Así, la nueva Ley de Consumo prohibirá la publicidad de los cigarrillos electrónicos susceptibles a la liberación de nicotina en aquellos soportes o franjas horarias que puedan ser visionadas por menores de 18 años, asimismo deberá incluir de un modo "claramente visible" que contiene nicotina y que es "altamente adictiva", según una enmienda transaccional que están trabajando PP, PSOE y CiU, según señalan fuentes parlamentarias a Europa Press.
Estas mismas fuentes han asegurado que finalmente se ha rechazado regular la presencia de otros productos, además de la nicotina, susceptibles de ser usados en este soporte y, por tanto incluidos en la reforma de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios.
Así, se modifica la actual Ley antitabaco para detallar los lugares donde se prohibirá el uso de estos dispositivos, así como su publicidad y definición de estos dispositivos. Tal y como acordaron el Ministerio de Sanidad y las comunidades el pasado mes de diciembre, los cigarrillos electrónicos no se podrán usar en determinados espacios públicos cerrados, como el transporte o los centros sanitarios o educativos, y tampoco en algunos espacios al aire libre de colegios, hospitales o centros de salud, como ya sucede con el tabaco.
Concretamente, quedará prohibido su uso en centros de las Administraciones Públicas y entidades de derecho público; también estará prohibido en los espacios al aire libre de centros, servicios y establecimientos sanitarios que estén comprendidos en sus recintos.
Y en el caso de los centros docentes o formativos, se prohibirá en los espacios al aire libre "salvo en los de centros universitarios y de los exclusivamente dedicados a la formación de adultos, siempre que no sean accesos inmediatos a los edificios y aceras circundantes".
También estarán prohibidos estos cigarrillos al aire libre en parques infantiles o zonas de juego para la infancia, siempre que estén acotados y contengan "equipamiento o acondicionamiento destinados específicamente para el juego y esparcimiento de menores".
En lo que respecta al transporte, propone prohibir su uso en cualquier tipo de vehículos de transporte público urbano e interurbano, así como en transporte marítimo, ferroviario o aéreo. En este último caso, no obstante, la prohibición sólo afectará a aviones de compañías españolas o vuelos compartidos con compañías extranjeras.
Adoptarán un código de autorregulación publicitaria
Por otra parte, se incluye una disposición adicional en la que se establece el régimen de publicidad aplicable a los dispositivos susceptible de liberación de nicotina, Así, establece que deberá hacerse exclusivamente en aquellos soportes y franjas horarias en los que no esté prohibida.
Así, se prohibirá su publicidad en la emisión de programas dirigidos a menores de 18 años y durante 15 minutos antes o después de la trasmisión de los mismos. Además en medios audiovisuales no se podrá ver su publicidad en la franja horaria comprendida entre las 16.000 y las 20.00 horas.
En ningún caso se atribuirá a los dispositivos susceptibles de liberación de nicotina una eficacia o indicaciones terapéuticas que no hayan sido específicamente reconocidas por un organismo público competente; y en su publicidad no podrán aparecer menores de 18 años.
'Spam' telefónico
La nueva Ley de Consumo prohibirá las llamadas telefónicas de 'spam' desde las 21.00 horas de la noche hasta las 9.00 horas de la mañana entre semana, así como los fines de semana y días festivos, una iniciativa que ha sido promovida por CiU, a la que se han adherido PP y PSOE, según confirmaron a Europa Press en fuentes parlamentarias.
También se ha acordado que las facturas electrónicas se emitan sólo en papel en el caso de que el consumidor dé su consentimiento. Mientras éste no se produzca han pactado que siempre se publiquen en papel y no suponga un coste adicional para el consumidor.
Por otro lado, también han acordado que en los contratos telefónicos indeterminados o que se prolonguen de manera automática se va a tener que informar al consumidor si existen compromisos de permanencia o las vinculaciones de uso exclusivo de los servicios de un determinado prestador, así como las penalizaciones en caso de baja.
Igualmente, se han incorporado al texto presentado por el Gobierno dos enmiendas de la Izquierda Plural que facilitan la accesibilidad a las personas con discapacidad a los contratos, de forma que se exige que éstas se emitan con letra más grande en caso de que el usuario así lo solicite.
¿Quién apoyará la Ley?
Hasta el momento ningún grupo parlamentario de la oposición ha mostrado su apoyo firme a la normativa. Desde el PSOE y la Izquierda Plural han manifestado que aún quedarían coletazos por resolver en esta normativa, mientras que CiU, PNV y ERC, por ejemplo, han manifestado su intención de no apoyar la ley si finalmente ésta no contempla sus reivindicaciones en el ámbito competencial y lingüístico.
Durante trámite parlamentario PSOE, CiU, Izquierda Plural, UPyD, PNV y el Grupo Mixto han denunciado el "abuso de la mayoría absoluta" del PP, su "desprecio al Parlamento" y el "incumplimiento de las normas reglamentarias y de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional" en la tramitación de este proyecto de ley, en el que a su juicio, el Grupo Popular ha intentado introducir enmiendas "que nada tienen que ver con la materia de la Ley".
En concreto, el PSOE solicitó la retirada de 16 de las 33 enmiendas que presentó el Grupo Popular a la ley por "no ser congruentes con el contenido" de la ley que se tramita en materia de Consumo.
Así, solicitaron un informe jurídico a uno de los letrados de la Cámara que apoyó esta tesis de los grupos de la oposición en 14 de las 16 enmiendas que se pidieron retirar, pero el PP optó por retirar siete, según confirmaron a Europa Press en fuentes parlamentarias, mientras que han decidido mantener el resto por tener conexión bien con la ley o bien con la comisión parlamentaria en la que se tramitan (Sanidad y Servicios Sociales).
Entre ellas se encuentra una enmienda del PP, ya incluida en la ley en fase de ponencia, por la que se procede al reconocimiento de los derechos adquiridos por los psicólogos que realicen actividades sanitarias en el Sistema Nacional de Salud (SNS) y puedan seguir ejerciendo a pesar de no ostentar el título universitario de Máster en Psicología General Sanitaria.
Además, en otra enmienda, incluida igualmente y que la oposición pedía retirar, el PP obliga a las eléctricas a ofrecer a los consumidores vulnerables una tarifa fija para un plazo de tiempo determinado. De hecho, el Gobierno está preparando una norma específica para que entre en vigor el 1 de abril.
