Usura e intereses moratorios en época de crisis

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En estos tiempos de crisis económica que, lamentablemente, nos toca vivir, con cierta frecuencia, al abrir el periódico, vemos referencias a la palabra "usura": "los bancos actúan de forma usurera", "ésta es buena época para los buitres usureros", "alguien debería poner coto a los intereses usureros"... y así podríamos seguir con un sinfín de referencias más. Al margen de la utilización más o menos sensacionalista que los medios de comunicación puedan a veces hacer de dicho término, me van a permitir que aproveche que la misma está en boga para hacer un breve análisis sobre los criterios que nuestros tribunales toman en consideración para determinar si un préstamo (y en concreto los intereses en él pactados) es usurario o no; para terminar con una pequeña reflexión en torno a los intereses moratorios.

En primer lugar, conviene recordar que la usura, en nuestro sistema jurídico, se define en el artículo 1 de la Ley, de 23 de julio de 1908 -EDL 1908/41-, referente a los contratos de préstamo (la conocida como Ley Azcárate o Ley de Represión de la Usura). El citado precepto dispone que:

"Será nulo todo contrato de préstamo en que se estipule un interés notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las circunstancias del caso o en condiciones tales que resulte aquél leonino, habiendo motivos para estimar que ha sido aceptado por el prestatario a causa de su situación angustiosa, de su inexperiencia o de lo limitado de sus facultades mentales".

En el presente artículo, nos centraremos (como decíamos) en el concepto de "usura" y, en concreto, en el de los "intereses usurarios", no entrando en absoluto en el concepto "leoninos" por ser cuestión distinta que excede del objeto de la presente reflexión. Pues bien, como decíamos, a continuación resumimos los criterios fundamentales que tienen en cuenta nuestros tribunales (a la luz de la Jurisprudencia de nuestro Alto Tribunal) a la hora de determinar si un contrato puede declararse nulo por usura, conforme a la Ley Azcárate -EDL 1908/41-.

Retomando la definición del artículo 1 del referido texto, para poder declarar la nulidad de un contrato de préstamo por usurero, el interés pactado deberá ser notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado a las circunstancias del caso. ¿Qué debemos entender por tal? Veamos los elementos que convendría ir desgranando para determinar si estamos o no ante un interés usurario:

Quien invoque el carácter usurario de un préstamo por ser "notablemente superior a normal del dinero" deberá acreditar cuál era el interés normal del dinero en el momento en el que se suscribió el contrato. Es decir, deberá acreditar cuál era el interés normal del dinero en esa época para ese mismo tipo de contrato de financiación. Por tanto, no basta (como sucede en muchos casos) con que el prestatario alegue que el interés es abusivo (concepto al que nos referiremos más adelante y que se enmarca en la legislación protectora de los consumidores y usuarios) sino que deberá acreditar suficientemente cuál era el interés normal del dinero en el momento en el que se pactó.

Al hilo de lo anterior, no debe tenerse solamente en cuenta el valor absoluto del tanto por ciento del interés pactado, sino que deberá tomarse en consideración el tipo medio al que se estaba prestando el dinero, en el momento en el que se suscribió el préstamo, en situaciones de riesgo crediticio similares, así como el tipo de préstamo de que se trate. En otras palabras, deben tenerse en cuenta las circunstancias del caso. A nadie escapa que los tipos de interés no son los mismos para préstamos hipotecarios, que para préstamos personales; ni son iguales para clientes de reconocida solvencia, que para los que carecen de ella, etc. Todos estos elementos pueden ser objeto de valoración por parte del tribunal.

Dicha distinción fue ilustrativamente expuesta por la Audiencia Provincial de Málaga (Sentencia de la Audiencia Provincial de Málaga, sección 6ª, de 16 de enero de 2008 -EDJ 2008/126253-) al considerar que no aplicaba al caso objeto de enjuiciamiento una sentencia del Tribunal Supremo que declaró nulos unos intereses retributivos por excesivos y desproporcionados con las circunstancias del caso porque aquella se refería a un préstamo con garantía hipotecaria en el que el valor del inmueble hipotecado era superior al importe del préstamo y ésta a "una póliza de crédito, sin aval alguno y sin más garantía que la personal (...)".

En el mismo sentido se pronunció la Audiencia Provincial de Murcia (Sentencia de la Audiencia Provincial de Murcia, sección 5ª, de 18 de septiembre de 2012 -EDJ 2012/251594-) al decir que "la calificación de los intereses a efectos de la usura en sentido legal no puede hacerse por el tanto por ciento de devengo sobre el principal, sino que depende de las circunstancias en que se desenvuelva el mercado monetario y de las circunstancias objetivas del caso y subjetivas de las partes".

Otro criterio interesante al que atienden algunos tribunales (y que, sin embargo, a veces desatienden las defensas de los prestatarios) es al hecho de considerar que la comparación no debe realizarse ni con el interés legal del dinero (según la Ley de Presupuestos Generales del Estado) ni con el precio oficial del dinero establecido por el Banco Central Europeo. Nuestros tribunales interpretan que la mención que hace la Ley Azcárate -EDL 1908/41- al "normal del dinero", debe entenderse como al interés normal del dinero determinado por el mercado, en un marco de libertad de estipulación; el cual no tiene por qué coincidir con el interés legal del dinero que puede obedecer a motivaciones distintas de las del mercado.

Buen ejemplo de ello es la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 14ª, de 25 de septiembre de 2012 -EDJ 2012/253392-) en el caso de una póliza de préstamo en la que las partes acordaron un interés retributivo del 9% y un interés moratorio del 29% en la que se establece que "La cláusula que establece el interés moratorio es válida y legítima en virtud del principio de libertad contractual (artículo 1.255 del Código Civil -EDL 1889/1-). Si las partes prevén un tipo de interés superior al legal (...) éste no es necesariamente abusivo, ya que puede estar justificado por los riesgos especialmente elevados que para el acreedor, en razón de sus circunstancias, pueda suponer el retraso del deudor en el pago o por el deseo de atribuir a los intereses moratorios una cierta función disuasoria respecto al citado retraso (...)".

Finalmente, quisiéramos referirnos a un elemento importante, sobre el que nuestro Tribunal Supremo tiene una asentada Jurisprudencia (Sentencias del Tribunal Supremo de 2 de octubre de 2001 -EDJ 2001/30968- y 4 de junio de 2009), pero que sin embargo las partes del procedimiento en ocasiones vuelven a plantear: ¿Pueden calificarse como usurarios tanto los intereses retributivos de un préstamo como los intereses moratorios?

A la vista de la Jurisprudencia, la respuesta debe ser que no, y ello sobre la base de la distinta naturaleza de ambos tipos de intereses. En efecto, cabe considerar que, cuando hablamos de intereses, nos estamos refiriendo a los intereses retributivos, en el marco de una relación jurídica entre las partes bilateral, conmutativa y con equivalencia de prestaciones. Por el contrario, cuando nos referimos a los intereses moratorios, nos situamos en el marco de un incumplimiento previo por parte del deudor, que, con su incumplimiento, causa un daño al acreedor; o dicho de otra manera, no nos encontramos ante verdaderos intereses, sino más bien ante una penalización, que pretende asimismo estimular el cumplimiento por parte del deudor.

Por tanto, sobre la base de que no cabe considerar a los intereses moratorios como verdaderos intereses, la Jurisprudencia entiende que no cabe configurarlos como usurarios ni enmarcarlos en la Ley Azcárate -EDL 1908/41-.

Por tanto, a la vista de la Jurisprudencia, al plantear la nulidad de un contrato de préstamo sobre la base de que los intereses pactados en el mismo son usurarios, debe tenerse en cuenta que tal alegación deberá referirse únicamente a los intereses retributivos, no a los moratorios. Cuestión distinta es que dichos intereses moratorios puedan ser considerados abusivos a la luz de la legislación protectora de los consumidores y usuarios.

El análisis anterior nos lleva a hacer una pequeña reflexión sobre los intereses moratorios que se están aplicando actualmente y (aún sin entrar a considerar si los mismos son usurarios o no, dada la claridad de la Jurisprudencia en este punto) creemos que no puede obviarse la realidad social que puede derivarse de estos planteamientos; teniendo en cuenta, además, que, en muchas ocasiones, prestatario y prestamista no se hallan en una verdadera situación de igualdad negociadora. En efecto, en un contexto de grave crisis económica, en el que no se admite la dación en pago de un inmueble como forma de saldar la totalidad del préstamo hipotecario, se da la situación de que un prestatario que se vea en la imposibilidad de cumplir con sus obligaciones de pago, verá cómo se le aplican los intereses de demora, por ejemplo, al tipo del 29%, sobre la totalidad del remanente y, lo que es más grave, hasta que se resuelva el procedimiento judicial. Es decir, no sólo verá cómo se le aplica el referido tipo de interés, sino que se le aplicará durante un periodo que puede ser extremadamente largo, cuestión ésta que no depende en absoluto de su voluntad. En definitiva, puede verse abocado a la verdadera imposibilidad material de saldar por completo la deuda adquirida.

Por ello, creemos que no es descabellado, en una situación como la actual, plantear que (para determinados tipos de préstamos) se establezcan ciertos límites legales a los intereses moratorios, en aras precisamente a que no provoquen la imposibilidad de incumplimiento por parte de quien ya se ha visto incapaz de cumplir el contrato. Ello podría plantearse estableciendo la obligación legal de que los tipos de interés moratorio guarden una proporción lógica con los intereses retributivos no pudiendo fijarse a un tipo "x" veces al de los intereses retributivos o, incluso, que se limitara el periodo de tiempo durante el cual se calcularan los intereses moratorios, evitando que la parte incumplidora (generalmente más débil) asuma las consecuencias de, por ejemplo, las dilaciones de los procesos judiciales. Algunos ejemplos en esta línea pueden ser los recientes comentarios sobre la posible intención del Gobierno de limitar los intereses moratorios de los préstamos hipotecarios o el artículo 4 del Real Decreto Ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos -EDL 2012/24887-, el cual establece que en todos los contratos de crédito o préstamo garantizados con hipoteca inmobiliaria en los que el deudor se encuentre situado en el umbral de exclusión, el interés moratorio aplicable desde el momento en que el deudor acredite ante la entidad que se encuentra en dicha circunstancia, será, como máximo, el resultante de sumar a los intereses remuneratorios pactados en el préstamo un 2,5% sobre el capital pendiente del préstamo. Cierto es que este es un supuesto excepcionalísimo para casos muy concretos; pero –insistimos, en un contexto tan excepcional como el actual- entendemos que cabe plantearse el establecimiento de ciertos límites legales lo cual, en nuestra opinión, no supondría ni alterar la naturaleza de los intereses moratorios (que seguirán siendo una penalización al incumplimiento) ni alterarán el principio de la libertad de pacto del artículo 1255 del Código Civil -EDL 1889/1-, por cuanto las partes podrán seguir alcanzando libremente su acuerdo, dentro de dicho límite legal.

Este artículo ha sido publicado en el "Boletín Derecho Mercantil", el 1 de marzo de 2013.