Para el alto tribunal, el mecanismo de financiación del bono social eléctrico establecido es contrario al derecho de la Unión Europea al discriminar a unas empresas frente a otras, y así lo estipuló en febrero de este año, al igual que había hecho ya antes.
La decisión no afectó a la aplicación del descuento por el bono social en la factura de determinados consumidores vulnerables, pero declaraba inaplicable el mecanismo de financiación establecido.
El bono social es una prestación de carácter social destinada a proteger a los consumidores vulnerables y por la que se aplica un descuento en el precio de la electricidad consumida en casa. El primer sistema de financiación fue creado en el año 2009.
Admite un recurso de Iberdrola
Ahora, la Sala de lo Contencioso ha admitido a trámite, en un auto del 31 de mayo, un recurso de la comercializadora de Iberdrola, que denuncia una infracción en el reparto de competencias entre la Administración del Estado y la CNMC. "Tiene interés casacional objetivo", según el Supremo, "precisar" cuál de los dos tiene la potestad de reconocimiento de retribución en el sector eléctrico.
Y, "en concreto", desde el alto tribunal apuntan a fijar en una resolución de quién es "la potestad para resolver una solicitud de reintegro presentada como consecuencia de la declaración de inaplicabilidad del mecanismo de financiación del bono social", es decir, a quién le toca asumir el aprobar la devolución del dinero.
Tras los reveses sufridos en los tribunales, el Gobierno procedió a devolver las cantidades financiadas por las compañías por el bono social en 2014, 2015 y 2016, así como los intereses legales correspondientes, por un importe de casi 520 millones de euros.
Otros países de la Unión Europea prevén que ese coste se financie con cargo a sus presupuestos generales, pero España prefirió hacer recaer esa obligación sobre algunas empresas del sector eléctrico.
