El nuevo marco europeo dejará en manos de los denunciantes elegir si desvelan la información por un canal interno a la entidad legalmente implicada o lo hacen directamente a las autoridades nacionales o instituciones europeas.
Si la denuncia no provoca la respuesta adecuada de parte de las autoridades o el delator cree que existe una amenaza inminente para el interés público o riesgo de represalias, las nuevas reglas de la UE le avalan para tener protección si decide revelar la información en la prensa.
Los escándalos de corrupción y fraude recogidos en casos recientes como los 'papeles de Panamá', el 'Dieselgate' o el 'LuxLeaks' sirvieron también para poner en evidencia la vulnerabilidad de los denunciantes, que se enfrentaban incluso a despidos e intimidaciones.
Así, la nueva norma introduce salvaguardas específicas para impedir que se intimide a los denunciantes con despidos, sean degradados en sus puestos de trabajo o sufran cualquier tipo de represalia, y amplían esta protección a familiares, intermediarios y periodistas de investigación.
Los eurodiputados han aprobado con una amplia mayoría de 591 a favor, 29 en contra y 33 abstenciones el acuerdo negociado con el Consejo para introducir estas medidas en la Unión Europea.
Una vez que los Veintiocho confirmen también el acuerdo en una reunión ordinaria de ministros de la UE, la nueva norma será oficial y los países tendrán un plazo de dos años para trasladarla a sus legislaciones nacionales.
Entre las novedades figura la obligación para los Estados miembros de informar de manera exhaustiva e independiente de los procedimientos disponibles, ofrecer asesoramiento de manera gratuita y proporcionar ayuda legal.
La UE prevé, además, que durante el proceso judicial que se derive de la denuncia la persona que haya contribuido a destapar el fraude cuente con apoyo económico y psicológico.
De este modo, se quiere proteger a quienes descubran y denuncien infracciones contra la legislación comunitaria que cubre los mercados públicos, los servicios financieros, la seguridad y el transporte, la salud pública, la seguridad nuclear y la protección del consumidor y de los datos personales.
