La presidenta del fiscalizador, Enriqueta Chicano, comparecerá ante miembros del Congreso y el Senado para exponer las principales conclusiones de este documento, publicado en 2022, que fiscalizó la operativa sobre las bonificaciones de cuotas por conversión en indefinidos de los diferentes tipos de contrato.
El informe analizaba las bonificaciones reguladas en la reforma laboral de 2012, si bien la fiscalización abarcaba los ejercicios de 2018, cuando se convirtieron a indefinidos 31.326 contratos por 12,3 millones en bonificaciones; y 2019, año en el que 34.500 contratos se hicieron indefinidos por incentivos de 13,9 millones euros.
Según el análisis del tribunal, esta actuación pública de los incentivos es ineficiente y sólo es eficaz de manera relativa, por lo que aconsejaba al Ministerio de Trabajo valorar su intervención.
El órgano fiscalizador también constató con este documento la inexistencia de informes o evaluación continuada de las políticas activas de empleo que avalen el diseño de esas bonificaciones por cuotas a la hora de convertir contratos en indefinidos.
Inexistencia de plan estratégico
Asimismo, advertía de que no había un plan estratégico para valorar la eficacia de los incentivos en la consecución de sus objetivos, ni por qué se fijó un incentivo de 500 euros anuales en caso de hombres y de 700 euros al año para las mujeres. Cabe reseñar que el tribunal descubrió que pese a la mayor cuantía por hacer indefinidas a las mujeres, se hizo indefinidos a más hombres.
Por otro lado, el documento desvelaba que aunque en los contratos en prácticas los convertidos por bonificación eran porcentualmente muy similares entre ambos sexos, las diferencias se incrementaban sustancialmente en el caso de contratos de relevo y de sustitución.
En los contratos de relevo, se benefició un 68% de hombres frente a un 31% de mujeres, mientras que en los de sustitución el porcentaje fue de 30% para mujeres y del 70% para los hombres.
Evaluaciones periódicas
Con todos estos datos, el fiscalizador recomendó al Ministerio de Trabajo estudiar el diseño de un plan estratégico sobre las bonificaciones de cuotas globalmente consideradas y que realizara evaluaciones periódicas con el fin de valorar la intervención pública.
Asimismo, encomendaba al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) a impulsar las acciones de colaboración necesarias con la Inspección de Trabajo y la Tesorería General de la Seguridad Social para mejorar la eficacia de la lucha contra posibles fraudes mediante el envío de la información y documentación necesaria sobre los contratos y los criterios de gestión y control.
