La propuesta subraya la importancia de la defensa de personas jurídicas en causas penales y la extensión del secreto profesional a todas las formas de ejercicio profesional, incluida la abogacía de empresa, la regulación del amparo colegial, la definición de criterios claros para la retribución de la defensa de personas jurídicas y la transparencia en la determinación de los honorarios legales.
Extensión del secreto profesional a la abogacía de empresa y amparo colegial
En un esfuerzo por modernizar y adaptar la legislación a la realidad práctica de la profesión, el ICAM aboga por una reforma significativa que reconozca explícitamente el secreto profesional de los abogados de empresa. Esta medida pretende proteger las comunicaciones entre estos profesionales y sus empleadores con el mismo nivel de confidencialidad que se aplica en la relación abogado-cliente tradicional. Este cambio legislativo busca reflejar la naturaleza cambiante del ejercicio de la abogacía y la importancia de garantizar la confidencialidad en todos los ámbitos de la práctica legal.
Otro punto destacado en la propuesta del ICAM es la regulación del amparo colegial. Esta iniciativa busca otorgar un marco legal sólido a un mecanismo de protección para los abogados frente a interferencias o abusos que puedan sufrir en el ejercicio de su profesión. “La regulación del amparo colegial serviría como un importante refuerzo normativo, asegurando que los abogados puedan desempeñar sus funciones con la independencia y la seguridad necesarias para la correcta administración de justicia”, explica Eugenio Ribón.
La propuesta del ICAM también enfatiza la necesidad de establecer criterios claros y justos sobre honorarios profesionales. Esta medida pretende introducir una mayor transparencia y equidad en la determinación de los honorarios legales, garantizando que tanto los abogados como los clientes (incluidas las personas jurídicas) tengan claridad sobre los costos asociados a la defensa legal. El ICAM propone que se fijen criterios orientativos específicos para la tasación de costas, evitando así políticas de precios que puedan perjudicar el libre ejercicio de la abogacía y el acceso a la justicia.
El escrito del ICAM también aborda la importancia de incluir las investigaciones del Ministerio Fiscal dentro del ámbito de la ley, establecer un estándar uniforme de procedimientos judiciales, garantizar una defensa efectiva en todas las etapas del proceso, integrar las exigencias deontológicas en el ejercicio profesional y facilitar el acceso a la justicia con todas las garantías.
Los aspectos destacados por el ICAM incluyen, además, la necesidad de uniformidad en la aplicación del derecho de defensa, la definición de reglas para una defensa efectiva, la integración de las exigencias deontológicas, el derecho a una información completa sobre el procedimiento judicial, el acceso a la asistencia jurídica gratuita, y la protección contra el intrusismo profesional.
“Estas propuestas representan un paso adelante en la modernización de la legislación española en materia de derecho de defensa, reflejando el compromiso del ICAM con el fortalecimiento de los principios de justicia, igualdad ante la ley, y adaptación a las necesidades actuales de la sociedad. El derecho de defensa es un pilar fundamental del Estado de Derecho en España y su adecuada regulación es esencial para el cumplimiento de los principios procesales consagrados por la Constitución Española” apunta Eugenio Ribón.
Reforma de la ley de asistencia jurídica gratuita
Por otro lado, el ICAM considera que este proyecto de ley debe servir también para mejorar el acceso a la justicia y reconocer adecuadamente el trabajo de los abogados del turno de oficio. Por ello ha reclamado una reforma integral a la Ley 1/1996, que regula la asistencia jurídica gratuita. Estas propuestas buscan “adaptar la ley a las realidades socioeconómicas actuales y asegurar la protección de los derechos de todos los ciudadanos, destacando la importancia de una justicia accesible como un derecho constitucional”, según se hace constar en el escrito presentado.
Entre los puntos clave de las propuestas del ICAM se encuentra la necesidad de modificar integralmente la ley para reflejar los cambios sociales y garantizar un verdadero acceso a la justicia. Se enfatiza la importancia de garantizar una compensación adecuada a los profesionales del turno de oficio, incluso en aquellos casos en que la solicitud de justicia gratuita sea denegada o archivada, reconociendo así el valor del trabajo realizado por estos profesionales.
El ICAM también propone extender el beneficio de la justicia gratuita a las personas jurídicas en procedimientos penales, particularmente en situaciones de macroprocesos, donde actualmente no se garantiza el pago por sus defensas. Además, se solicita la inclusión de actuaciones específicas no contempladas explícitamente en la ley actual y la actualización periódica de los baremos para asegurar una retribución digna a los abogados.
Otra propuesta significativa es modificar la ley para eliminar la obligatoriedad de prestar el servicio de asistencia jurídica gratuita, promoviendo un modelo basado en la voluntariedad y evitando situaciones que puedan considerarse como una forma de esclavitud moderna. Asimismo, el ICAM recomienda una revisión de los límites económicos para el acceso a la justicia gratuita, adaptándolos a la realidad económica actual y ampliando así el derecho a las personas con menos recursos.
Finalmente, el ICAM sugiere la creación de un Estatuto de la Abogacía de Oficio que defina claramente tanto las obligaciones como los derechos de los abogados de oficio, proporcionando un marco legal que respete y dignifique su labor esencial en la sociedad. Estas reformas representarían un avance significativo hacia una justicia más equitativa y accesible para todos los ciudadanos en España.
Consenso y pacto de Estado por la Justicia
El ICAM, que viene reclamando un Pacto de Estado por la Justicia, insta a todos los grupos parlamentarios “a trabajar conjuntamente en la elaboración de una ley que no solo responda a las demandas contemporáneas de la profesión legal sino que también asegure la protección y promoción de los derechos fundamentales en España”
En un contexto de polarización y fragmentación política, el Colegio madrileño ve esta iniciativa legislativa como una oportunidad para alcanzar consensos que beneficien el interés general, promoviendo un compromiso común con el progreso social y económico de España. Por todo ello, la institución exhorta a todos los grupos parlamentarios a abordar la tramitación de esta ley desde una perspectiva constructiva, centrada en mejorar el derecho procesal del país.
