El Ministerio subraya que desde entonces se ha trabajado en las mejoras, de forma que estas ya están prácticamente incorporadas en los procedimientos de reconocimiento de pensiones afectadas por recargos por falta de seguridad e higiene en el trabajo.
"En este breve plazo se han desarrollado las aplicaciones informáticas necesarias y se han subsanado las deficiencias detectadas en la Dirección Provincial del Instituto Nacional de la Seguridad Social de Madrid", afirma.
En concreto, Trabajo precisa que se ha diseñado un aplicativo informático específico que permite obtener información completa y homogénea de los expedientes gestionados. Para agilizar los trámites se utiliza el Registro de Prestaciones Sociales Públicas y el archivo documental informático que maneja el Instituto Nacional de la Seguridad Social hasta su habilitación.
Respecto a las deficiencias señaladas por el Tribunal en la Dirección Provincial de Madrid del INSS, "han sido subsanadas y no volverán a repetirse", subraya el Departamento que dirige en funciones Magdalena Valerio. Además, esta Dirección Provincial ha identificado todos los expedientes que perciben este recargo para comprobar que se ha aplicado correctamente el incremento del 20%.
Además, Trabajo ha resaltado que ya está muy avanzado el trámite para la aprobación de la Orden ministerial en la que se incluyen las nuevas tablas de mortalidad que se utilizan para calcular el capital coste de las pensiones derivadas de enfermedades profesionales, accidentes de trabajo y contingencias comunes, como aconseja el Tribunal de Cuentas.
Estas nuevas tablas, que ya han sido remitidas a los agentes sociales y a las mutuas, recogen el aumento de la esperanza de vida de los pensionistas de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y favor de familiares.
El informe del Tribunal
En su informe de fiscalización de los recargos aplicados durante el ejercicio 2016, el Tribunal de Cuentas advertía de que la ausencia de una regulación normativa adecuada para la gestión, el control y seguimiento de los recargos derivados de incumplimientos en materia de seguridad e higiene en el trabajo retrasaba su tramitación y ejecución.
Estos recargos sobre las prestaciones económicas derivadas de accidente de trabajo o enfermedad profesional, entre un 30% y un 50% en función de la gravedad de la falta, se reconocen por parte de la Inspección de Trabajo en favor del trabajador en caso de responsabilidad empresarial, como consecuencia de la falta de adopción de medidas de seguridad e higiene en el trabajo.
Sin embargo, el Tribunal de Cuentas detectaba en su informe varios elementos que dificultan la tramitación de estas compensaciones, así como su determinación por parte de la Seguridad Social, al tiempo que reclamaba la actualización de las tablas de mortalidad, 'congeladas' desde 2000, ante posibles desfases en los recargos a costa de la Seguridad Social.
