El presidente de la Federación de los Colegios de Abogados de Europa (FBE), Lutz Simon, se ha dirigido por carta al Rey de España, al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, y al presidente del Tribunal Constitucional, Pascual Sala, solicitando "la derogación de la Ley de Tasas o la reducción de las cuantías fijadas hasta unos límites razonables que no impidan u obstaculicen el acceso a la Justicia".
El representante de la Abogacía europea muestra su preocupación por la Ley 10/2012 de Tasas Judiciales porque los motivos alegados para su promulgación por el Ministerio de Justicia son inconsistentes. "Ni la intención disuasoria de una litigiosidad injustificada, ni la de financiar el servicio de la Asistencia Jurídica Gratuita bastan para ello", asegura Lutz Simon en las cartas. La FBE considera que la Justicia es un servicio de naturaleza exclusivamente pública y constituye un bien general, por lo que debe ser financiada fundamentalmente con impuestos directos.
Simon denuncia que "constituye una injusticia flagrante que los ciudadanos –cuyos derechos civiles, sociales o económicos son violados- tengan además sobre sus hombros la carga de pagar la Justicia Gratuita de otros ciudadanos mediante una tasa judicial adicional de cuantía elevada".
La Federación de Colegios de Abogados de Europa fue fundada en 1992 siendo la única organización europea integrada por Colegios de Abogados y Consejos Nacionales de la Abogacía, que representa a más de 800.000 abogados europeos. Tiene su sede en Estrasburgo y es órgano consultivo oficial del Consejo de Europa. El año pasado celebró su 20 aniversario en el Colegio de Abogados de Barcelona, presidiendo la solemne ceremonia el Rey Juan Carlos, en presencia del ministro de Justicia y del presidente del Tribunal Constitucional.
Más de 800.000 abogados europeos
La Abogacía Europea detecta los dos principales problemas que genera la Ley de Tasas Judiciales: sus cuantías económicas son desorbitadas siendo un obstáculo insalvable para el acceso a la Justicia de la mayoría de la población española y contiene normas que vulneran el principio de interdicción de la arbitrariedad de los Poderes Públicos establecido por el artículo 9.3 de la Constitución Española.
En la carta dirigida a Ruiz Gallardón, la FBE muestra su satisfacción porque se haya "modificado algunos de los preceptos de la Ley de Tasas, siguiendo los consejos de la defensora del Pueblo, pero estas modificaciones son insuficientes". Además, censura al Ministerio de Justicia por no haberse producido un proceso negociador sobre las materias reformadas con los el Consejo General de la Abogacía Española y los Colegios de Abogados españoles.
La FBE también muestra su preocupación por las reformas y proyectos legislativos en materia judicial que suponen un retroceso en la Administración de la Justicia como la reducción del número de jueces, la disminución de garantías tras la detención, el injustificado aumento de la mediación a través de las Cámaras de Comercio, el cobro de tasas administrativas por recibir documentación ya obrante en registros públicos (impropiamente llamada "privatización del Registro Civil"), entre otras propuestas normativas.
