La sentencia, consultada por Europa Press, condena al Instituto Nacional de la Seguridad a pagarle estos 461 euros con efectos desde junio de 2020, cuando el hombre pidió la prestación.
Según ha explicado el Col·lectiu Ronda en un comunicado, la diferencia en el importe inicial se debe a una "aplicación irregular" de la normativa porque la prestación para 2020 se calculó en base a los ingresos del hombre 2019, antes de que cerrara su empresa y fuera desahuciado.
El hombre, de 62 años, sí tuvo ingresos en 2019, pero no en 2020, por lo que finalmente se ha usado la norma excepcional para casos como este: en las peticiones de personas que no tienen ningún ingreso en el momento, la prestación del ingreso mínimo vital se calcula con la parte proporcional de los ingresos de ese mismo año.
"Mala praxis"
En un comunicado, la Comisión Promotora de la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC) ha afirmado que esta sentencia pone en evidencia la "mala praxis del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) en la implementación del IMV, con denegaciones injustas o abono de la prestación en cuantía inferior" a lo establecido.
La Comisión ha hecho un llamamiento a las personas y familias que perciben prestaciones inferiores a la cuantía del IMV a presentar las correspondientes demandas ante los Juzgados de lo Social, y a las entidades solidarias a "darles apoyo en las demandas".
También han exigido al Gobierno que supervise y corrija "las deficiencias" de la gestión del INSS en la prestación del IMV, abonando la diferencia a los perceptores que hayan sufrido una reducción; y han solicitado agilizar la tramitación de la ley del IMV incorporando sus enmiendas.
