En este sentido, el decano de la Abogacía granadina, Leandro Cabrera, junto al resto de la Junta de Gobierno de la Corporación, solicitó al responsable gubernamental que medie con el Ministerio de Trabajo para la cesión al Gobierno autonómico del edificio del SEPE para la ampliación de los juzgados de la Caleta y la reunificación de las sedes judiciales de la ciudad.
La potenciación de la conciliación laboral de los letrados, la creación de nuevos juzgados de lo Social y de lo Mercantil, la regulación de la designación de abogados de Turno de Oficio en casos de responsabilidad penal de las personas jurídicas o la mejora de los medios telemáticos de la planta judicial fueron otros de los asuntos abordados durante esta reunión previa, en la que el ministro también firmó en Libro de Honor del Colegio y fue obsequiado con una medalla con el escudo institucional y el libro ‘500 años de abogacía en Granada’. “Agradecemos al ministro que nos haya dado la oportunidad de poder darle a conocer de primera mano las principales inquietudes de nuestro colectivo”, señaló el decano.
Tres pilares de la Justicia 2030
Ya durante el encuentro ‘Diálogos institucionales’ con el resto de representantes, moderado por el Cabrera, Campo hizo mención a la importancia del consenso con todos los operadores jurídicos y demás integrantes de la sociedad civil a la hora de afrontar los problemas y retos de la Administración de Justicia. “Tenemos la obligación de trabajar en un modelo de Justicia que nos dure tiempo”, insistió el ministro, acompañado también en la mesa por el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río.
Respecto a los planes de Justicia 2030, Campo se refirió a los tres pilares normativos que van a constituir la “placa base” del sistema de Justicia en los próximos años, puntualizando que “todas las decisiones en materia de Justicia que nacen en el seno del programa Justicia 2030 se han hecho con un alto respaldo”.
Se trata, por un lado, del apoyo a la Mediación, recogido en el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Procesal, que incluye los Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) como herramienta para reducir la litigiosidad en los tribunales. “Tenemos que apostar por elementos que lleven a la cohesión social a abogacía”, comentó el ministro.
Por otro, Campo habló del futuro Anteproyecto de Ley de Eficiencia Organizativa, aprobado la semana pasada en el Consejo de Ministros, que introduce un modelo que contribuirá a una gestión y organización más eficientes, y ayudará a reducir la brecha territorial, digital y ecológica, “acercando al ciudadano los servicios públicos”. En concreto, el Anteproyecto establece un periodo inhábil del 24 de diciembre al 1 de enero y permitirá desplegar los Tribunales de Instancia, la Oficina Judicial y las Oficinas de Justicia en los municipios en todo el estado.
Por último, el ministro también perfiló el Anteproyecto de Ley de Eficiencia Digital, con el que e pretende potenciar la transformación tecnológica del contexto actual, facilitando la celebración de juicios telemáticos.
En su exposición, el ministro también aludió a importantes desarrollos normativos que afectan a los abogados, como el nuevo Estatuto de la Abogacía, que entrará en vigor el 1 de julio, el cual regula la igualdad efectiva de mujeres y hombres en la provisión de los órganos colegiales, la relación con el cliente, los ámbitos deontológicos y disciplinario y promueve la conciliación de la vida familiar y profesional, o el nuevo reglamento de Asistencia Jurídica Gratuita, con una subvención de más de 43 millones de euros concedida por el Ministerio de Justicia en materia de prestación de asistencia jurídica gratuita para el ejercicio 2021 en territorio Ministerio.
El encuentro ha terminado con un turno de intervenciones de los asistentes, entre los que se encontraban autoridades del sector jurídico, como la fiscal superior de Andalucía, Ana Tárrago; el presidente de la Audiencia Provincial de Granada, José Luis López Fuentes; el juez decano, Jesús Rodríguez Alcázar; la secretaria coordinadora provincial de los Letrados de la Administración de Justicia, Carlota Gómez Blanco; el decano del Colegio de Procuradores de Granada, Juan Luis García-Valdecasas; o el presidente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación de Granada, Rafael López Cantal; así como responsables políticos de la provincia, como el delegado de Justicia en Granada, Enrique Barchino; la subdelegada del Gobierno en Granada, Mª Inmaculada López Calahorro; o el presidente de la Diputación Provincial de Granada, José Entrena Ávila, junto a otros representantes de diferentes colectivos profesionales, sindicales y educativos.
