Rafael Catalá se ha mostrado partidario de establecer una regulación adecuada sobre tres ejes concretos, como son la calidad, difusión e incentivos que ofrece la mediación con el fin de vencer resistencias y dar a conocer esta solución extrajudicial fomentando así, entre la ciudadanía la cultura del acuerdo frente al conflicto, según ha informado el Ministerio de Justicia.
Catalá ha destacado que la mediación será uno de los ejes fundamentales que conformarán la Estrategia Nacional de Justicia. El Ejecutivo impulsará esta práctica a partir de acuerdos con los grupos parlamentarios y entidades que trabajan en este ámbito con el fin de mejorar el funcionamiento de la Administración de Justicia.
Asimismo, ha resaltado los pasos importantes que ya se han dado al respecto: de forma esencial, dotar a España de un marco regulatorio hasta ahora inexistente, que incluye la creación del Registro de Mediadores e Instituciones de Mediación en el que ya se encuentran dados de alta 145 colegios profesionales, 80 entidades aseguradoras y 247 centros de formación. El titular de Justicia ha reconocido igualmente la necesidad de mejorar el funcionamiento de este Registro como herramienta imprescindible para encontrar al profesional necesario.
En ese sentido y en cuanto a la calidad de la mediación, para Rafael Catalá es necesario centrarse en la mejora de la formación práctica y la experiencia de los profesionales de este ámbito. Con este fin, ha solicitado el apoyo de las asociaciones presentes para valorar la formación necesaria y plantear un modelo que se base en una serie de cursos previamente autorizados o convalidados por el Ministerio de Justicia.
En relación con la necesaria difusión de la mediación, Catalá ha manifestado su disposición a colaborar con las asociaciones que trabajan en este ámbito y a apoyar la línea abierta por el CGPJ en sus campañas informativas en edificios judiciales como modo de hacer ver al ciudadano que el litigio no es la única forma de resolver las controversias.
Asimismo, ha señalado que no debe dejarse de lado la necesidad de establecer una serie de incentivos claros que animen al ciudadano a recurrir a la mediación. Las posibilidades incluyen desde la realización de sesiones informativas, a la obligatoriedad de la mediación a instancias de un juez, sin olvidar la repercusión que pudiera tener en una condena en costas el rechazo a llevar a cabo una mediación. En este sentido, Catalá considera imprescindible articular medidas de modo que la negativa a asistir a una sesión informativa o a una mediación indicada por un juez tenga alguna consecuencia efectiva.
Con objeto de articular las actuaciones a adoptar en relación a la mediación y hacer seguimiento de las mismas, tanto en el ámbito intrajudicial como extrajudicial, el ministro se ha mostrado favorable a la petición de creación de un Consejo Asesor en el que estén representados todos los agentes sociales implicados en esta materia. Además, ha anunciado que trasladará al Congreso de los Diputados la propuesta de que se instituya el 21 de enero como Día de la Mediación también en el ámbito estatal para incidir así en el reconocimiento a esta figura.
A la reunión han asistido representantes de la Asociación Española de Mediación, la Federación Nacional de Asociaciones Profesionales de Mediación, la Unión de Asociaciones Familiares, la Asociación Madrileña de Mediadores, el Instituto Complutense de Mediación y Gestión de Conflictos y de la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Madrid. Asimismo, han acudido los presidentes de los consejos generales de abogados, procuradores, economistas y registradores de España, así como representantes del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualad, del Consejo General del Poder Judicial, y también de la Fundación Notarial SIGNUM, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, la Asociación Empresarial del Seguro, la Asociación Española de Banca, la Asociación Bancaria y la Asociación para la Autorregulación de la Comunicación Comercial.
