Después de la reforma del Código Penal introducida por la Ley 5/2010, no podemos obviar las responsabilidades penales en las que se puede ver implicada nuestra empresa. El fundamento de esta responsabilidad es lo que conocemos por responsabilidad por defecto de organización, que no es más que aquella que surge por las acciones llevadas a cabo por sus administradores o trabajadores cuando estos cometan ciertos delitos por cuenta de la misma y en su nombre y provecho. El Código Penal prevé la posibilidad de atenuar esta responsabilidad llevando a cabo la implantación de unas medidas que permitan prevenir y descubrir los delitos que en el futuro pudieran llevarse a cabo bajo la cobertura y utilizando los medios de los que dispone la persona jurídica. Para ello exige que la adopción de estas medidas se lleve a cabo antes del comienzo del juicio oral. Ante esta necesidad de implementar en la empresa una política de prevención penal, surgen los llamados Protocolos o Programas de cumplimiento normativo (Compliance Programmes).
Nos planteamos ahora, la necesidad de llevar a cabo estos Programas en aquellas empresas que actúen en la Red. Las ventajas que suponen este nuevo entorno, ha supuesto una creciente interés en posicionar nuestras empresas en Internet y en las Redes Sociales. Este hecho lleva consigo, la posibilidad de ver a nuestra empresa implicada en delitos tales como daños informáticos, delitos contra la propiedad intelectual, estafas electrónicas, interceptación de las telecomunicaciones, revelación de secretos o publicidad engañosa en internet. Estos y otros muchos delitos cometidos online pueden ser llevados a cabo por personas de nuestra Organización (representantes legales de la empresa, trabajadores o community manager) y por tanto debemos tomar las medidas necesarias para que no se den y en todo caso, de cometerse el hecho delictivo, atenuar en lo posible sus consecuencias penales. Los Programas de cumplimiento normativo que van encaminados a la protección penal de las empresas que actúan en Internet, se conocen como “Social Media Compliance” y para poder llevarlos a cabo necesitamos conocer tanto la normativa aplicable en el uso de redes sociales que abarca las normas y políticas de uso de la propia red social (políticas de privacidad, normas de publicidad, condiciones de uso …) como la normativa vigente que le pueda ser de aplicación (Ley de Protección de Datos, Derechos de autor, Competencia Desleal, Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico …).
Pero la dificultad de conseguir una seguridad jurídica para la empresa que se establece en Internet no queda ahí. La globalización que supone ofrecer los servicios en la Red, va a tener como consecuencia, trabajar en distintos territorios con normativas diferentes o con carencia de las mismas. Ejemplo de ello lo tenemos cuando contratamos servicios en la “nube” (“cloud computing”) y a consecuencia de ello, y a veces sin tener conocimiento de ello, alojamos datos de terceros en diferentes países del mundo donde sus normas para la Protección de Datos no tienen por qué coincidir con las exigencias que establezcan nuestra Legislación. Como responsables últimos del tratamiento de esos datos tendremos que velar por el uso que de ellos se pueda llevar a cabo.
Por último, el hecho de que la Sociedad evoluciona con mayor rapidez que el Derecho, se ha visto agravado con la eclosión de Internet y las Redes Sociales. Esto va a suponer una constante actualización de las normas por parte del Legislador y una interpretación más ágil por parte de los Jueces que a veces tarda en llegar.
Se abren por tanto, nuevas oportunidades de desarrollo profesional, por la novedad y complejidad que supone el conocimiento de toda esta nueva normativa y ante el creciente interés que muestran las empresas por acceder a estos nuevos mercados.
