La Oficina de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, incrementó sus actuaciones de oficio un 41% el año pasado, cuando inició 489 expedientes que en la mayoría de los casos versaban sobre inclusión educativa de alumnos con discapacidad, supervisión de acogida de inmigrantes, problemas sobre pobreza energética, cortes de suministro eléctrico y sistemas de facturación. En total, recibió 23.186 quejas ciudadanas, cifra en línea con la registrada el año anterior.
Así lo recoge el informe anual de la institución que Becerril ha presentado este miércoles al Congreso y al Senado y del que se desprende que las cuestiones que más preocuparon a los ciudadanos a lo largo de 2014 tuvieron que ver con asuntos sociales, como percepción de rentas mínimas o prestaciones de dependencia; problemas sobre impuestos estatales, autonómicos y locales; y retrasos en la administración de justicia.
Sobre las actuaciones de oficio, 146 iban dirigidas a la Administración General del Estado, 170 a la autonómica y otras 107 a las administraciones locales. El informe destaca una remitida al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para conocer "si está habiendo retrasos en la incorporación de nuevos medicamentos innovadores" para el tratamiento del cáncer, y otra dirigida a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa a fin de que las entidades financieras apliquen la sentencia del Supremo que anuló las cláusulas suelo.
En cuanto a las quejas, a las 23.186 de los ciudadanos que recibió la institución se suman 289 escritos de solicitudes de recurso de inconstitucionalidad. Del total, 1.820 procedían de parlamentos autonómicos y cuatro de defensores del pueblo regionales.
El informe detalla que parte de las comunicaciones iban suscritas por un grupo de ciudadanos, de forma que el total que acudió el año pasado al Defensor del Pueblo asciende a 69.916. Otros 20.088 fueron atendidos personalmente, 3.426 de forma presencial y 16.662 por teléfono.
Función pública, economía, educación
Por sectores, el número mayor de quejas 4.604, versaban sobre Función y empleo públicos, seguido por actividad económica (1.889), Urbanismo (1.600), Educación (1.403), política social (1.347), Administración de justicia (1.283), hacienda pública (1.261) y seguridad social (1.198). El 65,82 por ciento de los expedientes habían concluído al cierre del año.
Según el balance estadístico de la institución, su primera respuesta tardó de media en llegar al ciudadano 36,42 días, mientras que la resolución definitiva se demoró de media 57,36. La administración que más tardó en responder al requerimiento del Defensor del Pueblo fue la Fiscalía, con una media de 102 días, seguida de la Administración Local, que tarda unos 95 y la autonómica, en torno a 89 días. El Estado tardó de media 70 días en contestar.
Consecuencia de estas quejas, el Defensor del Pueblo formuló ante las distintas Administraciones 467 recomendaciones y 604 sugerencias de las que siete de cada diez fueron admitidas. En concreto, 217 recomendaciones se admitieron, 84 se rechazaron y 166 están pendientes de respuesta. De las sugerencias, la admisión fue de 234, frente a 103 rechazadas y 267 aún pendientes.
Administraciones "hostiles"
No obstante, no todas las administraciones responden con diligencia. El Informe, como cada año, recoge una lista de entidades "hostiles o entorpecedoras" de su labor, en la que figuran, de la Administración General del Estado, la Gerencia Territorial del Catastro en Segovia, y total de siete ayuntamientos (Santomera, Porto do Son, Llanes, La Unión, Camarma de Esteruelas, Buñol y Carabaña) y dos entidades locales (Junta Vecinal de Galarde y Entidad Local Menor de Ayega).
Respecto a los recursos de inconstitucionalidad, ciudadanos, partidos políticos o asociaciones instaron al Defensor del Pueblo a acudir al alto tribunal contra 23 normas, la mayoría leyes emanadas de las Cortes Generales y reales decretos-ley aprobados por el Gobierno, como la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE), la de Racionalización de la Administración Local o los Presupuestos Generales del Estado para 2014. También se le pidió el recurso contra normas autonómicas, como la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.
Finalmente, la Defensora presentó recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras a instancia de un parlamentario nacional, porque atribuye al ejecutivo municipal competencias que son del Pleno del Ayuntamiento, facultándole a adoptar medidas económicas aunque hayan sido rechazadas en votación.
El Defensor del Pueblo ha introducido un capítulo este año específico sobre transparencia en el que detalla tanto su presupuesto como el destino del mismo. En 2014 contó con 13,9 millones de euros, un 0,5% menos que el año anterior, de los que 11,5% se fueron a gastos de personal (449.000 euros en altos cargos y 8,4 millones en funcionarios) y 2,4 millones para gastos corrientes, con un descenso del 0,46% y el 0,65%, respectivamente, en comparación con 2013. Desde 2009 la partida ha caído un 12,63%.
