Para Eugenio Ribón “cuestiones como la protección del secreto profesional del abogado y su extensión a todas las formas de ejercicio profesional o asegurar el derecho de la ciudadanía a recibir una información completa sobre el desarrollo procedimental y las consecuencias y costos de su defensa, son propuestas que el ICAM ha venido liderando y celebramos que estén recogidas en esta norma”.
En concreto, el ICAM propuso que se regulara que “las comunicaciones mantenidas exclusivamente entre los defensores de las partes con ocasión de un litigio o procedimiento, cualquiera que sea el momento en el que tengan lugar o su finalidad, son confidenciales y no podrán hacerse valer en juicio, ni tendrán valor probatorio, excepto en los casos en los que se hayan obtenido de acuerdo con lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal u otras leyes de aplicación o en que su aportación o revelación haya sido autorizada conforme a la regulación profesional vigente”.
E igualmente que “no se admitirán los documentos, cualquiera que sea su soporte, que contravengan la anterior prohibición, salvo que expresamente sea aceptada su aportación por los profesionales de la abogacía concernidos o las referidas comunicaciones se hayan realizado con la advertencia expresa y explícita de poder ser utilizadas en juicio”.
Respecto a la información sobre las costas de los procedimientos, el ICAM puso en marcha hace un año una campaña para promover cambios legislativos en este sentido.
Ambas previsiones están recogidas en el anteproyecto que este martes ha sido aprobado por el Consejo de ministros.
Por otro lado, el ICAM también considera relevante que esta futura ley reguladora del derecho de defensa aborde aspectos como el establecimiento de un estándar uniforme en todos los juzgados y tribunales para evitar diferencias en la aplicación de los principios fundamentales del derecho de defensa; garantizar una defensa efectiva en todas las etapas del proceso legal, incluyendo el uso de medios electrónicos para asegurar una igualdad de armas real en los procesos; integrar el cumplimiento de las exigencias deontológicas como parte integral del ejercicio de la defensa letrada, ya que son un requisito para garantizar una igualdad de armas real en los procesos legales; o el reconocimiento al derecho a la asistencia jurídica gratuita para personas vulnerables o en situación de necesidad.
Para el decano de la abogacía de Madrid “la aprobación de esta ley debe representar un avance importante en la mejora de nuestro sistema legal. El ICAM participará activamente en el proceso de tramitación parlamentaria con el objetivo de lograr una norma que beneficie a toda la sociedad y fortalezca nuestro sistema de justicia”.
