 1ª, nº 104/2017, de 20 de octubre -EDJ 2017/238462-, que rechaza asimismo tal posible prejudicialidad entre procesos de divorcio contencioso y de sobre determinación de la capacidad, o el Auto de AP Huelva, Secc. 1ª, nº 367/2016, de 19 de diciembre, que excluye tal posibilidad entre procesos de ejecución de título judicial y de modificación de medidas definitivas, siendo sólo excepcionalmente admitida la posibilidad de prejudicialidad civil por ejemplo en casos de tramitación coetánea de divorcio contencioso y proceso desahucio de vivienda cuyo uso era objeto de controversia en el proceso matrimonial en el caso ponderado por el Auto de AP Madrid, Secc. 25ª, de 8 de julio de 2005 -EDJ 115735-.